Nuestra historia feminicida
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Nuestra historia feminicida

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Nuestra historia feminicida

09/03/2020

Hace un cuarto de siglo, cuando México parecía todavía un país relativamente tranquilo, teníamos ya un trágico problema de asesinatos de mujeres. Por aquel entonces el término feminicidio todavía no era de uso común (el delito apenas se incorporó al Código Penal Federal en junio de 2012). Sin embargo, lo que se vivió en Ciudad Juárez durante los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox fue, sin lugar a dudas, una crisis de feminicidios.

Los primeros casos se registraron en 1993. Sin embargo, lo peor de la violencia feminicida en Juárez empezó un par de años después. En 1994 se registraron 40 asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua. Para 1995 se contabilizaron 76. Es decir, el número de mujeres asesinadas en el estado prácticamente se duplicó en un año. Aun así, el entonces gobernador Francisco Barrio intentó minimizar la crisis y llegó a afirmar que los asesinatos de mujeres que se registraban constituían “una cifra normal”. Negar la violencia feminicida es un reflejo arraigado entre los gobernantes.

Las víctimas de Juárez eran sobre todo jóvenes; muchas eran niñas. Los cuerpos frecuentemente revelaban que habían sido violadas y estranguladas. Se trataba sobre todo de mujeres de clase trabajadora, que habían dejado los estudios para conseguir trabajo en la maquila (una estrategia despiadada de los asesinos, para evitar enfrentarse a familias con recursos para mover al aparato de justicia).

Desde esta oleada de feminicidios ha pasado ya un cuarto de siglo. Las muertas de Juárez, como se les conoció popularmente, han sido un tema recurrente en la literatura. Son, por ejemplo, el macabro fondo de 2666, la obra cúspide de Roberto Bolaño, así como de un buen número de trabajos periodísticos; algunos serios, otros francamente amarillistas. Sin embargo, fuera del ámbito de la ficción, del periodismo y de la especulación –en el terreno de la investigación criminal y de la evidencia– los feminicidios de Ciudad Juárez siguen siendo un misterio.

En aquel entonces se creó una “Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez”. Una solución de altos vuelos para un problema de violencia que se vivía a nivel de calle, y que exigía cambios en la forma de trabajar de la policía y del ministerio público. Fueron cientos de mujeres asesinadas y apenas un puñado de detenidos, todos envueltos en un halo de irregularidades. Las autoridades se empeñaron en atrapar y exhibir a un gran monstruo multihomicida, cuando probablemente hubo un gran número de asesinos con perfiles menos noticiosos. Luego, la vorágine de la violencia arrasó con Ciudad Juárez completa. Luego con medio país. Como sociedad, nos acostumbramos a vivir sin respuesta ante los atroces asesinatos de niñas y mujeres.

Un cuarto de siglo después, los feminicidios están de vuelta en la agenda pública. Me pregunto si, como ocurrió con los feminicidios de Juárez, casos como el de Ingrid Escamilla o Fátima Aldrighett son el preludio de futuras tragedias, o el primer síntoma de una nueva furia criminal, todavía más salvaje, lista para desatarse. Me pregunto también si ahora sí hay voluntad de las autoridades, sobre todo de los gobernadores y de los fiscales en los estados, para hacer algo distinto frente a la crisis de violencia feminicida.

Desafortunadamente, muy pocos se toman en serio la tarea de investigar los feminicidios. En muchos casos, las fiscalías ni siquiera parecen tener la capacidad para identificar las circunstancias que, de acuerdo con el código penal, constituyen un feminicidio. Simplemente tipifican los casos como si fueran homicidios, sin molestarse en investigar. Por ejemplo, el INEGI registró que en 2018 hubo 362 asesinatos de mujeres en Guanajuato. Sin embargo, ese mismo año, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato sólo identificó 21 feminicidios. Es decir, la Fiscalía estatal consideró que sólo el 6 por ciento de los asesinatos de mujeres registrados en Guanajuato, en 2018, fueron por razones de género. El porcentaje es completamente inverosímil (en todo el país, alrededor del 25 por ciento de los asesinatos de mujeres se clasifican como feminicidios, aunque ese porcentaje ya trae una subestimación importante). Para empeorar las cosas, la Fiscalía de Guanajuato concluyó que en 2019 hubo incluso menos feminicidios (sólo reporta 18, para todo el año). Michoacán es otro estado donde también parece haber un subregistro importante de feminicidios.

En México no hay paz por la sencilla razón de que no hay justicia. Violar o asesinar son actividades de bajísimo riesgo para los perpetradores. Para todos los gobiernos, incluso para los mejor intencionados, reformar las fiscalías resulta una tarea demasiado abrumadora, demasiado cara y demasiado ingrata. Basta darse una vuelta a cualquier agencia del ministerio público para perder las esperanzas. Sin embargo, habría que empezar por algún lugar y la investigación eficaz de los feminicidios podría ser ese primer paso. Se trata de crímenes que generan rabia y que han detonado, por medio del movimiento feminista, algunas de las movilizaciones sociales más poderosas de los últimos tiempos. Ojalá la jornada de hoy sea histórica. Ojalá alguna autoridad tenga la sensibilidad para escuchar y la visión para hacer frente al desafío.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.