Ejecuciones y amarillismo de datos
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Ejecuciones y amarillismo de datos

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Ejecuciones y amarillismo de datos

07/01/2019
Actualización 07/01/2019 - 15:07

Miércoles 2 de enero. Día propicio para la ficción, pero fecha difícil para quien se dedique a las noticias. Las audiencias están de vacaciones y piden un respiro. Aun así, ese día el diario Reforma logró avivar el debate público e incluso iniciar una polémica con el presidente. Bastó un encabezado: “Crecen ejecuciones con AMLO en 65%”.

Quienes estudiamos la violencia criminal sabemos que, de ser cierto, este encabezado hubiera implicado una absoluta catástrofe. Como referencia, de acuerdo con el monitoreo que realizamos en Lantia Consultores, durante los 96 meses del sexenio de Peña Nieto el mayor incremento mensual en el número de ejecuciones fue del 47 por ciento, y ocurrió en septiembre de 2014. Afortunadamente, podemos descartar que en diciembre pasado la violencia haya aumentado a un ritmo así de dramático.

Reforma es un periódico serio, en el que colaboran editores, líderes de opinión y periodistas de primer nivel. Sin embargo, el “ejecutómetro” no es un ejercicio que esté a la altura del medio que lo publica. Hasta donde se sabe no hay una metodología que sustente el conteo. El viernes se publicó un posicionamiento firmado por Óscar Luna, en el que simplemente se dice que se hace un “recuento de ejecuciones ligadas al crimen organizado” y se mencionan de forma genérica las fuentes que se utilizan. Sin embargo, no se dice nada sobre los criterios o validaciones que se llevan a cabo, o si simplemente se hace una valoración subjetiva para determinar qué sí y qué no constituye una ejecución.

Aunque el ejecutómetro de Reforma se publica desde hace años, nunca ha sido un ejercicio con particular resonancia mediática. Además, si revisamos de forma retrospectiva los datos, nos encontramos con anomalías graves e inexplicables. Por ejemplo, de acuerdo con Reforma, de 2014 a 2015 las ejecuciones disminuyeron un asombroso 27 por ciento; una disminución que contrasta con la tendencia de aumento de los homicidios dolosos registrados para ese periodo por el SESNSP y por Inegi, así como por el conteo de ejecuciones de Lantia Consultores.

En resumen, la portada del 2 de enero no sólo resulta escandalosa, sino también irresponsable. AMLO y su equipo no estuvieron solos al rebatir el dramático incremento de las ejecuciones durante diciembre. Varias voces que difícilmente se puede calificar de morenistas, como la de Denise Dresser, coincidieron en que el conteo de Reforma presenta fallas metodológicas graves.

Sin embargo, la primera plana de Reforma también abrió una importante reflexión sobre la necesidad de contar con datos delictivos confiables. En particular, sobre la pertinencia de medir la violencia vinculada con el crimen organizado. En 2012 me opuse a la decisión de suspender la publicación de la base oficial de homicidios por presunta rivalidad delincuencial (algo así como el ejecutómetro del gobierno). No deja de asombrarme que en aquel entonces muchos líderes de la sociedad civil aplaudieron la decisión, bajo el argumento absurdo de que con esta base de datos se criminalizaba sin pruebas a las víctimas (sigo sin entender cuáles víctimas, pues lo que el gobierno publicaba era una tabla de frecuencias con cifras agregadas por municipio, en la que nunca aparecieron nombres).

El crimen organizado es un fenómeno distinto a la delincuencia común. No sólo por el calibre del armamento que usa o sus peculiares métodos para matar, sino también por las causas que lo motivan y por su carácter epidémico. La violencia del crimen organizado es también el fenómeno que tiene al país de cabeza, y que actualmente supone un mayor costo en términos de vidas humanas, así como una mayor amenaza para la paz social y la viabilidad de actividades económicas estratégicas. En este contexto, una de las piezas de información más relevantes al hacer un diagnóstico de seguridad en un municipio es si hay grupos criminales que estén matando gente.

Por eso me parece indispensable contar con una medición oportuna, seria y consistente de este tipo de violencia. Por eso en Lantia Consultores llevamos a cabo desde hace años un monitoreo continuo de por lo menos 38 medios nacionales y locales, en los que identificamos homicidios en los que se cumpla alguno de los siete criterios de inclusión contemplados en nuestra metodología. Por ejemplo, se contabilizan aquellos homicidios en los que la víctima fue privada de la libertad sin que se pidiera rescate y los homicidios en los que la víctima presenta impactos de arma larga o de uso militar. En cada caso se lleva a cabo una verificación de cinco pasos que permite eliminar registros sustentados en información demasiado endeble y evitar la doble contabilización de una misma víctima.

Por supuesto, tenemos presentes los límites de nuestro enfoque. No buscamos llegar a la verdad última sobre casos concretos (lo cual sería imposible con base en información periodística). Simplemente buscamos generar información con valor estadístico. Tenemos razones para pensar que logramos este objetivo, pues de forma regular contrastamos nuestras cifras con aquellas que generan otras autoridades. A diferencia de lo que ocurre con el ejecutómetro de Reforma, y también con las series de homicidio de varias procuradurías estatales, en nuestras cifras no encontramos anomalías inexplicables.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.