La 4T no quiere a la alta burocracia. Eso ya lo sabíamos. En el actual gobierno no se piensa que valga la pena hacer mayor labor para atraer talento. Mucho menos que haga falta pagar bien para contar con funcionarios de excelencia. Como presidente electo, AMLO incluso llegó a proponer que los funcionarios de confianza trabajaran de lunes a sábado. Afortunadamente, al menos ese despropósito no se cumplió. Sin embargo, sí hubo una serie de recortes a salarios y prestaciones. Muchos de los funcionarios con experiencia, sobre todo aquellos que eran honestos y vivían de su salario, han decidido dejar sus puestos. La mayor parte ha encontrado trabajo en la iniciativa privada.
Ahora, incluso esa posibilidad podría cerrarse. La iniciativa de austeridad republicana incluye una regla contra la 'puerta giratoria'. En el texto que la Cámara de Diputados turnó la semana pasada al Ejecutivo para publicación, se incluye una modificación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta modificación establece que los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar –por diez años– puestos directivos o de consultoría en las empresas que pertenezcan al sector en el que se hayan desempeñado. Se trata de una restricción desmesurada y sumamente ambigua.
Pienso en varios amigos que llevan una vida preparándose y trabajando para ser funcionarios públicos, y que después de años de esfuerzo llegaron a un puesto directivo. De la noche a la mañana, no sólo ganan menos y trabajan en peores condiciones. Ahora se podrían quedar sin salida. En principio, si llegan a conseguir chamba en una empresa, ellos estarán obligados a informar al órgano interno de control (OIC) de su antigua dependencia, y entonces el OIC "verificará". Este mecanismo es particularmente perverso, pues deja abierta la puerta para que el OIC, por instrucciones superiores, bloquee sistemáticamente a cualquier funcionario al que se quiera castigar. Sin embargo, es probable que algunos exfuncionarios ni siquiera puedan llegar a ese punto. El texto de la ley es suficientemente ambiguo para asustar a cualquier departamento de recursos humanos. No me extrañaría que en muchas empresas tomen la decisión de batear, de entrada y sin miramientos, a cualquier aspirante que venga de tal o cual secretaría, o incluso a cualquier exfuncionario, sin siquiera examinar si en verdad hay algún potencial conflicto de interés.
Pienso también en la reciente salida de Carlos Urzúa del gobierno. En su carta de renuncia expuso claramente sus razones. Habló de la imposición de funcionarios sin conocimientos y de decisiones que se tomaron sin evidencia. Seguramente en privado, antes de renunciar, le dijo eso y más al Presidente. Podemos o no estar de acuerdo con los argumentos del exsecretario de Hacienda. Sin embargo, es muy sano que haya funcionarios que tengan la autoridad y la autonomía para expresar su desacuerdo en privado y en público, cuando sea necesario. Un gobierno perfectamente disciplinado es también un gobierno mediocre. Los funcionarios como Urzúa se atreven a levantar la voz porque saben que su trayectoria los respalda y que, si se van, será por la puerta grande.
En los tiempos del desarrollo estabilizador, el gabinete estaba ocupado en buena medida por este perfil de profesionales independientes. Adolfo López Mateos tenía en su equipo a figuras como Antonio Ortiz Mena (secretario de Hacienda), a Javier Barros Sierra (Obras Públicas), a Jaime Torres Bodet (Educación Pública) y a Ernesto Uruchurtu (Regente del Distrito Federal). Todos ellos eran eminencias en sus ámbitos. Todos se atrevían a disentir. Llevaron a México a ser un modelo para el resto del mundo en desarrollo. Ortiz Mena probablemente ha sido el mejor secretario de Hacienda de nuestra historia. Estuvo doce años en el puesto. En su época el país crecía a más de 6 por ciento y prácticamente no había inflación. Después de Hacienda se fue de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y después a dirigir Banamex.
Sin embargo, el perfil del alto funcionario eminente, independiente y transexenal se empezó a desdibujar desde los setenta. Con la Ley de Austeridad probablemente podamos decretar oficialmente su extinción. Nos quedarán los serviles e incondicionales. Los que aguantan vara. Con el candado de los diez años nos enfilamos hacia una burocracia bajo control, obediente y mediocre.
Lo peor del caso es que las leyes contra la 'puerta giratoria' ya se han ensayado en varios países. No sirven para lo que se supone deben servir: para evitar que las empresas 'capturen' el aparato del gobierno y lo utilicen para sus propios intereses. Cuando una empresa quiere aprovechar de forma honesta las capacidades de un exfuncionario, le ofrece trabajo. En contraste, una empresa que busca jugar rudo tiene mil y una opciones más opacas y, por lo mismo, más eficaces. Eso sin contar que los funcionarios obedientes y mediocres, esos que no tienen una reputación que cuidar, son también los más fáciles de corromper.