Eduardo Guerrero Gutierrez

¿Más militarización y menos represión?

En gran medida, esta militarización de la seguridad no la decide el gobierno: la imponen los delincuentes.

Hablar mal de la militarización de la seguridad pública es taquillero. Por eso los políticos, cuando son candidatos (y sobre todo si se identifican con la izquierda), tienden a condenar que los soldados patrullen las calles. Por eso tampoco dudan en posar con una pancarta que diga "no a la militarización". Repetir una y otra vez la palabra 'civil' (como si lo civil fuera inherentemente puro o bueno) es la única forma de quedar bien con la opinión pública y de no ganarse en automático el repudio del círculo rojo. Pasa lo mismo que con los impuestos. Nadie promete en campaña un aumento del IVA. Las cosas cambian al día después de la elección.

Se puede acusar a AMLO de incongruente (no por el decreto de la semana pasada, que es una mera formalidad, sino por su determinación a descansar su estrategia de seguridad en las Fuerzas Armadas). No creo que ese señalamiento le quite el sueño. Para él es preferible quedar mal con el círculo rojo y ofrecerle al Ejército lo que siempre ha pedido: un fundamento legal que reconozca la realidad de que la seguridad del país va a requerir la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas.

En gran medida, esta militarización de la seguridad no la decide el gobierno: la imponen los delincuentes. No es factible –ni deseable– que termine mientras tengamos comandos armados de criminales paseándose por medio país. En esta situación, la alternativa al Ejército es formar unidades de operaciones especiales, como las tenía la Policía Federal y las siguen teniendo varios estados. Estas unidades, aunque estén adscritas a una policía bajo mando civil, operan con armamento y siguen tácticas de corte militar. En todo caso, simplemente no son suficientes para enfrentar al desafío criminal.

Históricamente, la razón de fondo para oponerse a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha sido la preocupación por las violaciones graves a los derechos humanos que esto podría generar. Se trata de una preocupación comprensible, en virtud de la poca transparencia que ha caracterizado al sistema de justicia militar y la resistencia de los mandos militares a reconocer y castigar las violaciones graves cometidas por soldados. En la columna 'Tlahuelilpan, el Ejército y la Guardia Nacional', que publiqué en este espacio en enero de 2019, explicaba por qué, en mi opinión, no había evidencia suficiente para afirmar que las Fuerzas Armadas fueran necesariamente más letales o más propensas a violar derechos humanos que la policía.

Ha pasado más de un año. El aumento de las violaciones graves a los derechos humanos que muchos esperaban vendría con la creación de la Guardia Nacional no ocurrió. De acuerdo con el seguimiento de violencia que realizamos desde hace años en Lantia Consultores, en 2019 y 2020 lo que tenemos es un aumento acelerado de las masacres que se registran en el país. Sin embargo, se ha tratado primordialmente de un incremento de la violencia entre civiles (asociado, sobre todo, a enfrentamientos entre grupos criminales).

Los eventos en los que estuvo involucrada la fuerza pública han disminuido de forma significativa como porcentaje del total de las masacres. En 2018 15.5 por ciento de las masacres registradas en el país involucraron a la fuerza pública; para 2019 este porcentaje bajó a 13.8 por ciento; y en los primeros cuatro meses de 2020 se ubicó en 11.5 por ciento. Las cifras de Lantia coinciden con la ausencia en tiempos de AMLO de hechos equiparables a los ocurridos en Tlatlaya, en 2014 (donde 22 civiles fueron asesinados por elementos de Sedena), o en Tanhuato, en 2015 (donde 42 civiles fueron abatidos por elementos de la Policía Federal). En contraste, algunos de los eventos con más muertos incluyen emboscadas (como el ataque registrado en octubre pasado en Aguililla contra la policía estatal de Michoacán, en el que murieron 27 elementos). El eslogan de "abrazos, no balazos" parece haberse traducido en una mayor contención en el uso de fuerza letal por parte de las instituciones del Estado, tanto militares como policiales.

Las Fuerzas Armadas tienen pros y contras respecto a una institución bajo mando civil, como fue la Policía Federal. La principal ventaja es la mayor institucionalidad. Se trata de organizaciones donde la gente hace carrera y hay prácticas y contrapesos internos que evitan algunos excesos. No me parece, por ejemplo, que ningún mando militar pueda llegar a tener los niveles de discrecionalidad que tuvo Genaro García Luna. Sin embargo, ni Sedena ni Semar son organizaciones incorruptibles. No necesariamente veremos un aumento de la represión del Estado (este gobierno, al menos, parece tener un compromiso genuino por evitar que así sea). Sin embargo, el enorme volumen de facultades, de poder y de contratos que las Fuerzas Armadas están acumulado inevitablemente traerá con el tiempo sus propios daños y vicios.

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