El Estado mexicano no siempre es esa criatura lenta y burocrática que imaginamos. En días recientes hemos visto una maquinaria dinámica, ágil, capaz de lograr resultados en el corto plazo. Me refiero a los "rescates de migrantes" –con ese eufemismo llaman algunos medios a la cacería– que se han multiplicado desde que se firmó un acuerdo para que Estados Unidos no impusiera aranceles a las exportaciones mexicanas.
Todas las agencias federales de seguridad y los tres órdenes de gobierno han puesto de su parte para frenar la migración. A pesar del maltrato y del desdén del que han sido objeto por parte de algunos altos funcionarios, elementos adscritos a la Policía Federal realizaron varios de los operativos más importantes en Campeche, Puebla, Querétaro y otros estados. En Tuxpan y en el Puerto de Veracruz, la Policía Naval realizó redadas en hoteles. En Chiapas, elementos estatales y municipales interceptaron camiones. Como resultado de este esfuerzo coordinado, el total de migrantes detenidos muy probablemente alcanzó un máximo histórico, en junio. El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que, al 24 de junio, habían sido detenidas 23 mil 917 personas que se encontraban en el país de forma irregular.
Incluso la iniciativa privada ha colaborado en la cruzada contra la migración. Ciertas empresas de autobuses, cuando identifican pasajeros centroamericanos, los reportan inmediatamente al INM. Haciendo un paréntesis, cabe señalar que los choferes de algunos de los autobuses interceptados con migrantes han sido puestos a disposición del MP. Es decir, se les está criminalizando, aunque no queda claro cuál fue el delito que cometieron.
Volcar el aparato del Estado a esta cacería de migrantes no ha sido, hasta ahora, una tarea políticamente costosa. Por el contrario, todo mundo parece dispuesto a colaborar. Hay una razón importante: hasta ahora, el flujo masivo de migrantes centroamericanos no era un gran negocio para grupos influyentes. Al menos así lo sugiere un estudio que Rand Corporation elaboró por encargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El estudio, publicado en abril pasado, lleva por título Human Smuggling and Associated Revenues, y examina la estructura de las organizaciones que operan el flujo de migrantes por territorio mexicano, así como las ganancias que obtienen.
La principal conclusión del estudio de Rand es que el tránsito de centroamericanos por territorio nacional es una actividad dominada por prestadores de servicios independientes y pequeñas células de traficantes (es decir, gente que no tiene contactos de alto nivel ni recursos para conseguirlos). Ocasionalmente, los grandes cárteles cobran una cuota a los grupos de migrantes que pasan por 'su' territorio, sobre todo en la frontera norte. Sin embargo, Rand estima que, en todo 2017, el monto total de estos cobros no superó los 180 millones de dólares y que probablemente fue mucho menor. En todo caso, la cifra es marginal en comparación con los grandes negocios del crimen organizado.
Por otra parte, más allá de este derecho de piso, los migrantes podían arreglárselas para cruzar el país sin recurrir a los servicios de organizaciones criminales de gran envergadura. Típicamente podían viajar de forma independiente en algunos tramos, incluso en grupos grandes y visibles, conocidos como caravanas. Hasta hace algunas semanas, las caravanas de migrantes que llegaban a Tapachula podían tomar autobuses que los transportaban de forma relativamente rápida a distintas ciudades del país. En los tramos en los que esto no era posible, los migrantes solían contratar pequeñas organizaciones de coyotes.
El giro en la política de las autoridades mexicanas hacia los migrantes cambiará de forma drástica el panorama descrito en el estudio de Rand. En lugar de desplazarse en caravanas y tomar autobuses, los migrantes tendrán que viajar ocultos en pequeños grupos, con el apoyo de traficantes mejor organizados. En Chiapas tomó apenas unos días la sustitución de las rutas que salían de la central de autobuses de Tapachula, por trayectos operados por coyotes. Las nuevas rutas atraviesan caminos serranos –algunos de ellos controlados por organizaciones campesinas e indígenas que no permiten el ingreso del Ejército.
Por supuesto, el riesgo para los migrantes al viajar desapercibidos es exponencialmente mayor que el riesgo de viajar en caravana. Casos como el de María Senaida, la joven salvadoreña que murió cuando elementos de la Policía Federal abrieron fuego contra el vehículo en el cual viajaba, podrían volverse mucho más frecuentes. Las rentas asociadas al tráfico de personas también aumentarán. De acuerdo con el estudio de Rand, los migrantes que viajan de forma independiente sólo gastan algunos cientos de dólares. Sin embargo, pueden llegar a pagar 10 mil dólares, o más, cuando contratan a un coyote que se encargue de trasladarlos desde su país de origen hasta la frontera norte burlando a las autoridades (el padre de María Senaida pagó 11 mil dólares a los coyotes que condujeron a su hija a la muerte).
Se estima que cada año unos 200 o 300 mil migrantes centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos vía México. Por supuesto, la tirada del gobierno es reducir significativamente este flujo. Sin embargo, incluso si el número de migrantes se redujera a la mitad, estaríamos hablando de una renta potencial de más de mil millones de dólares. No nos debería extrañar que las grandes organizaciones criminales muy pronto se interesen por entrarle de lleno a un negocio así de grande.