Cuernavaca: la rifa del tigre
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Cuernavaca: la rifa del tigre

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Cuernavaca: la rifa del tigre

09/12/2019

Ser secretario de Seguridad Pública en Cuernavaca es como ganarse la rifa del tigre. El alcalde Antonio Villalobos y el gobernador Cuauhtémoc Blanco no se entienden. Hasta ahora no ha sido posible que firmen un convenio de mando coordinado. Mientras tanto, la seguridad de la capital de Morelos está más o menos en el limbo. En enero de este año, Villalobos nombró como titular de Seguridad Pública al vicealmirante José Guadalupe Ávila Gil. Sin embargo, Ávila Gil apenas duró siete meses en el cargo. El 31 de julio presentó su renuncia. En su lugar quedó como encargado de despacho Juan David Juárez López.

En octubre, el ayuntamiento de Cuernavaca anunció el nombramiento de un nuevo titular de seguridad pública, el abogado Norberto Vigueras Beltrán. Ese nombramiento se esfumó incluso más rápido. No sé si tengan que ver los señalamientos que la periodista Anabel Hernández hace sobre Vigueras en su nuevo libro El Traidor: El diario secreto del hijo del Mayo. El caso es que, después de la foto de bienvenida, ya no se volvió a mencionar a Vigueras en ninguna comunicación oficial del ayuntamiento. Todo parece indicar que Juárez López siguió como encargado de despacho hasta el pasado jueves por la noche, cuando le dispararon por la espalda al llegar a la unidad habitacional donde vivía.

Los asesinatos de policías y de mandos policiales se han vuelto tan frecuentes que pasan casi desapercibidos. No generan empatía ni enojo ni mayor preocupación. Sin embargo, el caso de Juan David Juárez me llamó la atención por el contexto en el que ocurre. En agosto fue detenido Santiago Mazari Hernández, El Carrete, líder de Los Rojos (uno de los grupos criminales más poderosos, y más cercanos al poder, en Morelos y Guerrero). Como suele pasar cuando se detiene de forma precipitada a capos peligrosos, la captura de El Carrete sólo sirvió para empeorar las cosas. Surgió un grupo antagónico a Los Rojos, incluso más violento, que se hace llamar La Nueva Línea. Morelos es ahora uno de los estados con los peores indicadores de seguridad del país. Si anualizamos las cifras de enero a octubre de 2019, y las compramos con 2018, el aumento de los homicidios dolosos ha sido de 32 por ciento. Las denuncias de secuestro –un viejo azote en Morelos, que hasta fines del año pasado parecía estar bajo control– han aumentado más de 50 por ciento.

Reviso noticias de distintos municipios de Morelos. Por todas partes encuentro feminicidios, balaceras y ejecuciones. Entre las notas más sonadas de la semana pasada destaca que el auto del alcalde suplente de Amacuzac fue quemado con bombas molotov (cabe mencionar que el alcalde electo es sobrino de El Carrete y también está preso). En Coatlán del Río mataron a dos policías a fines de noviembre. En Yautepec un uniformado fue asesinado por “motosicarios”, el viernes por la noche.

Todo esto ocurre de forma más o menos silenciosa, casi sin cobertura en los medios nacionales. Tras el asesinato de Juan David Juárez algunas voces se alzaron para pedir el despliegue de la Guardia Nacional. Sin embargo, no parece que el gobierno federal haya tomado nota. Es comprensible. Los grandes excesos de los delincuentes acaparan las primeras planas y la atención del gabinete. Este año se nos fue de las masacres en Minatitlán, a los ataques en Guanajuato, Guerrero y Michoacán, a la batalla campal en Culiacán, a una nueva masacre en Bavispe. La agenda pública del país es casi puro reaccionar a estas catástrofes. Sin embargo, las grandes tragedias son sólo las convulsiones que causa una enfermedad crónica, que avanza por medio de una violencia dosificada pero constante. Para colonizar territorios, los criminales primero tienen que intimidar a la policía. Por eso, las agresiones constantes contra autoridades, como las que vemos en Morelos, son el síntoma más visible de esa enfermedad.

La prevención que necesitamos tiene que ver con atender casos como el de Morelos, donde se advierten signos de una presencia criminal cada vez más agresiva. Hacerlo no es fácil. De 2015 a 2018 hubo avances importantes en ese estado, donde se puso en práctica uno de los modelos de mando único más ambiciosos del país, que se diseñó tomando en cuenta que los delincuentes habían logrado intimidar o comprar a las policías de varios municipios (precisamente lo mismo que buscan hacer ahora). El mando único en Morelos fue una labor políticamente costosa para el comisionado Alberto Capella. Sin embargo, dio algunos resultados importantes. En esos años se lograron abatir los secuestros y se recuperó la confianza ciudadana en la policía. Mucho de esa experiencia podría retomarse, dejando de lado pleitos y rencores. Tal vez en Morelos todavía haya tiempo de evitar una nueva colonización criminal. Tal vez se pueda evitar que 2020 sea el año de las grandes convulsiones en ese estado.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.