Como cada año, el martes pasado el Inegi publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). La ENVIPE es el mejor termómetro de la delincuencia que tenemos y del desempeño de las instituciones de la Policía y del Ministerio Público. Con una muestra de más de 100 mil hogares, también es una de las mejores encuestas de su tipo en el mundo. Afortunadamente, se considera información de interés nacional, y el Inegi la realizó a pesar del fuerte recorte presupuestal de este año. En las siguientes líneas presento una primera lectura de los resultados.
¿Bajó la delincuencia en 2018? Sí, pero no donde importa. En el agregado, en 2018 hubo seiscientos mil delitos menos que en 2017. Una disminución que suena alentadora. Sin embargo, esta caída en los delitos se explica casi completamente por una disminución en las extorsiones, que en nueve de cada diez casos son telefónicas (esas llamadas con amenazas poco creíbles que muchos recibimos alguna vez). Aunque no deja de ser positivo que los engaños telefónicos vayan a la baja, el mérito no es de ninguna autoridad mexicana. Más bien habría que aplaudir a la propia precaución de la gente y a apps como Truecaller o Showcaller, que permiten identificar y bloquear llamadas no deseadas. En contraste, en 2018 los robos no tuvieron un cambio significativo, y los secuestros siguieron creciendo y casi rebasaron la marca de los 80 mil (un incremento del 27 por ciento al comparar con la cifra registrada en 2015). La violencia armada tiene un impacto cada vez mayor en la vida cotidiana. Ya sabíamos que en años recientes los homicidios dolosos crecieron a un ritmo espectacular. También sabíamos que la mayor parte de estos homicidios tiene que ver con conflictos entre grupos criminales (algunas autoridades todavía creen que esta violencia no es demasiado grave siempre que los criminales "se maten entre ellos"). Lo que la ENVIPE revela es que gran parte de la población vive inmersa en esa violencia armada. De 2016 a 2019 el porcentaje de personas que supieron de "disparos frecuentes" cerca de su domicilio pasó de 21 a 33 por ciento. En Guanajuato, un estado arrasado por una guerra entre el CJNG y sus rivales, el porcentaje pasó del 20 al 43 por ciento.
El consumo de drogas va en aumento. Ésta es una de las tendencias más preocupantes en el largo plazo. De 2013 a 2019 el porcentaje de mexicanos que reportan que se consumen drogas en los alrededores de su casa pasó del 40 al 51 por ciento. Aunque la ENVIPE no permite ahondar en el tema, lo preocupante es el tipo de drogas que probablemente se estén consumiendo. De un tiempo para acá varios funcionarios me han comentado de un aumento en el consumo de cristal –una de las drogas más adictivas y más dañinas que existen– que ya tiene un carácter de epidemia en varios estados, y que pega particularmente fuerte en localidades pobres donde los adictos se ven orillados a robar para seguir pagando su consumo.
El sexenio de Mancera acabó en desastre. No es una exageración. La capital siempre ha sido complicada. Sin embargo, la tendencia de la delincuencia de 2015 a 2018 fue francamente catastrófica. En ese periodo, la incidencia delictiva aumentó 32 por ciento y el robo de vehículo prácticamente se duplicó. La capital recuperó el infame primer lugar como la entidad con una mayor prevalencia delictiva (es decir, donde un mayor porcentaje de la población es víctima de algún delito) y también donde se cometen más delitos por cada 100 mil habitantes. Hasta aquí mi primera lectura de la ENVIPE 2019.
No puedo dejar de comentar el triste espectáculo que ha dado nuestra Cámara alta en días recientes. Primero, la bancada del PAN propuso aplicar en Veracruz la desaparición de poderes, prevista en el artículo 76 de la Constitución, como respuesta a la embestida del gobierno de dicho estado contra el fiscal Jorge Winckler. Después, al más puro estilo del patio de primaria, los senadores de Morena reviraron con una solicitud para aplicar la misma medida para dos administraciones panistas: Guanajuato y Tamaulipas. Se justificaron en la "grave crisis de violencia e inseguridad" que se vive en ambos estados.
La desaparición de poderes podría llegar a ser un recurso necesario para hacer frente al poder corruptor de la delincuencia. Tal vez debió aplicarse hace tiempo en algunos casos. Pienso, por ejemplo, en Michoacán durante el sexenio de Fausto Vallejo, donde había evidencia de sobra para suponer colusión al más alto nivel entre criminales y autoridades. Sin embargo, la desaparición de poderes es un último recurso, que sólo debería invocarse con absoluta serenidad y con todos los elementos sobre la mesa; nunca como ficha de cambio ni como un instrumento para el golpeteo político. Es improbable que haya desaparición de poderes en Veracruz, Guanajuato o Tamaulipas. Sin embargo, resulta grave la frivolidad de los senadores.