Así como pasó en campaña con el tema de la amnistía o en octubre con el aeropuerto, AMLO una vez más plantó una propuesta lo suficientemente radical para dominar la agenda pública. La semana pasada todo el mundo habló de la Guardia Nacional y de los riesgos que supone dejar ese cuerpo en manos de militares. Yo no voy a buscar descalificar, ni tampoco defender, esta propuesta ni el plan de seguridad más amplio que presentó Morena. La decisión está tomada (tal vez más adelante, mediante consulta, reciba la bendición). Como la mayor parte de las decisiones de política pública, el plan de seguridad tiene luces y sombras, pero los resultados no dependerán tanto de los grandes trazos –que son lo único que conocemos hasta ahora– sino de los detalles que conciernen al diseño fino y a la implementación.
El sólo hecho de que la Guardia Nacional quede adscrita a la Sedena no necesariamente significa que será una corporación incorruptible y eficaz, ni tampoco implica que irremediablemente habrá más abusos, o que se pondrán en mayor riesgo los derechos y las garantías fundamentales de la población. Como dije, el diablo está en los detalles. Por eso me parece importante destacar los aciertos, enfatizar los errores que puedan corregirse, y sobre todo puntualizar qué más hace falta para que el plan del nuevo gobierno efectivamente contribuya a la pacificación del país. Esta semana me enfoco en la evolución del plan en el corto plazo (pensando en los tiempos de la política, aquello que pasará de aquí a las elecciones de 2021). Dejo para más adelante un análisis sobre el plan de seguridad en el largo plazo.
El acierto. Instruir, desde la presidencia, un monitoreo diario del desempeño cotidiano de las instituciones de seguridad en cada estado y cada región, donde se plantea que el mando operativo lo tendrán militares. Obviamente el planteamiento generó descontento. Enrique Alfaro (gobernador electo de Jalisco) señaló con absoluta razón, que las autoridades locales no son "invitados" a la mesa de seguridad, sino "responsables" de la seguridad. Desafortunadamente, lo que ocurre en la práctica es que muchos gobernadores no son ni los invitados ni los responsables, sino los grandes "ausentes" en la mesa. Muchos saben perfectamente que las policías en su estado están infiltradas por el crimen organizado. Sin embargo, también saben que lo que les conviene es quedarse callados, delegar la operación cotidiana en personajes oscuros, y hacerse los sorprendidos cuando trasciende en los medios, por ejemplo, que hay policías que realizan 'levantones' y entregan a las víctimas a un grupo criminal (una práctica que hemos visto en más de un municipio de Jalisco). El planteamiento de que todos los días se reúnan los consejos estatales de seguridad podría ser el candado que ha hecho falta para evitar que los grupos criminales sigan controlando de forma descarada las operaciones cotidianas de algunas policías. Ojalá Alfaro y otros gobernadores acepten la invitación y además tomen las riendas en estas mesas.
El error. El innecesario desdén que se ha mostrado hacia la Policía Federal. En esa institución tenemos de todo. Tanto figuras opacas, despilfarro y errores garrafales, como miles de policías honestos y funcionarios de primer nivel que se han empeñado en construir una institución profesional, empezando por el actual titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales. La Policía Federal será la columna vertebral a partir de la cual se construirá la futura Guardia Nacional. La transición que vendrá en los próximos meses no será sencilla. Ojalá los funcionarios del nuevo gobierno tengan la humildad necesaria para aprovechar la experiencia de quienes conocen desde dentro esa institución.
Lo que hace falta. Hacer algo con la procuración de justicia, que es un desastre y que sólo se menciona de pasada en el plan que presentó Morena. En el corto plazo habrá que trabajar con los ministerios públicos que tenemos: corruptos y con bajas capacidades de investigación. Lo que sí se podría hacer en pocos meses es cambiar la forma como se gestionan las denuncias. Actualmente los ministerios públicos despachan más o menos como quien vende tortillas: hay una fila de expedientes que se atienden como van llegando. El 60 por ciento de estos expedientes corresponde a delitos de bajo impacto en los que es prácticamente imposible que se sancione al responsable. En estos casos no se le puede ofrecer justicia a las víctimas individuales, pero sí se podría hacer mucho para facilitar y promover la denuncia, y de esta forma contar con mejor información para elaborar estrategias de prevención y combate al delito. En contraste, hay un 10 por ciento de casos que es socialmente prioritario y que debería recibir, como lo ha señalado Ana Laura Magaloni, atención especializada (por ejemplo, de víctimas de explotación sexual o los negocios que 'pagan cuota'). Si los recursos de investigación se enfocaran en atender esos casos, estaríamos en una mejor posición para reducir la impunidad.