En su conferencia de prensa del miércoles pasado, el Presidente reconoció, sin demasiado disimulo, que su gobierno ha fracasado hasta ahora en la labor de limpiar de corrupción las aduanas. AMLO intentó ser cordial con el titular saliente de la Administración General de Aduanas (AGA), Ricardo Ahued. Sin embargo, señaló que faltó "coordinación", e incluso que hubo "celos y confrontación". La lectura obvia es que Ahued no se entendió con Raquel Buenrostro, la poderosa titular del SAT. En varias notas de trascendidos se ha ventilado que Buenrostro y Ahued apenas se dirigían la palabra, y que la primera, con tal de marginar al segundo, incluso inventó que podría tener Covid-19. Sin embargo, el problema en las aduanas va mucho más allá de un penoso pleito entre altos funcionarios. Me temo que también va más allá de la solución que se planteó: poner al frente de la AGA a Horacio Duarte, un funcionario con peso político y de toda la confianza del Presidente, y dotarlo de mayor autonomía y facultades.
En virtud de la corrupción generalizada, las aduanas apenas recaudan la mitad de los impuestos que deberían (el faltante asciende a medio billón de pesos al año). Ese el problema de fondo. La razón de fondo de la corrupción en las aduanas es que varias de sus funciones críticas no son desempeñadas por una burocracia de profesionales (de tecnócratas, para decirlo claro). Los principales responsables de inspeccionar la mercancía que llega a los puertos y cruces fronterizos, de determinar a qué categoría arancelaria corresponden y cuánto se debe pagar de impuestos, no son los funcionarios públicos de la AGA. Son una oscura red de particulares que cuentan con patente para operar como agentes aduanales.
Con estas patentes ocurre lo mismo que con muchas otras de las concesiones que el gobierno ha otorgado a particulares para prestar servicios públicos. Son herramientas que la clase política ha usado a lo largo de los años para premiar a sus aliados y enriquecer a sus compadres. De forma similar a lo que pasaba con los sitios de taxis –cuando eran negocio– y a lo que sigue ocurriendo a la fecha con las notarías, la lógica con la que operan las agencias aduanales es simple y se resume en un viejo adagio de la política mexicana: a mí no me den, pónganme donde hay.
Las patentes aduanales son vitalicias y hasta hace poco se podían heredar. Por lo mismo, están al margen de una supervisión efectiva del SAT o de la AGA. Con el paso de los años las agencias aduanales aprovecharon esta posición privilegiada, y los enormes montos de dinero que involucra su actuación, para construir una red de complicidades que les permite, a ellos y a sus clientes, evadir impuestos de forma masiva. No ayuda, por supuesto, que las aduanas más importantes del país se ubiquen en ciudades como Nuevo Laredo o Manzanillo, donde el crimen organizado tiene capacidad para corromper o intimidar a medio mundo.
El Presidente hace bien en colocar la corrupción en las aduanas como una prioridad en la agenda nacional. También ha hecho bien en alertar sobre el influyentismo que ha dominado hasta ahora la operación de las aduanas. Incluso pidió "que no le anden hablando a Horacio". El diagnóstico es correcto. Sin embargo, el gobierno todavía nos queda a deber una solución de fondo. Con el relevo en la dirección de la AGA y con voluntarismo no se llegará muy lejos.
Horacio Duarte no la tendrá nada fácil cuando intente poner orden a las agencias aduanales, que son la principal pieza dentro del 'monstruo de mil cabezas' de la corrupción en aduanas. Duarte llegará a un terreno inhóspito, que hasta ahora le era desconocido, donde no podrá confiar ni en su propia sombra. Las recomendaciones, las advertencias y las amenazas le lloverán por todos lados. Incluso con sus facultades ampliadas, que implican mayor autonomía para revocar patentes, el nuevo titular de la AGA podrá hacer poco para meter en cintura a los agentes aduanales, pues no tiene nada para reemplazarlos. Lo peor es que queda la impresión de que el Presidente piensa que limpiar las aduanas es una tarea de corto plazo. En los planes que se han dado a conocer no asoma ninguna iniciativa de desarrollo institucional para la AGA (lo que implicaría gastar en fortalecer el cuerpo de funcionarios públicos y es, por lo tanto, anatema para la 4T).
Sospecho que con las aduanas terminará por pasar lo mismo que pasó con el robo de combustible (la otra gran cruzada anticorrupción del Presidente). Se dará uno que otro golpe simbólico, se publicarán cifras alegres, pero poco creíbles. Al final del día nadie quedará convencido de que se logró el objetivo (sobre todo si el objetivo es que las aduanas recauden el medio billón de pesos que falta). Para disminuir de forma real la corrupción haría falta dejar el despacho de mercancías en manos de profesionales alineados con el interés público. Sin un proyecto de largo plazo y una burocracia bien calificada, integrada por el tipo de funcionarios que la 4T se ha dedicado a pisotear, simplemente no habrá forma de limpiar las aduanas.