Hoy inicia formalmente el proceso electoral 2021. Serán, por el número de cargos en disputa, las elecciones más grandes en la historia del país. Que los calendarios de todos los estados se coordinen para realizar elecciones, de forma concurrente con los comicios federales, es una excelente idea desde el punto de vista de la participación ciudadana. Sin embargo, si pensamos en términos de violencia electoral, las próximas elecciones podrían convertirse en una tormenta perfecta. De forma inédita, el próximo año se elegirán presidentes municipales en 30 de las 32 entidades federativas. Como hemos visto en los últimos años, la renovación de las alcaldías es la que genera un gran número de ataques y asesinatos de candidatos.
Desafortunadamente, las cosas no terminan ahí. La violencia en las elecciones es sólo un síntoma del problema de fondo. Los criminales no sólo amenazan. No sólo matan. También financian campañas y presionan fuerte para que los partidos postulen a sus parientes y compadres en los municipios que consideran estratégicos. Los Caballeros Templarios fueron los primeros en armar su propia maquinaria electoral, una mezcla de violencia y clientelismo, que se dejó sentir con fuerza en las elecciones de 2011, en Michoacán. Desde entonces, la narcopolítica ha estado en auge.
Hasta ahora no hay un reconocimiento oficial de este problema. En muchos casos, el Cisen, antecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia, tenía información que evidenciaba los vínculos criminales de los candidatos. Sin embargo, casi nunca se ha dado seguimiento a esa información. Se deja que las campañas sigan como si nada y que corran las carretadas de efectivo. Luego vienen las tragedias y los deslindes. Así ocurrió, por ejemplo, con José Luis Abarca, alcalde de Iguala. Fue necesaria la masacre de 43 estudiantes para que se investigaran sus vínculos con Guerreros Unidos. Nadie en la coalición de partidos que lo postuló quiso hacerse responsable.
Por otro lado, la pandemia creó condiciones favorables para el clientelismo criminal. En abril pasado algunos narcos organizaron entregas de despensas en rancherías y colonias populares. Algo curioso fue que los criminales buscaron que la ayuda se identificara con su marca personal. En Ciudad Victoria, las despensas se entregaron a nombre de El Vaquero. Las cajas que el CJNG repartió en Jalisco llevaban rótulos de El Señor de los Gallos (también conocido como El Mencho). No me extrañaría que en las campañas veamos circular mensajes donde esos mismos personajes pidan, a título personal, votar por tal o cual candidato.
Hay mucho que se puede hacer para no repetir los errores del pasado. Hacen falta acciones desde el INE, desde las agencias de seguridad e inteligencia y, sobre todo, desde las cúpulas de los partidos, para mitigar los dos grandes riesgos que tenemos. El primero, que el crimen organizado intimide y asesine candidatos. El segundo, que sean elegidos quienes fueron intimidados o quienes, desde un comienzo, están en la boleta para representar los intereses de un grupo criminal.
La primera tarea es blindar la seguridad personal de los candidatos. Después de los atentados de los últimos meses, queda claro que el CJNG está en confrontación abierta con el Estado. Será casi inevitable que la organización de El Mencho aproveche las campañas para seguir con su estrategia de intimidación. Es necesario que haya protección efectiva para quienes estén en riesgo. Sin embargo, no basta con asignar escoltas y vehículos blindados. Lo más importante es tomar las medidas necesarias para impedir que compitan quienes ya han sido cooptados por la delincuencia. La tarea parece abrumadora, con casi 2 mil 500 municipios en el país. Sin embargo, se puede adelantar mucho si se mapean los riesgos. Después de más de una década de llevar un monitoreo constante de los incidentes de violencia criminal, me queda claro que hay ciertos ayuntamientos que le resultan clave a la delincuencia. El crimen organizado necesita controlar a las autoridades en los territorios donde tiene operaciones más visibles, que involucran o afectan a sectores amplios de la población. Por ejemplo, en algunas zonas de cultivos ilícitos y donde operan los mercados de cobro de cuota más importantes. Ahí es donde resultaría imperdonable no actuar.
Ganar elecciones –sin hacer alianza con la delincuencia– debería ser la consigna para Clemente Castañeda (de Movimiento Ciudadano), para Marko Cortés (PAN), para Alejandro Moreno (PRI), para Jesús Zambrano (PRD) y, por supuesto, para la dirigencia de los demás partidos, incluyendo a quien se quede al frente de Morena. A estas alturas lo que no se vale es voltear para otro lado, limitarse a 'lamentar profundamente' cada vez que maten a un candidato; o hacerse los sorprendidos, más adelante, cuando comiencen las tragedias y los videoescándalos, y todo el país se entere que, otra vez, los partidos pusieron en la boleta a los candidatos del crimen organizado.