Cifras alegres
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Cifras alegres

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Cifras alegres

25/05/2020
Actualización 25/05/2020 - 12:54

La semana pasada, como cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer las cifras de denuncias que recopilan los ministerios públicos de las 32 entidades federativas. Estas cifras tienen enormes deficiencias, como he mencionado varias veces en este y otros espacios. Para poner las cosas en perspectiva, la estadística delictiva que desde hace años publica mensualmente el SESNSP es mucho más dudosa que el registro de contagios y fallecimientos por Covid-19 que diariamente da a conocer el subsecretario Hugo López-Gatell, y que en los últimos días ha suscitado tantos cuestionamientos.

La estadística delictiva es tan mala que en agosto del año pasado el SESNSP y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) anunciaron de forma conjunta que habría una auditoría a la metodología que las fiscalías estatales siguen para registrar delitos. En aquel entonces se reconoció que había un problema de subregistro. Sin embargo, no hace falta más que un somero análisis de los datos para constatar que, a la fecha, cada fiscalía sigue clasificando y reportando la incidencia delictiva como Dios le dio a entender. Eso, cuando no maquillan descaradamente la información. Quitando el homicidio y el robo de vehículo (e incluso en estos casos con reservas), las cifras alegres del SESNSP son inservibles para efectos comparativos. Desafortunadamente, el reporte que resultó de la auditoría que hicieron el SESNSP y la UNODC no se publicó por la resistencia de algunos gobernadores y fiscales.

Ahora el problema ya no sólo es que el SESNSP publique mes con mes la estadística delictiva mal hecha y tramposa que mandan los estados, sino que algunos en el gobierno federal no tienen mayor reparo en abusar de esas mismas cifras para jactarse de supuestos logros. El miércoles pasado, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia anunciaba en Twitter: “...trabajamos para reducir la violencia y garantizar la seguridad de los mexicanos. Desde 2019 se han reducido 44% el robo de vehículo, 54% secuestro, 42% robos totales...”. Lo de menos es que esas supuestas disminuciones –que convenientemente se estimaron usando los datos de abril– sean mero resultado del confinamiento y de que incluso más víctimas que antes prefieren no denunciar (pues en la contingencia algunas agencias del Ministerio Público han establecido restricciones que hacen el proceso todavía más tortuoso de lo habitual). Lo verdaderamente grave es que las disminuciones se calcularon con base en una estadística que hace unos meses el propio gobierno consideraba deficiente y que nunca se corrigió.

En el informe mensual de seguridad que publica el gobierno federal hay más cifras alegres, acompañadas de gráficas mañosas que invariablemente sugieren una drástica disminución de los delitos desde que AMLO llegó el poder. Resulta particularmente penoso que se presuma una reducción de 30 por ciento en los feminicidios, cuando la realidad es que cada fiscalía sigue sus propios criterios para clasificar dicho delito y que esos criterios han cambiado de forma caprichosa a lo largo del tiempo. En 2018, mientras Nuevo León y Veracruz clasificaron como feminicidio más de 70 por ciento de los asesinatos de mujeres, Guanajuato, en contraste, sólo consideró feminicidio el 6 por ciento de los casos.

La semana pasada ya hubo un llamado de atención en el conato de renuncia del titular del Centro Nacional de Información del SESNSP, David Pérez Esparza. En una supuesta carta, de una renuncia que no se concretó pero que sí hizo ruido, el funcionario advertía que su ética le impedía “seguir simulando” y lamentaba, entre otras cosas, “la negación de la violencia sistémica que viven las mujeres”. No sé qué será peor: que en el gobierno federal nos pretendan engañar con las cifras alegres que reportan o que ellos mismos se las crean.

Por otro lado, el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, reconoció la semana pasada, con más realismo, que la disminución en algunos delitos que se registró durante la pandemia será transitoria. El jefe de la policía capitalina ya prepara operativos para atajar el repunte de la delincuencia que vendrá conforme se avance hacia la nueva normalidad. Lo más interesante del escudo anticrimen que se propone construir es el énfasis en la reducción de la violencia. Al respecto, García Harfuch advirtió que, ahí donde se registren enfrentamientos con armas de fuego, la fuerza pública intervendrá con cateos y detenciones. La propuesta parece estar inspirada en las intervenciones de carácter disuasivo que se han impulsado con éxito en varias ciudades norteamericanas desde la década de los 90 (donde el objetivo, más que concretar muchos arrestos, es mandar un mensaje que logre limitar el uso de la violencia armada en los conflictos entre criminales). Es algo que en México se debió haber intentado desde hace tiempo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.