La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, y con él un discurso más humano hacia los migrantes, inevitablemente generó un incremento en el número de centroamericanos que se internan en México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. En febrero pasado, el número de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza fue de 100 mil 400, la cifra más alta desde junio de 2019. Al parecer, este aumento ha sido sobre todo de familias y menores no acompañados, lo que ya prendió las alarmas en el equipo de Biden. En este contexto, la semana pasada México anunció el cierre de la frontera sur, junto con un nuevo despliegue de la Guardia Nacional. Este anuncio se dio de forma casi simultánea a la decisión de Estados Unidos de permitir la exportación a México de vacunas contra el Covid (por lo pronto, 2.7 millones de dosis de AstraZeneca).
Es inevitable sospechar que el gobierno de López Obrador accedió una vez más a que los migrantes centroamericanos fungieran como moneda de cambio en las negociaciones con Washington. Dando y dando, como se dice coloquialmente. Sin embargo, más allá de la motivación inmediata, lo que las acciones recientes en la frontera sur revelan es una profunda deficiencia del Estado mexicano.
La difícil condición de México como un país de tránsito de migrantes no es nueva ni va a cambiar. Se trata de un fenómeno que lleva años y que se mantendrá todavía por mucho tiempo. De cuando en cuando se presentan tragedias, como las ocurridas en San Fernando en 2010 o en Camargo hace algunas semanas, que hacen que la opinión pública ponga la mirada en los migrantes. Desafortunadamente, más allá del ruido en los medios, durante la década que hemos pasado de crisis en crisis migratoria, México no se ha dado a la tarea de construir las capacidades que serían necesarias para hacer frente de forma eficaz al desafío que supone el tránsito masivo de migrantes.
En este contexto, resulta curioso que –en contraste a lo ocurrido con la Policía Federal– el gobierno de López Obrador no haya planteado una transformación a fondo del Instituto Nacional de Migración (INM), ni ninguna política de amplio alcance para atender de mejor forma el desafío que supone la contención de los flujos migratorios y el combate al tráfico de personas.
El hacinamiento y los abusos en las estaciones migratorias han continuado a la orden del día. Tampoco queda claro que se esté avanzando en la lucha contra la arraigada corrupción del personal del INM. A pesar de que en 2019 fueron despedidos 500 agentes, y el año pasado otro mil, han seguido los señalamientos por abusos, en particular contra los migrantes más vulnerables.
Hasta ahora, el principal cambio en la política migratoria ha sido precisamente la decisión de ceder ante la presión norteamericana, y mandar de vez en vez a elementos de la Guardia Nacional a patrullar la frontera sur. Esta medida puede dar resultados en lo inmediato pero, si se mantiene, sólo servirá para propiciar que la migración se desvíe a rutas y modalidades de mayor riesgo. De hecho, con cada despliegue de la Guardia Nacional, los polleros encuentran una oportunidad para subir sus tarifas y hacer su negocio todavía más boyante.
La tóxica combinación de un repunte en los flujos migratorios, la militarización de la frontera sur, y un aparato débil y corrupto para atender a los migrantes no nos augura nada bueno. A menos que el gobierno le invierta al tema una generosa cantidad de recursos, talento e imaginación, el tráfico de personas se convertirá en un dolor de cabeza todavía mayor, que dejará un terrible costo humano y una estela de violencia e inseguridad por las carreteras y los puntos de trasbordo de migrantes de todo el país.
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En otros temas, el ataque registrado el pasado jueves en Llano Grande, en el municipio de Coatepec Harinas, Estado de México, es francamente preocupante. En un solo evento fueron ultimados ocho elementos de la Policía Estatal y cinco de la Fiscalía de dicha entidad federativa (para poner las cosas en perspectiva, en los tres años previos al ataque habían sido asesinados en total 33 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México).
El asesinato de un número tan alto de elementos, en una entidad federativa y un municipio donde este tipo de hechos no es frecuente, ya es por sí solo motivo de alarma. Sin embargo, también preocupa mucho lo que se sabe de los hechos. Los criminales se dieron el lujo de preparar el terreno. Así de precisa es la información que tienen sobre los movimientos de las autoridades. Según lo que se ha filtrado de la investigación que conduce el MP, antes de la emboscada mandaron a personas armadas a la comunidad, a avisarle a la gente que no saliera de sus casas porque "iba a haber algo". Así de cómodos se sienten en un pueblito ubicado a pocos minutos del célebre balneario de Ixtapan de la Sal.