El pasado 12 de septiembre, el Presidente envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Amnistía. La principal interrogante que me queda es por qué se tardó tanto en hacerlo. La iniciativa es más bien escueta, apenas ocho artículos. Aunque pueda haber dudas de carácter técnico, políticamente será un hit inmediato (no hay que olvidar que la amnistía ya fue uno de los temas más socorridos en la campaña presidencial y que seguramente fue bien recibida por los cientos de miles de mexicanos que tienen a algún familiar o amigo cercano en prisión).
Por supuesto, si la inseguridad y la violencia no mejoran, habrá quien quiera achacarlo a la amnistía, como se hizo en su momento, sin mayor evidencia, con el nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, yo no creo que el principal riesgo sea que la amnistía incentive la delincuencia. La iniciativa claramente se orienta a defender a quienes no deberían estar en prisión y a quienes merecen una segunda oportunidad. Quedan excluidos los homicidas, los secuestradores y todos los que cometieron delitos utilizando armas de fuego. La amnistía también apunta en la dirección correcta de acabar con el populismo penal (esa idea errónea, inhumana y carísima, de que hay que tener a mucha gente por muchos años en prisión).
El riesgo es otro. Que la amnistía se quede corta. Que beneficie a muy pocos y que en un sentido estadístico se vuelva irrelevante. Es incierto el universo de posibles beneficiarios de la amnistía. La iniciativa contempla cinco supuestos: aborto, robo simple y sin violencia, posesión de drogas, indígenas que no contaron con un intérprete y sedición (el delito al que generalmente se recurre para criminalizar las manifestaciones).
En México actualmente hay alrededor de 200 mil personas en prisión. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (algo rezagada, pues se levantó en 2016), en los penales hay alrededor de 60 mil personas que fueron recluidas o sentenciadas por algún tipo de robo (aunque la mayoría de éstas no serán elegibles para la amnistía, pues sus sentencias superan los cuatro años). También hay alrededor de 14 mil personas recluidas por portación o comercio de drogas. El número de personas en reclusión por aborto o sedición es menor, sumará algunos cientos en cada caso. También hay alrededor de 11 mil indígenas en prisión (de los cuales, un porcentaje significativo ya está contemplado en los delitos antes mencionados). Si la amnistía es adoptada en los estados (y así será en la mayoría de los casos, por el manifiesto deseo de los gobernadores de congraciarse con la 4T) estaríamos ante decenas de miles de posibles beneficiarios, aunque el número difícilmente superará los 50 mil.
Aun así, la amnistía podría terminar en la irrelevancia, al menos para efectos estadísticos. Me preocupa sobre todo el tercer transitorio de la iniciativa, que a la letra dice: "Las erogaciones que se presenten con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial de la Federación, así como de las dependencias de la Administración Pública Federal que intervengan en su aplicación, por lo que no se requerirán recursos adicionales para tales efectos y no se incrementará el presupuesto regularizable de las instituciones públicas antes señaladas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores". Es decir, no habrá presupuesto ni personal para echar a andar la amnistía. Mucho menos se darán recursos a quienes estarían en mejor posición de llevar a la práctica la amnistía: los defensores de derechos humanos y otras organizaciones afines de la sociedad civil (ya sabemos que no son bien vistas en la 4T).
El sistema penal de este país es arcaico e ineficiente. A estas alturas, no creo que ninguna de las 32 entidades federativas tenga una base de datos confiable que le permita identificar a los posibles beneficiarios de la amnistía. Sin recursos, nadie en las fiscalías (que ya están completamente rebasadas), ni en el Poder Judicial querrá entrarle en serio a la monumental tarea de revisar y tramitar de oficio las liberaciones, expediente por expediente.
Queda la iniciativa de los internos y sus familias. Desafortunadamente, el sistema penal también es un monstruo de corrupción y de intereses criminales. Los internos y sus familias tendrán que luchar solos contra un sistema que por años los ha extorsionado (si alguien duda que así sea, por favor haga una búsqueda en Google con las palabras 'pase de lista' y 'reclusorio'). En este escenario, la amnistía será sólo para algunos cuantos. Los menos pobres, los que tengan contactos o los que hayan estado envueltos en casos de 'alto impacto' mediático. Austeridad mata amnistía.