La semana pasada comenté en este espacio las cifras que Anne Milgram, la directora de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, presentó al Congreso de dicho país, en relación con el número de integrantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con Milgram, se trata en total de 44 mil 800 personas. En sentido estricto no puede contabilizarse el número de personas que colaboran con los cárteles. Al no haber una relación contractual ni una serie de obligaciones por parte del patrón, como la retención de impuestos, es imposible determinar quién trabaja para una organización criminal y quién no. Por lo mismo, con el crimen organizado, la diferencia entre un “trabajador” o “miembro” y un simple proveedor de servicios es inevitablemente difusa.
Aun así, me parece primordial que empecemos a dimensionar la proporción del fenómeno criminal en nuestro país, particularmente el número de personas que se ganan la vida directamente del trabajo con alguna de las dos grandes coaliciones delictivas. Ahora bien, para generar una estimación del número de personas que trabaja para los cárteles, es indispensable ser creativos. Debido a los altos índices de impunidad en México, ni las fiscalías ni el sistema de readaptación social ofrecen parámetros que nos permitan calcular el número de personas que trabajan para el crimen organizado. Considerando este vacío de cifras oficiales, opté por utilizar dos piezas de información que se desprenden del trabajo que realizo como consultor en los últimos 15 años.
Por un lado, coordino un monitoreo de la presencia territorial reportado en fuentes abiertas (sobre todo en medios locales) de las principales organizaciones que operan en todo el país, no sólo en el ámbito estatal, sino también por municipio y, en algunos casos, por localidad. De acuerdo con este monitoreo, se ha reportado presencia del Cártel de Sinaloa (solamente la organización central, sin considerar a sus numerosos grupos aliados y subordinados) en al menos 104 municipios del país. La cobertura territorial de CJNG es considerablemente mayor, pues su presencia se ha reportado en, al menos, 354 municipios.
La segunda pieza de información que utilicé para generar la estimación proviene del trabajo que he realizado a lo largo de estos años con algunos gobiernos municipales, el cual involucra un seguimiento cercano de las células criminales que operan en su territorio (donde tenemos una idea relativamente certera del número de personas que localmente trabajan para una organización, que además podemos cotejar con la valoración de los mandos policiales). Aprovechando esta experiencia, mi equipo elaboró la semana pasada una serie de cálculos del número de personas que el crimen organizado típicamente emplea para mantener presencia directa en un territorio. Aunque los parámetros varían de acuerdo con el tipo de actividad que se realice, llegamos al acuerdo de que, ahí donde tienen presencia, los cárteles típicamente tienen entre 15 y 25 integrantes por cada 100 mil habitantes (la cifra se eleva ligeramente en el caso de organizaciones colaboradoras clasificadas como “mafias” o disminuye un poco cuando se trata de “bandas” delictivas).
Con base en estos parámetros, estimamos que el Cártel de Sinaloa está en el rango de los 4 mil 300 a los 7 mil 100 miembros (el rango va de los 9 mil 400 a los 14 mil 800 miembros si contemplamos a sus organizaciones aliadas y subordinadas). El CJNG está en un rango de los 9 mil 900 a los 16 mil 500 miembros (y va de 21 mil 900 a 33 mil 900 con sus organizaciones aliadas y subordinadas). Para estas estimaciones sólo contemplamos a quienes conforman el primer círculo o núcleo de las organizaciones. Es decir, a quienes realizan labores directivas, administrativas, logísticas y de seguridad de forma relativamente continua, y que también forman parte de la estructura de cada organización. Quedan fuera de este cálculo (y serán objeto de futuras estimaciones) grupos más numerosos, como los narcomenudistas, cobradores de cuota, halcones o punteros (i.e., vigilantes), por ejemplo, que frecuentemente son subcontratados (no se identifican como parte de la organización ni conocen su estructura).
También quedan fuera otros sectores amplios que se benefician o dependen económicamente del crimen organizado. En aquellas zonas rurales donde se produce de forma intensiva mariguana o amapola, hasta un tercio de la población llega a dedicarse a dichos cultivos. En el ámbito urbano, los taxistas, transportistas –y frecuentemente también la policía– suelen tener algún grado de subordinación respecto a actores criminales. Estos grandes colectivos, aunque no se identifiquen propiamente como criminales, forman parte de una base social del crimen, de cientos de miles de personas, que puede desempeñar un papel estratégico. Por ejemplo, para el bloqueo de vialidades en respuesta a arrestos de alto perfil u operativos de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas.
Las estimaciones que mencioné son claramente tentativas. Aun así, más allá del ruido mediático que se pueda hacer (como el que hizo Anne Milgram hace unos días), al hablar de miles o decenas de miles de personas al servicio de los cárteles, se trata de un dato de la mayor relevancia, tanto para la estrategia de seguridad, como para las políticas sociales de prevención de la delincuencia.