La revista Nexos ha tenido la generosidad de publicarme, en el ejemplar impreso de este mes (número 554, pp. 32-38), un esbozo de lo que podría contener una primera propuesta mexicana para negociar un Tratado de Seguridad para América del Norte (TSAN). A continuación reproduzco algunos fragmentos de este ensayo para ilustrar rápidamente al lector sobre los objetivos en los que podría enfocarse, y los temas que podría abordar un tratado de esta naturaleza.
Los objetivos de un TSAN podrían ser estos tres: 1) profundizar la colaboración y la cooperación con Estados Unidos y Canadá para fortalecer la seguridad regional, ante los grandes desafíos del crimen trasnacional que afectan la seguridad de los tres países. 2) Avanzar en México, con el apoyo de Estados Unidos y Canadá, en la profesionalización de sus fuerzas policiales y militares, así como de sus agencias de inteligencia e investigación criminal y, conforme se registren tales avances, crear ‘fuerzas de tarea’ (task forces) de alto rendimiento para combatir amenazas y riesgos del crimen de alta escala. Y 3) una vez que México avance en los primeros dos objetivos, el TSAN debe enfocarse en reducir los daños del crimen al bienestar de la población, su sistema electoral, su infraestructura crítica (en materia de agua y energía, especialmente) y, con ello, optimizar el potencial económico del país.
El TSAN buscaría consolidar esquemas de colaboración que ya están marcha: formalizarlos, institucionalizarlos y acompañarlos, cuando se requiera, de mecanismos de auditoría y rendición de cuentas. También se trataría de innovar en algunas áreas de trabajo que hasta ahora han sido poco atendidas de modo conjunto por los tres países. A continuación describo, de modo ilustrativo, cuáles podrían ser diez rubros críticos que podrían incorporarse en la primera fase de negociaciones de un TSAN:
1. Inteligencia. Generar nuevos espacios de cooperación e intercambio de información para combatir el tráfico de drogas y otras actividades criminales de alto perfil, más allá de la captura de los líderes. Por ejemplo, enfocar las capacidades de inteligencia en la identificación de instalaciones y rutas estratégicas para los cárteles y, sobre todo, de redes de corrupción dentro del aparato mexicano de seguridad.
2. Estrategia de desarme. Se conformará un grupo especial, con el apoyo y seguimiento de instancias militares y agencias de inteligencia norteamericanas, que apoye a las Fuerzas Armadas mexicanas en la definición, pero no en la ejecución, de una estrategia con carácter prioritario para avanzar hacia el desarme de los comandos armados que actualmente operan en territorio nacional y que suponen una amenaza militar.
3. Acciones disuasivas. Fortalecer procesos que identifiquen las redes de distribución y activos de las organizaciones criminales mexicanas en Estados Unidos y Canadá. Esto, para aprovechar mejor el potencial del aparato de impartición de justicia de dichos países en acciones disuasivas que también contribuyan al proceso de paz en México. Tales acciones podrían seguir algunas líneas generales del pasado, con la diferencia de que México, en el marco del panel tripartita, también podría solicitar que se actuara contra organizaciones y liderazgos específicos, de acuerdo con su estrategia de pacificación.
4. Selección de blancos. Hasta ahora la selección de blancos en México es un proceso sujeto a presiones de Estados Unidos. Sería muy provechoso sustituir tales presiones casuísticas por un mecanismo formal, con un listado común de los criminales más buscados de Norteamérica, contemplando los intereses de los tres países. El listado se podría revisar periódicamente con el propósito de que los líderes criminales moderaran el uso de la violencia y la participación en actividades con un alto daño social (como el tráfico de fentanilo) para salir de la lista de los más buscados.
5. Certificación de autoridades. Aprovechar la experiencia de las agencias norteamericanas para ‘vetear’ (i.e., investigar a profundidad y realizar periódicamente ‘controles de confianza’), no a toda la fuerza pública, pero sí a mandos y funcionarios clave bajo la supervisión de un panel tripartita. Este mecanismo contribuiría a superar el problema –hasta ahora intratable, debido al conflicto de interés de ciertas autoridades– de la penetración criminal en las estructuras de gobierno, particularmente en las policías locales.
6. Certificación de competencias y estándares de servicio. Se definirán competencias y estándares de servicio clave, tanto para corporaciones policiales como para fiscalías (e.g., tiempos de respuesta ante incidentes, integración de carpetas de investigación y obtención de sentencias condenatorias de homicidios). Con el panel tripartita se establecerán mecanismos para brindar la capacitación necesaria.
7. Acompañamiento para el sector empresarial. Contar en México, en el ámbito federal y estatal, con unidades de vinculación que, coordinadas con el panel tripartita, apoyarían a empresas estadounidenses y canadienses interesadas en invertir en México en las siguientes tareas: a) realizar una evaluación de riesgo del entorno y establecer medidas de seguridad eficientes y apropiadas; b) establecer mecanismos de colaboración con instancias de seguridad relevantes (policía local, C5, Guardia Nacional, etcétera), y c) contar con un enlace para atender incidentes.
8. Migración. Se buscaría armonizar criterios, acciones y políticas entre los países involucrados (incluyendo el Triángulo Norte de Centroamérica) y dar facilidades para la operación en territorio mexicano de autoridades migratorias de Estados Unidos. Esto, para reordenar el flujo migratorio y reducir incentivos perversos y riesgos para los migrantes.
9. Seguridad para el turismo. Favorecer que, en los municipios con una mayor presencia de turistas y expatriados, tanto la policía como las agencias del Ministerio Público cuenten con unidades o personal especializado y certificado en las competencias clave para atender turistas.
10. Análisis y evaluación. El panel tripartita generaría periódicamente evaluaciones públicas de los avances registrados por las corporaciones policiales y fiscalías mexicanas, en una serie de indicadores relativos a los objetivos del tratado. Se buscaría una difusión amplia, en medios y entre inversionistas.