Eduardo Guerrero Gutiérrez

¿Por qué nadie habla de la violencia en Guanajuato?

Desde 2018 Guanajuato ocupa, de manera ininterrumpida, la primera posición como el estado en el que el crimen organizado asesina a más gente.

La noche del sábado 15 de octubre un comando armado irrumpió en un establecimiento de la colonia 12 de diciembre, en Irapuato. Los criminales abrieron fuego de forma indiscriminada, dejando un saldo de 12 personas muertas; la mitad mujeres. En la imagen más reciente de Google Maps, el lugar del ataque lleva por nombre Botanero el Pantano. Aparece flanqueado, de un lado, por un taller mecánico y, del otro, por lo que parece ser un depósito de materiales de construcción. En una imagen más antigua el negocio no se llama El Pantano, sino El Texano, y en un letrero escrito a mano la cubeta con seis cervezas se ofrece a 60 pesos.

Después de la masacre del 15 de octubre no hubo detenciones. Sin embargo, no se trata de un hecho aislado. En lo que va de 2022 en Guanajuato se han registrado, al menos, 15 masacres con cuatro o más víctimas. En mayo, un ataque contra un hotel y dos bares de una colonia popular de Celaya dejó un saldo de 11 víctimas letales y apenas en septiembre una balacera en un billar de Tarimoro dejó un saldo de 10 muertos. Desde 2018 Guanajuato ocupa, de manera ininterrumpida, trimestre tras trimestre, la primera posición como el estado en el que el crimen organizado asesina a más gente. De las 75 ciudades con cobertura en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), Irapuato es la segunda con mayor percepción de inseguridad, sólo por debajo de Fresnillo.

A pesar de todo lo anterior, entre los líderes de opinión, y me atrevería a decir que en el imaginario colectivo, Guanajuato no se considera un lugar particularmente peligroso. Al menos no como ocurrió en su momento en Ciudad Juárez, en Acapulco y en otras ciudades que han padecido crisis severas de violencia. En la capital del estado, un par de días antes del ataque en El Pantano o El Texano, el Festival Internacional Cervantino había sido inaugurado con bombo y platillo. El programa de actividades culturales ha continuado intacto. Ni los visitantes, ni los artistas, ni los medios que cubren el festival, parecen haber tomado nota de la barbarie que se vivió en un barrio de clase trabajadora en un municipio aledaño.

Resulta difícil explicar la paradoja de Guanajuato: niveles críticos de violencia que parecen no tener afectación sobre la actividad económica, y que no generan mayor exigencia ni presiones hacia las autoridades. Hay al menos dos factores que, en mi opinión, contribuyen a explicar esta paradoja.

El primero es que, en contraste con otros estados, el conflicto criminal en Guanajuato ha golpeado sobre todo a las clases populares. En Guanajuato los ataques y enfrentamientos se han ensañado con los barrios pobres dentro de núcleos industriales, en particular Celaya, Irapuato y Salamanca. En contraste, prácticamente no ha afectado ni a San Miguel de Allende, donde se concentra el turismo internacional, ni a la capital del estado. En este mismo sentido, también es relevante que Guanajuato no es un estado fronterizo (en Ciudad Juárez, en Tijuana y en Tamaulipas, los hechos de violencia inmediatamente tienen resonancia en la prensa internacional).

El segundo factor es que las autoridades estatales han sido hábiles para minimizar la crisis. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha sido capaz de desarticular a las células criminales más violentas. Pero sí ha evitado los grandes fiascos mediáticos. La fiscalía reporta cifras de homicidios a todas luces maquilladas (para rebajar la cifra real de homicidios dolosos, un porcentaje inverosímil de las muertes violentas en el estado se clasifican como homicidios culposos).

A pesar de las incontables masacres y desapariciones, ningún caso concreto ha generado movilizaciones masivas, o un verdadero golpe político que ponga en entredicho la estabilidad del gobierno estatal. Sólo esta habilidad para capear la crisis, aunque sin resolverla, explica la permanencia del fiscal estatal, Carlos Zamarripa que, a pesar de no dar resultados, y de numerosos señalamientos por abusos, lleva en el cargo desde 2009.

Incluso desde Palacio Nacional, AMLO ha señalado la necesidad de que sea removido, pero el gobernador Diego Sinhue, como sus antecesores, parece estar convencido de que Zamarripa es útil. En este contexto, sospecho que la indiferencia hacia la crisis en Guanajuato terminará pronto, aunque sea por las razones equivocadas. De los estados que hacen frente a una crisis severa de violencia criminal, Guanajuato es el único que renovará la gubernatura en los próximos dos años, y también el único con un gobierno de oposición.

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