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¿Caso LeBarón, nueva verdad histórica?

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¿Caso LeBarón, nueva verdad histórica?

11/11/2019

Julián LeBarón ya explicó, fuerte y claro, que la terrible masacre de sus familiares no pudo haber sido ni una confusión ni un fuego cruzado. Ante la tragedia, la familia LeBarón, como decenas de miles de familias en México, exige lo mínimo que se le debe a cualquier víctima: quieren saber la verdad. Es decir, quieren saber quién asesinó con la mayor crueldad a nueve personas, incluyendo seis niños, para mandar un mensaje. El problema es que, como pasa incluso con los casos más graves –ya lo vivimos con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa– en todo México no hay nadie con la autonomía y el profesionalismo para realizar una investigación creíble.

La respuesta de las autoridades locales en los primeros días después de la masacre ya evidenció terribles deficiencias. Para algo tan esencial como llegar al lugar de los hechos hubo un retraso injustificable. No me extraña. Los agentes de Chihuahua y Sonora saben de sobra que las brechas de Bavispe y los municipios circundantes son territorio de los criminales. Mejor alegar que no pueden llegar porque no tienen gasolina, que arriesgarse a ser ellos víctimas de una nueva emboscada.

En el gobierno federal, como se ha vuelto costumbre, las explicaciones han sido accidentadas. Por un lado, Alfonso Durazo dijo –sin sustento alguno– que los vehículos en los que viajaban las víctimas pudieron haber sido confundidos por grupos delictivos que se disputan el control en la zona. También le dijo a la familia LeBarón que había tres detenidos, pero luego rectificó en conferencia de prensa y reconoció que las personas detenidas no tenían vinculación con los hechos.

En contraste, la Fiscalía General de la República preocupa por su ausencia. En sus comunicados, la FGR se limita a repetir lo que dice la ley: que corresponde a la Fiscalía de Sonora investigar los homicidios y a ellos los delitos del fuero federal. Tal vez el fiscal Gertz Manero, quien prácticamente no ha dado declaraciones, quiera evitarse la vergüenza de ser desmentido. La extrema cautela del fiscal se entiende. En los casos difíciles, sus antecesores acumularon un largo historial de pifias (entre las que destaca la “verdad histórica” sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa que tanto daño hizo a la imagen de Jesús Murillo Karam cuando fue titular de la PGR).

La realidad es que en México es muy difícil desarrollar una investigación creíble en los casos que afectan a las organizaciones criminales de alta peligrosidad. Los ministerios públicos son fácilmente corrompibles, incluso en mayor medida que las policías (en parte por descuido institucional y en parte porque su labor es más difícil de monitorear). Es por eso que, incluso si se destinan recursos y hay buena voluntad de los mandos, en la ejecución de las diligencias suelen surgir mil y un errores y contratiempos.

Otra razón por la que no se construyen expedientes sólidos es por las presiones políticas que surgen cuando una investigación llega demasiado lejos. Averiguar la verdad sobre el crimen organizado implica poner al descubierto las redes de corrupción dentro del propio gobierno. En la zona serrana de Chihuahua y Sonora éste es un riesgo real, pues ahí operan grupos bien arraigados como Los Salazar y La Línea, que muy probablemente controlen policías municipales e incluso ayuntamientos completos, y que seguramente cuentan también con compadres con buenos puestos en las corporaciones estatales.

La familia LeBarón merece tener justicia. Es doloroso reconocerlo, pero es poco probable que reciban esa justicia de una autoridad mexicana. Por eso me parece positivo el anuncio que hizo la Cancillería durante el fin de semana, de que hay disposición para que el FBI acompañe la investigación. De entre las tonterías y disparates que se dijeron a ambos lados de la frontera durante la última semana, la participación del FBI es tal vez la única propuesta sensata y constructiva.

El FBI incluso podría tener más éxito que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se integró para investigar el caso Ayotzinapa. Aunque el GIEI logró ganarse la confianza de los familiares de las víctimas, muy rápido entró en abierta confrontación con el gobierno de Peña Nieto y con la PGR, y no tuvo el peso institucional para imponer medidas que eran necesarias para esclarecer la verdad.

En cambio, el FBI es una institución que, dejando de lado fobias antiamericanas, goza de gran reconocimiento en todo el mundo. Es también una institución de profesionales de carrera, con enorme experiencia y con fuerza propia (no es, de ninguna forma, un instrumento servil a Trump). Ojalá que de verdad haya colaboración y que no sea demasiado tarde para averiguar lo que pasó y para llevar a los responsables ante la justicia.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.