Chirrido: voz o sonido agudo y desagradable de algunas aves.
En días recientes, dos mujeres que respeto y admiro fueron blanco de descalificaciones sumarias y, en mi opinión, completamente injustificadas. El primer caso es el de la politóloga Denise Dresser. Como la propia Denise denunció en medios, tuvo que abandonar la marcha del 2 de octubre entre empujones y gritos de un contingente que, al parecer, consideraba que ella no tenía derecho a participar en la manifestación.
A lo largo de su destacada carrera, Denise ha mantenido siempre posiciones críticas. No se ha ido por el camino fácil, sino que ha sido implacable frente a los excesos de los poderosos, bien sean grandes empresarios o líderes sindicales corruptos. No es una radical, ni una aduladora de los movimientos que se autoproclaman de izquierda, como tampoco fue nunca una porrista al servicio de los gobiernos del PAN o del PRI. Aunque sus opiniones puedan no gustar a algunos, es incuestionable que siempre ha sido una ferviente defensora de las libertades y de la democracia. Qué tristeza que una minoría, violenta y porril, lograra imponerse y expulsarla de un acto que conmemora precisamente la lucha contra la represión.
El segundo caso es el de Sandra Velázquez Lara, alcaldesa de Pilcaya, un pequeño municipio del norte de Guerrero que, como toda la región circundante, lleva años asolado por la violencia de las mafias criminales. La semana pasada, por lo menos dos medios, uno nacional y otro de Guerrero, publicaron notas que –palabras más, palabras menos– afirmaban que, tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el Ejército “vinculó” a 20 alcaldes de Guerrero con el crimen organizado, entre ellos a Sandra Velázquez. Las notas se elaboraron a partir de uno de los informes de inteligencia contenidos en los correos electrónicos de Sedena filtrados por el colectivo Guacamaya.
El documento en el que se menciona a Sandra Velázquez data de noviembre de 2014, y se generó en el contexto de las investigaciones del caso Ayotzinapa que en aquel entonces encabezaba Jesús Murillo Karam, hoy ampliamente desacreditadas. Se trata de un documento que elaboró la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y que fue enviada a la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. En el informe se habla de “presuntos vínculos” de la alcaldesa de Pilcaya con un líder de lo que en aquel entonces era La Familia Michoacana, pero como único sustento se invocan “denuncias ciudadanas”. En cualquier caso, la PGR nunca inició formalmente una investigación contra ella.
Conozco personalmente a Sandra. En algunas ocasiones me he reunido con ella para comentar el difícil contexto de seguridad en Pilcaya, y me queda claro que su trabajo político está motivado por un genuino interés en mejorar las condiciones de su municipio. Nada en su perfil ni en su forma de actuar como alcaldesa sugiere una vinculación con el crimen organizado. Todo lo contrario.
No es ningún secreto que en Pilcaya, como en todo el norte de Guerrero y el sur del Estado de México, hay una organización criminal dominante, que actualmente opera, entre otros, bajo el nombre de La Nueva Empresa, pero que es heredera de las células de La Familia Michoacana que se instalaron en la región hace más de 10 años (es decir, la misma organización que, de acuerdo con el informe filtrado por el colectivo Guacamaya, tenía “presuntos vínculos” con Sandra Velázquez). La Nueva Empresa ha estado detrás de múltiples atentados y emboscadas contra autoridades, e indudablemente intenta corromper e intimidar a las autoridades locales en su zona de influencia.
Sin embargo, para la gente de Pilcaya tampoco es ningún secreto que Sandra se ha negado de manera tajante a colaborar con dicho grupo, y que su valiente negativa ha acarreado consecuencias, para ella, para su familia y para la policía municipal. Además de ser blanco de múltiples amenazas, tras lograr reelegirse como alcaldesa el año pasado, fue víctima de un atentado, en el que desafortunadamente perdieron la vida tres elementos que la custodiaban. A pesar del justificado miedo, Sandra tuvo la firmeza de carácter para continuar con la labor para la cual fue elegida.
Entiendo que, dentro de la lógica periodística, es necesario dar a conocer la información obtenida por el colectivo Guacamaya. Esta filtración masiva exhibe muchos aspectos interesantes sobre las actividades y preocupaciones de los militares. También ofrece pistas que será necesario seguir para entender mejor algunos de los fenómenos más importantes en la historia reciente del país. Algo revelador –aunque muy previsible– es que en las filas del Ejército muchos sospechan, o quieren hacer sospechar, de alcaldes y gobernadores que están coludidos con el crimen organizado.
Sin embargo, antes de sumarnos a los juicios sumarios, es importante entender que estamos ante correos electrónicos entre individuos, que forman parte de una institución enorme, de cuya vida interna conocíamos poco, pero que necesariamente tiene sus propios grupos de interés y pugnas internas. La información contenida en los correos electrónicos no constituye un posicionamiento institucional de Sedena. Hasta que se examine la evidencia, es sólo el chirrido de una guacamaya.