Para esos valientes que juzgan, que levantan la voz contra las autoridades por la inseguridad, les recuerdo que hay vacantes en la @PoliciaGDL. Así arremetía el pasado 15 de junio, desde su cuenta de Twitter, Jonadab Martínez, diputado en el Congreso de Jalisco. Se le dejó ir encima la furia de las redes sociales (aunque no faltó quien le tomó la palabra y le pidió apoyo para ingresar a la policía tapatía). Más allá de la anécdota, este tuit desafortunado refleja una tensión muy real y muy grave: los mexicanos le tenemos una mezcla de pavor y desprecio a las instituciones de seguridad.
Por supuesto, este sentimiento no es gratuito. Por décadas, la clase gobernante se benefició de operar un aparato policial abusivo, corrupto y poco profesional. Este aparato salía barato y, mal que bien, mantenía el orden y permitía al gobierno actuar de forma arbitraria cuando hacía falta. El policía más célebre de nuestro siglo XX, el Negro Durazo, fue también uno de nuestros mayores villanos. A él hay que sumar a decenas de quienes han sido los criminales más sanguinarios de los últimos tiempos, y que empezaron su carrera como policías, y a varios miles de elementos en activo que no pierden oportunidad para extorsionar a los ciudadanos. Sin embargo, no por tener su dosis de verdad, el prejuicio hacia los policías deja de ser injusto. Peor aún, este prejuicio es un lastre que obviamente desmotiva a quienes sí tienen vocación de servicio y enfrenta a los policías con la sociedad a la que tienen la responsabilidad de proteger.
Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana, expresó el hartazgo de las corporaciones policiales en su reciente comparecencia ante el Congreso capitalino. Ante el reclamo por la ola de homicidios y secuestros dijo, palabras más, palabras menos, que él estaba construyendo capacidades institucionales y que eso tomaba tiempo. También adelantó que, si no había resultados en un año, evitaría dar explicaciones y pondría su renuncia sobre la mesa. La renuncia de Jesús Orta sería una mala noticia. Sobre todo si de verdad está trabajando con una visión de largo plazo, que es lo que hace falta en las corporaciones policiales. Sin embargo, la exigencia de la ciudadanía de resultados inmediatos tampoco va a cambiar.
La labor de los policías y de los funcionarios del sector seguridad es ingrata precisamente porque exige la cuadratura del círculo: invertir en construir instituciones, que sólo dan resultados después de varios años, al tiempo que se lidia con una situación de emergencia. No es posible la cuadratura del círculo, pero algo puede hacerse para conciliar lo urgente y lo importante.
De hecho, en casi cualquier ámbito de gobierno, dar resultados en el corto plazo es indispensable para que los proyectos de largo aliento mantengan el apoyo político necesario para sobrevivir. No es casual que incluso existan organizaciones dedicadas a lograr transformaciones en el muy corto plazo. Existe, por ejemplo, el Rapid Results Institute, que en 2018 trabajó en una serie de retos en materia de procuración de justicia en varias ciudades del país. A partir de estos retos, que se completaron en un plazo de cien días, fue posible cuadruplicar el número de casos de robo a casa habitación resueltos en Villahermosa, o incrementar 22 veces el número de casos de robo de vehículo resueltos en Tijuana.
Por supuesto, estos logros de corto plazo no son la panacea. Requieren un grado de esmero y de concentración de recursos que no puede replicarse indefinidamente. Sin embargo, motivan, pueden aliviar los problemas que están generando más malestar y ayudar en algo a enfriar el encono hacia las autoridades.
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En otro tema, el viernes pasado se dio a conocer que en mayo se registraron 2 mil 903 víctimas de homicidio doloso. En medios y en redes sociales la nota fue que se trató de la cifra mensual más alta en lo que va del sexenio. Es verdad. Sin embargo, sospecho que la lectura que en el largo plazo se hará de estas cifras será muy distinta.
Me explico: durante la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto la violencia aumentó de forma dramática. De 2016 a 2017 los homicidios crecieron 28 por ciento y de 2017 a 2018 el incremento fue del 16 por ciento. En contraste, si comparamos los homicidios durante los primeros seis meses del sexenio de AMLO con los últimos seis meses de Peña, encontramos una modesta disminución del 1 por ciento.
Salvo que haya un cambio en la tendencia, 2019 terminará con un número de víctimas de homicidio doloso muy similar –en una de esas ligeramente menor– al que tuvimos en 2018. Independientemente de que lo anterior se deba o no se deba a alguna acción o política que haya implementado el nuevo gobierno, los funcionarios del sector seguridad empezarán a jactarse de que esta administración 'frenó' el brutal crecimiento de la violencia que se registró en la segunda mitad del sexenio de Peña.