Pacificación incipiente (en algunos estados del país)
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Pacificación incipiente (en algunos estados del país)

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Pacificación incipiente (en algunos estados del país)

10/02/2020

En agosto del año pasado me preguntaba en este espacio si habíamos tocado fondo con la violencia. En ese entonces consideraba, con cierta cautela, que así había sido. Hoy seguimos más o menos igual. El nivel de la violencia, medida por el total nacional de homicidios dolosos o ejecuciones, ya no se eleva de forma implacable, como fue el caso entre 2014 y 2018. Sin embargo, tampoco disminuye a nivel nacional. Lo anterior no quiere decir que no haya cambios. El panorama de seguridad y violencia evoluciona constantemente, pero a escala local. Cada entidad federativa es una historia distinta.

Hay estados, como Guanajuato, donde el desastre ha sido imparable hasta ahora. Sin embargo, si observamos las ejecuciones (es decir, aquellos homicidios que podemos atribuir al crimen organizado), y comparamos 2018 y 2019, hubo un cambio de tendencia en 15 de las 32 entidades federativas. El cambio fue para peor en cinco estados, incluyendo Chihuahua y Michoacán, que traían tendencias de disminución de la violencia en 2018 y que, el año pasado, tuvieron tendencias de aumento. En varios de esos estados, la violencia ha sido resultado de las incursiones de comandos armados del CJNG, como los que se han visto una y otra vez circular por las carreteras y las ciudades michoacanas, sin que se haga mayor cosa al respecto. Por otra parte, hubo 10 entidades federativas donde la inflexión fue para bien: la violencia iba en aumento en 2018, y en 2019 tuvo una tendencia de descenso. Hay tres casos especialmente alentadores, que describo a continuación.

Ciudad de México. En el segundo semestre de 2019, la capital del país contabilizó 675 homicidios dolosos (una reducción del 23 por ciento respecto al primer semestre). Los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum fueron difíciles en materia de seguridad, al grado que hubo un relevo temprano en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la salida de Jesús Orta y la llegada de Omar García Harfuch. Sin embargo, en los meses más recientes se ha seguido una estrategia adecuada para golpear a las células de extorsionadores y narcomenudistas que generan más violencia; tanto a la infame Unión Tepito, como a pequeños grupos que operan en las colonias conflictivas de la capital. Este año el gobierno capitalino le apostará fuerte a redoblar la vigilancia, con el reclutamiento de cinco mil policías adicionales, lo que me hace pensar que se logrará una mayor reducción de la violencia.

Puebla. El año pasado los homicidios dolosos disminuyeron 10 por ciento entre el primer y el segundo semestre. El cuarto trimestre de 2019 fue el menos violento desde 2017. Cabe señalar que la violencia criminal en Puebla es peculiar. Hay una presencia poco visible de grandes “brazos armados”. En Puebla predominan pequeñas organizaciones locales y hay una participación amplia de comunidades en negocios criminales (en particular el huachicoleo y el saqueo al transporte de mercancía). Es posible que, en virtud de esta peculiaridad, la política de la cuarta transformación de evitar la confrontación con grupos con alto poder de fuego –y priorizar la atención directa a las comunidades– esté dando buenos resultados en Puebla.

Jalisco. Del primer al segundo semestre de 2019 se registró una disminución del nueve por ciento en los homicidios dolosos. En el mismo periodo las ejecuciones bajaron casi 40 por ciento en el municipio de Guadalajara. El caso de Jalisco es relevante por varias razones. Se trata de un estado que ha hecho frente por años a una situación crítica de violencia. A diferencia de Puebla o de la CDMX, el gobierno de ese estado debe lidiar constantemente con los comandos armados del CJNG, el grupo criminal más poderoso del país. La organización de El Mencho no ha dejado de perpetrar ataques, contra sus rivales y contra elementos de la Fiscalía General de Jalisco. Sin embargo, en los últimos meses ha reducido un poco la intensidad de la violencia, sobre todo en la capital del estado.

A pesar de las diferencias, hay algunos patrones importantes en CDMX, Puebla y Jalisco. Uno es que observamos que la violencia aumenta durante las transiciones y en los primeros meses de los gobiernos entrantes, pero luego tiende a disminuir. Otro patrón importante es que la Guardia Nacional no parece estar desempeñando un papel importante en la incipiente pacificación que se observa en estas tres entidades federativas. Ni la capital del país ni Puebla ni Jalisco tienen, en relación con su población, un despliegue importante de guardias. De hecho, en 2019, las tres entidades estuvieron por debajo de la media nacional de elementos de la Guardia desplegados per cápita (en contraste, Michoacán es uno de los estados que ha tenido una mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional). Al parecer, como ocurría antes con las Fuerzas Armadas y con la Policía Federal, la Guardia Nacional es como un departamento de bomberos. Su trabajo es apagar incendios, no construir la paz. Esa labor, a pesar del afán de AMLO de centralizar la seguridad, sigue siendo responsabilidad de las autoridades locales.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.