México hace frente a una emergencia nacional en materia de seguridad. AMLO y su equipo entienden bien que esa es una premisa fundamental. En la pieza central de su plan de seguridad –construir una gran Guardia Nacional bajo mando y disciplina militar– no se dan el lujo de ver más allá de la emergencia. Como he comentado antes en este espacio, el plan del nuevo gobierno implica una gran renuncia. Se renuncia al ideal de construir instituciones de seguridad pública civiles, profesionales y confiables que garanticen la seguridad desde lo local. En contraste, la Guardia Nacional es una salida pragmática, pensada para la emergencia, pero que podría tener consecuencias de largo plazo.
En sus primeros años, la Guardia Nacional tendrá dos desafíos: restablecer la paz en las regiones más conflictivas del país y, simultáneamente, no reproducir el brutal historial de abusos y violaciones masivas a los derechos humanos del Ejército y de la Policía Federal. AMLO sabe que no será fácil conciliar ambos. Por eso insistió en la toma de protesta en cobijar su proyecto en la retórica de la pureza militar. Los militares son "pueblo uniformado" y "pueblo raso", sin la ambición, los vicios y la maldad de la oligarquía. Si los militares cometieron excesos en el pasado fue siempre como resultado de una instrucción civil.
Está por verse si esta retórica, y la promesa de nunca dar la orden de reprimir, serán suficientes. Si los abusos se hacen frecuentes y escandalosos, nadie va a salir a defender a la Guardia Nacional. Se desechará sin pena ni gloria. Sólo si la Guardia Nacional logra mantener una buena reputación en sus primeros años, tendrá oportunidad de convertirse en el largo plazo en algo parecido a la Guardia Civil española o a los Carabinieri italianos. Una institución así podría ser fundamental para mantener la paz y la seguridad en todo el territorio, sobre todo en el medio rural.
El nuevo gobierno no sólo piensa en construir la paz por medio de la Guardia Nacional. Los programas de becas, de empleo y de combate a la pobreza también desempeñarán un papel central. Sin embargo, el vínculo entre la política social y la seguridad no sólo tiene que ver con dar más oportunidades a individuos que de otra forma podrían incorporarse a la delincuencia. El próximo gobierno también está pensando en construir un gran aparato de gestoría social. No es casual que AMLO haya insistido el sábado en que los apoyos sociales se entregarán de manera directa, personalizada y sin intermediarios. Es decir, se piensa en operar desde el gobierno federal una enorme estructura de personal, desplegada por todo el país, que tendrá comunicación diaria con la población. Una ventaja de una estructura así es que se podría generar información sobre lo que ocurre en cada colonia y cada pueblo. Una estructura así también tendría capacidad para gestionar las demandas de la gente e incluso para solucionar algunos conflictos.
Algo parecido hicieron a menor escala López Portillo, con el Sistema Alimentario Mexicano, y Carlos Salinas, con el programa Solidaridad. La cuarta transformación siempre renegará de estos precedentes históricos. Sin embargo, AMLO quiere recuperar la capacidad que tuvieron estos presidentes para mover los hilos de la vida pública en cualquier parte del territorio. Por supuesto, los hilos se pueden mover con muchas finalidades. En el pasado fue fundamentalmente contra pequeños grupos subversivos, contra movimientos sociales y como un instrumento político-electoral. El nuevo gobierno podría utilizar el aparato de gestoría social como una herramienta para la pacificación del país.
El experimento obviamente tiene sus bemoles. El primero es la tentación de nuevamente buscar un beneficio electoral. Será inevitable que así ocurra en algunos lugares. Sin embargo, es posible que desde la Presidencia se busquen imponer límites. Un problema más complicado es cómo lograr que el aparato de gestoría se convierta en una herramienta institucional, que no dependa únicamente de la figura del presidente y de un puñado de operadores. Al igual que en el caso de la Guardia Nacional, es una incógnita si el nuevo esquema de política social y gestoría social será un caso de éxito, o si más bien pasará a la historia como otro experimento efímero e impresentable.
En cualquier caso, el legado de AMLO no será dotar al país de las instituciones modernas de seguridad pública y de procuración de justicia, que son indispensables para la operación de un Estado de derecho democrático. Eso vendrá después. Tal vez cuando se pacifique al país y tengamos 10 o 15 mil homicidios al año (y no más de 30 mil, como será el caso en 2018) estaremos en mejor posición para lograrlo. Por lo pronto, la tirada es superar la emergencia echando mano de la disciplina y prestigio de las Fuerzas Armadas, y reviviendo viejas fórmulas corporativas. Como dijo Alfonso Durazo: es lo que hay.