Actualmente, hay dos tipos de focos rojos para la estabilidad y gobernabilidad del país. El primer tipo tiene que ver con los monopolios criminales que se han establecido en los últimos años a lo largo de varias entidades del país. Cuando digo “monopolios criminales” me refiero a zonas o regiones en las que una coalición de grupos criminales domina plenamente. No se trata del dominio parcial o intermitente; se trata de un dominio hegemónico. Aludo a una situación en que las autoridades políticas y las agencias policiales han sido sometidas ‘ya sea con plata o con plomo’. En estos monopolios criminales reina una enigmática paz, que tiene como basamento la vigencia de una serie de acuerdos entre actores políticos y criminales. Una novedad reciente en este tipo de ecosistemas criminales es la irrupción de la Iglesia como un actor con capacidad mediadora gracias a su alta y extendida credibilidad social. Así, la Iglesia, en coyunturas extraordinarias, puede erigirse como un actor clave en los siguientes años para reestablecer pactos que conduzcan a un cese al fuego en el corto plazo (mientras la autoridad federal se prepara para intervenir en forma esa zona o región).
El segundo tipo de foco rojo tiene que ver con territorios donde el dominio criminal es limitado y enfrenta desafíos: competidores que están al acecho, grupos de autodefensa que cuentan con base social o financiamiento empresarial, y corporaciones policiales o militares crecientemente robustas y alertas (pero sin capacidad todavía para imponer la ley en los territorios disputados). En este mismo subconjunto se encuentran también aquellos territorios donde no hay un grupo dominante, y la violencia ha adquirido un carácter crónico, pues ninguna de las facciones logra imponerse a las otras, ni ha logrado crear una alianza o pacto duradero con las autoridades (políticas o policiales) para lograr, por esa otra vía, una hegemonía perdurable.
Algunos ejemplos de focos rojos donde se registra el dominio monopólico de un solo grupo criminal son los siguientes: la región de Tierra Caliente en Guerrero (Arcelia Pungarabato, Coyuca de Catalán) y también Chilapa, Quechultenango y Mochitlán, en Guerrero; el puerto de Mazatlán, Badiraguato, Guasave, Ahome, El Fuerte y Choix, en Sinaloa; la costa de Nayarit (Acaponeta, Tecuala, Santiago Ixcuintla, San Blas, Ixtlán, Compostela y Bahía); la zona centro (alrededores de Actopan y Tierra Blanca) y la zona sur (alrededores de San Andrés Tuxtla y Minatitlán) de Veracruz; Autlán y Puerto Vallarta, en Jalisco; la zona metropolitana de Guadalajara (Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque), y Tamazula, Topia, Canelas, Santiago Papasquiaro, Canatlán, la ciudad de Durango, Pueblo Nuevo, Lerdo y Gómez Palacio, en el estado de Durango.
En el segundo grupo de focos rojos, que he llamado ‘territorios en disputa’ encontramos actualmente, entre otros, al puerto de Manzanillo y la ciudad de Colima, en el estado del mismo nombre; la región de Los Altos de Jalisco (Teocaltiche, Lagos de Moreno, San Juan de las Lagos, Encarnación de Díaz); Sierra de Mariscal, Chiapas (Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomosuelo y Comitán); sierra de Guerrero (Tlacotepec, San Miguel Totolapan, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Atoyac y Tecpan); Tierra Caliente, Michoacán (Apatzingán, Múgica, Tepalcatepec y Uruapan); zona metropolitana del Valle de México (Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla); región de San Luis Río Colorado, Sonoyta, Magdalena y Nogales, en Sonora; la ciudad de Tijuana, en Baja California; la zona fronteriza de Tamaulipas (triángulo Reynosa, Matamoros y San Fernando); zona del Bajío en Guanajuato (León, Celaya, Salvatierra); Villahermosa en Tabasco, y Fresnillo, en Zacatecas.
Las dos clases de focos rojos requieren, por parte de las autoridades, intervenciones diferenciadas. En el primer caso se trata esencialmente de estrategias de pacificación centradas en la implementación de acción disuasiva de carácter focalizado, lo que requiere del robustecimiento de las policías municipales, y echar a andar programas sociales que reduzcan las capacidades de reclutamiento de las organizaciones. En ocasiones estas estrategias se frustran rápidamente por la escasez de inteligencia de carácter local y las extendidas redes de apoyo social y político que poseen los principales grupos en pugna.
Por otro lado, la labor de desmontar un monopolio criminal implica también grandes desafíos, pues las clases políticas locales están frecuentemente involucradas en diversas actividades de las organizaciones criminales, tales como el lavado de dinero, el cobro de piso, la venta de droga y el reclutamiento criminal por mencionar las más evidentes. Durante los próximos tres meses seremos testigos de diversas maniobras del crimen organizado para favorecer a ciertos candidatos y debilitar, o incluso eliminar, a otros. Los candidatos que estarán en mayor riesgo serán sin duda aquellos que representen un desafío a los monopolios criminales que se asientan en diversas zonas del país.