México todavía tiene un Presidente popular. De acuerdo con la encuesta de El Financiero, levantada el 18 y 19 de octubre, nueve de cada diez mexicanos se enteraron de los hechos violentos registrados en Culiacán y más de la mitad considera que fue un error liberar a Ovidio Guzmán López. Aun así, alrededor de dos terceras partes siguen aprobando la gestión del Presidente, más o menos el mismo porcentaje que en meses previos. La figura de López Obrador sigue generando la misma simpatía que antes. Sin embargo, esto no quiere decir que su gobierno haya salido ileso del desastre.
El verdadero golpe para el gobierno es que varios actores y grupos de peso se sintieron agraviados por lo ocurrido. Por eso, no es de extrañar que la semana pasada estuviera llena de trascendidos. En primer lugar, se divulgó con lujo de detalles la historia de una visita de agentes de la DEA a Culiacán, que tuvo lugar en septiembre, sólo 36 días antes del intento de captura de Ovidio Guzmán. Se dieron a conocer las fechas y los horarios, los lugares y los nombres de algunos de los funcionarios que participaron. Por si hubiera dudas, también se divulgaron fotos de los agentes norteamericanos. Se les ve posando junto a un helicóptero de la Secretaría de Marina y también en lo que parece ser un narcolaboratorio. Con la información que tenemos sobre esta visita de la DEA, la posición inicial del gobierno, en el sentido de que la detención de Ovidio Guzmán fue circunstancial o de que no hubo injerencia del exterior, se volvió francamente inverosímil.
Luego vinieron los comentarios del subsecretario de Estado adjunto, Richard Glenn, durante una comparecencia en el Capitolio. Aunque Glenn usó un tono moderado, dio a entender que México no tiene una estrategia para hacer frente al crimen organizado. En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador reviró que las declaraciones de Glenn le parecían de mal gusto. Tal vez no haya más recriminaciones públicas de funcionarios norteamericanos. Sin embargo, en privado aumentarán las presiones, hacia el Presidente y hacia los mandos del sector seguridad, para que se tomen represalias contra el Cártel de Sinaloa.
También trascendió que el secretario de la Defensa, general Cresencio Sandoval, dijo que no está de acuerdo con lo que está pasando. No sabemos si efectivamente lo dijo así. Sin embargo, si ésas no fueron las palabras del general secretario, algo muy parecido debe pasar por su mente y por la de quienes integran la plana mayor del Ejército. La agresión de los sicarios del Cártel de Sinaloa a una unidad habitacional donde viven los militares con sus familias no sólo es un hecho sin precedentes. También es una herida abierta al orgullo militar. Las Fuerzas Armadas también presionarán para que haya una represalia contra el Cártel de Sinaloa.
Con el fiasco de Culiacán, la posición del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quedó seriamente comprometida. Faltó a la verdad en sus primeras declaraciones (en lo que parece un intento desesperado por deslindarse del desastroso resultado del operativo, dijo que la captura de Ovidio Guzmán fue incidental). Más grave todavía, hay señalamientos de que la filtración que puso en alerta a las huestes del Cártel de Sinaloa salió de su oficina. En lo próximos días Durazo tendrá la penosa tarea de comparecer ante el Senado para explicar lo que realmente ocurrió el 17 de octubre.
Más allá de la imagen del secretario, el fiasco también empaña la imagen de la Guardia Nacional. Sospecho que algunos gobernadores y alcaldes no tendrán tan buena disposición como hasta ahora para que la Guardia realice operativos en su territorio (tal vez insistan que, cuando se trate de un operativo de alto perfil, mejor se deje en manos de la Marina).
Las próximas semanas serán decisivas. La gravedad de lo ocurrido coloca al Presidente ante una difícil disyuntiva: puede impulsar una embestida contra el Cártel de Sinaloa o puede intentar evitar una confrontación directa. La primera alternativa generará de forma casi inevitable un escalamiento de la violencia. La segunda alternativa confirmaría el pésimo mensaje de que se puede chantajear al gobierno mexicano. También confrontaría a AMLO con quienes, en las Fuerzas Armadas mexicanas y al norte de la frontera, consideran necesario un cambio de rumbo.
México todavía tiene un Presidente popular. Sin embargo, después del operativo fallido en Culiacán, el secretario de Seguridad quedó sumamente desprestigiado y el gobierno perdió la confianza o la buena disposición de actores clave: no sólo la cúpula del Cártel de Sinaloa (que nunca había mostrado los dientes como lo hizo el 17 de octubre) sino también las agencias norteamericanas de seguridad e incluso algunos mandos del Ejército mexicano.