Eduardo Guerrero Gutierrez

Infierno en Michoacán, obediencia en Guerrero, investigación en Tamaulipas

Sólo las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional podrían contener a los grupos criminales que se disputan Michoacán.

Como ocurre de cuando en cuando desde hace 15 años, la semana pasada se desató el infierno en Michoacán. En lo que claramente fueron acciones coordinadas, distintas células del Cártel Jalisco Nueva Generación realizaron ataques en 13 municipios. Los enfrentamientos más cruentos ocurrieron la tarde del miércoles en el poniente del estado, sobre todo en Cotija, Tocumbo y Tingüindín, cerca de los límites con Jalisco. Se trata de una zona en franco conflicto entre el CJNG y organizaciones locales. Al parecer, la autoridad sólo se hizo presente para hacer el recuento de los daños: los muertos y las decenas de vehículos que quedaron como testigos de la batallas. Hubo dos detenidos, después de una operación que involucró a varias decenas o tal vez un centenar de sicarios. El gobernador Silvano Aureoles dijo que es un "conflicto entre ellos", pero reconoció que la propia población se ve obligada a cerrar los caminos, en un intento por evitar que los comandos armados del CJNG ingresen a sus comunidades.

No es de extrañar que Aureoles no tenga una respuesta más enérgica. Las corporaciones policiales de Michoacán simplemente no tienen capacidad para hacer frente al ejército de El Mencho. Menos, tomando en cuenta que Michoacán es uno de los estados donde el crimen organizado ha asesinado más policías. Sólo las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional podrían contener a los grupos criminales que se disputan el territorio estatal. Sin embargo, para desgracia de los michoacanos, no hay una buena relación entre el estado y la federación. Así que 2020 será, por mucho, el año más violento en la historia reciente del estado.

Guerrero ofrece un primer contraste. El gobernador Héctor Astudillo pertenece a la oposición nominal. Es priista. Sin embargo, no se sumó a la Alianza Federalista y, en general, ha sabido entenderse con las formas del Presidente. Es, por ejemplo, de los que no falla en las reuniones de la mesa de coordinación de seguridad. Cada vez que coincide con AMLO en un evento público, sale con estrellita en la frente. De esta forma, Astudillo ha logrado que las ciudades y las carreteras de su estado permanezcan bien vigiladas. La obediencia ha dado resultados. Guerrero, que por años fue el estado del país con más asesinatos del crimen organizado, ha descendido a la sexta posición en lo que va de 2020 y cerrará el año con una reducción de 15 por ciento respecto a 2019 y de 28 por ciento respecto a 2018.

Hay una tercera variante, representada por Tamaulipas. Un estado donde el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, forma parte de la Alianza Federalista y es claramente desafecto a la 4T. Sin embargo, de las entidades que conforman la alianza, Tamaulipas es la única donde ha habido una reducción significativa de la violencia criminal. Los homicidios vinculados con el crimen organizado han disminuido casi 50 por ciento en los últimos dos años. Lo anterior se logró porque, a diferencia de lo que ocurre en Michoacán –y en casi todo el país– el gobierno de García Cabeza de Vaca le apostó a profesionalizar su policía. La policía de Tamaulipas es un caso excepcional de una corporación estatal que puede confrontar y derrotar a células armadas del crimen organizado (como quedó demostrado a principios de este año en Nuevo Laredo). Tamaulipas, que también fue por años uno de los estados más golpeados por la delincuencia, ha alcanzado una relativa paz y una mejora gradual de la percepción de seguridad de la población.

Desafortunadamente, la experiencia de éxito en Tamaulipas podría llegar a un fin abrupto. Desde hace algún tiempo circulaba en medios que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba investigando al gobernador García Cabeza de Vaca por lavado de dinero. El fin de semana, el semanario Proceso reveló que ya se habría presentado la denuncia. El tema es del mayor interés, no sólo por las implicaciones que tiene para el destino personal del mandatario y para la política tamaulipeca, sino porque la acusación se dirige en contra de la única autoridad que en este sexenio ha puesto en práctica, con éxito, un modelo de seguridad alternativo al que se busca imponer desde Palacio Nacional. Hay básicamente dos alternativas: o efectivamente García Cabeza de Vaca es responsable de los delitos que se señalan, o se trata de un intento, lamentable, por empañar a un gobierno que se salió del huacal de la 4T y que ha dado resultados en uno de los temas que más preocupan a los mexicanos.

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