La DEA es una agencia que lleva a cuestas un largo historial de errores y abusos en suelo norteamericano y, sobre todo, en América Latina. Uno de los errores más funestos fue el que tuvo que ver con una filtración, ocurrida en el curso de una investigación contra Los Zetas. Como se describe en un extraordinario trabajo de investigación de la periodista Ginger Thompson, esa filtración desencadenó una de las peores masacres de nuestra historia reciente, ocurrida en Allende, Coahuila, en marzo de 2011. Murieron decenas o centenares de personas. Sin embargo, esos hechos sangrientos casi no merecieron atención en la prensa nacional, ni tuvieron ninguna repercusión en la relación entre México y Estados Unidos.
En contraste, en los últimos días hemos escuchado numerosas voces, dentro y fuera del gobierno, protestar ante el carácter unilateral de la detención del general Salvador Cienfuegos. El canciller Marcelo Ebrard, por ejemplo, adelantó que tendrá que replantearse la relación de cooperación con la DEA. Es paradójico que, dentro del historial negro de dicha agencia, los mexicanos alcemos la voz precisamente contra una detención que ocurrió en suelo estadounidense y que, por cierto, se hizo con autorización de un juez (algo que en México está muy lejos de ser la norma). La jerarquía y la investidura militar pesan en nuestro imaginario colectivo.
La decisión de no informar a ninguna autoridad mexicana sobre la investigación contra Cienfuegos, al menos no formalmente, le pega a muchos en el orgullo. Es cierto que la DEA no juega limpio. Pero ninguna agencia de inteligencia lo hace. En este caso, sin embargo, la DEA tuvo argumentos válidos para actuar con sigilo. Un personaje de la talla de un exsecretario de Defensa cuenta con lealtades de primer nivel e información comprometedora. Advertido sobre una investigación en su contra, y una probable detención, Cienfuegos hubiera podido ejercer presión para bloquear o retrasar cualquier intento de extradición.
El desenlace de la historia tardará en llegar y, a estas alturas, sólo podemos especular sobre la inocencia o la culpabilidad de Cienfuegos. Como lo han expresado diversos colegas, resulta difícil entender del todo las circunstancias que pudieron orillar a Cienfuegos, en la cumbre de su carrera y con la seguridad propia de su cargo, a colaborar con el crimen organizado. Sin embargo, también es difícil pensar que la DEA y el Departamento de Justicia se hayan lanzado al arresto de un exsecretario de Defensa mexicano sin tener un caso sólido. Alguien en esta historia cometió un error garrafal, y ese error tendrá enormes repercusiones, al norte y al sur del río Bravo. La DEA hizo una gran apuesta.
Si estamos ante otra pifia, y no se puede probar la culpabilidad de Cienfuegos, entonces no sólo la DEA perderá la apuesta. Todos saldremos perdiendo con ella. Será una vergüenza internacional para la agencia antidrogas, para el fiscal general norteamericano, William Barr, y para Trump. Se dañará toda colaboración bilateral en materia de seguridad. El golpe al prestigio de las Fuerzas Armadas se atenuará un poco, pero el agravio dará lugar a una mayor desconfianza y autarquía en la forma como actúa la cúpula militar de nuestro país.
Por otro lado, si se prueba la culpabilidad de Cienfuegos, no creo que debamos pensar que México necesariamente saldrá perdiendo. En ese supuesto los mexicanos sólo perderíamos si no somos capaces de mirarnos al espejo, dejar a un lado el orgullo, y reconocer que hay mucho de fallido en nuestras instituciones, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ante la eventual culpabilidad habría dos opciones. El gobierno podría envolverse en la bandera nacional e indignarse por la asimetría de la relación con Estados Unidos (esa asimetría que acepta dócilmente en tantos otros temas). Sin embargo, también podría convertirse la crisis en una oportunidad. La resistencia histórica de los mandos de Sedena a cualquier forma de injerencia civil necesariamente perdería fuerza. Sería una oportunidad excepcional para reformar a las Fuerzas Armadas, y transformarlas en instituciones con supervisión efectiva del ámbito civil y con estándares de rendición de cuentas equiparables a los del resto de las instituciones del Estado.
Si el general Cienfuegos efectivamente es culpable de lo que se le acusa, entonces confirmaríamos, una vez más, que ya cedimos demasiada soberanía. El problema es que no la cedimos ante los norteamericanos, sino ante grupos criminales (muy mexicanos, eso sí). En ese caso debemos admitir que en algo salimos ganando con la intervención unilateral de la DEA. Evitamos el peor de todos los escenarios: que quedara impune un secretario de la Defensa Nacional que colaboró con el crimen organizado.