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Disputas políticas y guerras criminales en México

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Disputas políticas y guerras criminales en México

05/10/2020
Actualización 05/10/2020 - 15:40

Acaba de publicarse el mejor estudio, hasta la fecha, sobre los resortes políticos de la violencia criminal a gran escala en México. Se trata de una investigación realizada por dos académicos mexicanos: Guillermo Trejo, de la Universidad de Notre Dame, y Sandra Ley, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico es una obra maestra por su rigor y sofisticación metodológica, por su amplio repertorio de evidencia empírica, por la puntillosidad de su argumentación analítica, pero sobre todo porque es una obra fundacional de la teoría política sobre crimen organizado.

Una primera aportación del libro es la conceptualización de una 'zona gris de la criminalidad', donde el Estado y el crimen intersectan, y donde un grupo de 'especialistas estatales en violencia' (funcionarios corruptos de las áreas de seguridad, inteligencia y procuración e impartición de justicia) coexisten con grupos delincuenciales, 'lo que da lugar a un ecosistema en el que los grupos del crimen organizado viven, crecen y se reproducen'. Como apuntan Trejo y Ley, esta zona gris aparece comúnmente en regímenes autoritarios y su operación persiste cuando ocurren transiciones superficiales a una mera democracia electoral, es decir, cuando las élites fracasan en reformar el aparato de seguridad y el sistema judicial.

Con información de entrevistas a profundidad a integrantes de los primeros gobiernos subnacionales de oposición en México, y con datos sobre patrones de represión gubernamental, Trejo y Ley muestran que las policías estatales y las autoridades judiciales desempeñaron un papel fundamental en la creación de redes informales de protección para los cárteles de la droga durante la época del PRI como partido único. A través de modelos estadísticos, Votes, Drugs, and Violence demuestra que, a nivel subnacional, la alternancia partidista en la titularidad del Poder Ejecutivo fue un mecanismo clave para desencadenar grandes crisis regionales de violencia criminal.

El libro ofrece un análisis detallado sobre cómo la alternancia partidista y la decisión de los nuevos gobernadores de oposición de nombrar personal directivo en las procuradurías estatales y en la policía judicial de los estados propiciaron el derrumbe de las redes de protección institucional a las organizaciones criminales. Trejo y Ley demuestran cómo los cárteles crearon sus propias milicias privadas en respuesta a la nueva incertidumbre político-electoral, y cómo la disponibilidad de estas nuevas bandas armadas permitieron a los capos más prominentes defender 'su territorio' y desafiar el de sus rivales. Trejo y Ley reseñan el proceso a través del cual la secuencia de alternancias partidistas en varios ejecutivos estatales desató una carrera armada que propició conflictos intercártel en el noroeste, noreste y sur del país.

Otra parte del libro se enfoca en el escalamiento dramático de la violencia criminal, después de que el gobierno de Felipe Calderón le declarara la guerra a los cárteles y decidiera emprender al menos 16 campañas militares en diversas zonas del país. De acuerdo con Trejo y Ley, en momentos de extrema polarización ideológica, como los que vivió el país después de las elecciones presidenciales de 2006, los conflictos intergubernamentales e intercartel se intensificaron. Entre 2007 y 2012, la violencia criminal fue más intensa en municipios de estados gobernados por la izquierda, no por un problema de incompetencia de estas autoridades, sino por conflictos intergubernamentales de carácter partidista entre un gobierno federal de derecha y gobernadores de izquierda, indican los autores.

En resumidas cuentas, en las federaciones los incentivos políticos pueden definir el tipo de acciones de la política de seguridad y los lugares donde tales acciones se implementan. De acuerdo con Trejo y Ley, durante la guerra de Calderón hubo claramente un uso partidista de los aparatos judicial, policial y militar; esto muestra lo importante que resulta crear mecanismos institucionales para evitar el uso discrecional de los aparatos de seguridad y justicia. Los cárteles, por su parte, conscientes de la vulnerabilidad de las autoridades y candidatos de izquierda, lanzaron ataques contra ellos durante el ciclo electoral con la intención de crear regímenes de 'gobernanza criminal' a nivel subnacional, es decir, los cárteles desarrollaron en esta guerra ambiciones políticas de carácter informal.

Las posibles implicaciones de este libro para tratar de entender la hora actual de la seguridad en México no podían ser, al mismo tiempo, más reveladoras y ominosas: la política de seguridad es, en varias regiones del país, una arena de disputa crónica entre el gobierno federal (cuyos intereses políticos tienden a prevalecer al menos en el corto plazo), los gobiernos estatales de oposición (generalmente del PAN), y grupos oportunistas del crimen organizado. Y en estas disputas de poder, acompañadas por grandes olas de violencia, lo que menos cuenta es la seguridad de la propia ciudadanía.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.