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La rebelión federalista y el fin de la coordinación

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La rebelión federalista y el fin de la coordinación

28/09/2020
Actualización 28/09/2020 - 13:30

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, nada más no se entiende con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Menos todavía se entiende con el subsecretario Ricardo Mejía, quien se perfila como sucesor de Durazo si este último efectivamente se lanza por la gubernatura de Sonora. Ya desde hace meses se advertían las fricciones entre Corral y los funcionarios de la 4T. A fines del año pasado el panista estuvo entre los balconeados por faltar a las reuniones de seguridad que AMLO quiso imponer, a imagen y semejanza de las que él encabeza todos los días a las seis de la mañana. En aquel entonces Corral dijo ‘entre más madrugan, más mal nos va’.

La distancia entre Corral y el gobierno federal terminó en franco rompimiento la semana pasada, cuando el subsecretario Mejía hizo un anuncio inédito. El gobierno estatal ya no participará en la mesa estatal de seguridad y, en lo sucesivo, los mandos federales de seguridad en Chihuahua se reunirán, por su cuenta, en instalaciones militares. Para efectos prácticos se cancela la coordinación en materia de seguridad entre el gobierno federal y la administración de Corral.

El motivo directo del rompimiento fue el delicado conflicto que ha generado la extracción de agua de presas de la cuenca del río Conchos, que Conagua ordenó para cumplir con la cuota que le corresponde a México como parte del tratado de aguas firmado con Estados Unidos en 1944. Por meses, la decisión de Conagua ha originado bloqueos, movilizaciones y tomas de presas por parte de productores de varios municipios, que temen que se ponga en riesgo la viabilidad de sus actividades.

El manejo de este conflicto, a su vez, ha dado lugar a innumerables descalificaciones, de ida y vuelta, entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (principal responsable de la seguridad en las presas). El pasado 8 de septiembre se alcanzó un punto álgido cuando una mujer murió como resultado de un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de la Guardia Nacional. En la mañanera del viernes pasado, el subsecretario Mejía hizo una detallada presentación, llena de acusaciones, sobre los productores que consumen más agua en Chihuahua, y que supuestamente tienen vínculos con políticos panistas de dicho estado.

Sin embargo, sospecho que la confrontación entre Javier Corral y los funcionarios de AMLO es sólo un síntoma de un conflicto más profundo. En el fondo del pleito está la vocación centralista de la 4T, y las tensiones que ésta genera, principalmente por dos motivos. En primer lugar, por el reparto del Presupuesto. En segundo lugar, por el papel que la Guardia Nacional, y el aparato de mesas estatales y regionales de coordinación, están teniendo en la toma de decisiones en materia de seguridad (tanto para el combate al crimen organizado como para la atención de conflictos sociales), en detrimento de la autonomía con la que antes operaban los gobernadores. Ambos factores contribuyeron, por ejemplo, a la rebelión de una docena de gobernadores que abandonaron la Conago para formar su propia ‘Alianza Federalista’, de los cuales, por cierto, varios han manifestado solidaridad con Corral.

El perfil eminentemente político de figuras como Alfonso Durazo y como Ricardo Mejía tampoco abona a la relación de colaboración para temas de seguridad que sería necesaria con todos los gobernadores, incluyendo a los adversarios de AMLO. Preocupan, sobre todo, las implicaciones que la mala relación entre la Federación y algunos estados puedan tener en el combate al crimen organizado. Si comparamos las cifras de 2018, con cifras anualizadas de lo que va de 2020, se observa que la violencia criminal ha aumentado de forma acelerada en varias entidades con gobernadores de la Alianza Federalista, sobre todo Chihuahua (donde las ejecuciones han registrado un aumento de 40 por ciento) y Michoacán (42 por ciento). En contraste, algunos gobernadores bien alineados con AMLO han logrado una importante disminución de la violencia vinculada con el crimen organizado (incluso si nominalmente son de oposición, como el gobernador de Guerrero, estado que ha logrado una disminución de 36 por ciento en las ejecuciones, al comparar 2018 con la cifra anualizada para 2020).

Ojalá que Javier Corral y el gobierno federal puedan retomar una relación de trabajo. Esperemos, por lo menos, que el rompimiento no se replique en el resto de las entidades ‘federalistas’. Por el bien de todos, es necesario que los gobernadores y los funcionarios de AMLO encuentren un modelo de verdadera corresponsabilidad en materia de seguridad. No se trata de regresar al esquema de ‘coordinación’ de tiempos de Peña Nieto, donde los gobernadores simplemente se desentendían del tema, a sabiendas de que el Ejército vendría al rescate cuando las cosas se pusieran feas. Sin embargo, tampoco se puede esperar que todos los gobernadores sigan, callados y dóciles, las instrucciones que se dictan desde Palacio Nacional.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.