Hace poco más de 10 años Coahuila era uno de los lugares más violentos del país. Terminaba la gestión de Humberto Moreira, uno de los gobernadores más polémicos de la historia reciente del país. Coahuila, como los otros estados del noreste, estaba sumido en el conflicto entre Los Zetas y el Cártel del Golfo. Los enfrentamientos y las masacres parecían no tener fin. En Coahuila, además, se multiplicaban los macabros hallazgos de fosas clandestinas con decenas, a veces cientos, de restos humanos.
Humberto Moreira no sólo gobernó Coahuila durante un periodo de acelerado repunte de la violencia, marcado por una de las crisis de desapariciones más dramáticas en la historia reciente del país. El exgobernador también tiene la dudosa distinción de haberse convertido en un activo promotor de acciones contra los periodistas e investigadores que cubrieron los trágicos hechos de violencia que ocurrieron durante su mandato. En febrero pasado, Moreira presentó una segunda demanda contra Sergio Aguayo, alegando que éste dañó su “imagen y honor” con las investigaciones que coordinó en La Laguna (una primera demanda por daño moral llegó hasta la Suprema Corte, que dio la razón a Aguayo).
La historia de Coahuila en aquellos años bien puede describirse –sin temor a exagerar– como una página negra. Es por eso que resulta un tanto paradójica la evolución que han reportado los principales indicadores de violencia e inseguridad en Coahuila durante los sexenios de los priistas Rubén Moreira (hermano de Humberto), de diciembre de 2011 a diciembre de 2017, y de Miguel Ángel Riquelme, quien estará en el cargo hasta diciembre de 2023. Rubén Moreira tomó posesión en el momento más cruento de la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas. De hecho, su primer año de gobierno, 2012, fue el más crítico en términos de homicidios dolosos del que se tenga registro en el estado, con un total de mil 160. Sin embargo, los homicidios disminuyeron de forma prodigiosa durante su gestión. En 2017 se reportaron 275, una reducción de más de 75 por ciento a lo largo del sexenio, y se han mantenido en niveles moderados durante la administración de Riquelme. Con base en las cifras preliminares disponibles, mi estimación es que en 2021 se registraron alrededor de 150.
La incidencia de otros delitos también ha mantenido una clara tendencia a la baja. En 2021 se reportaron 477 robos de vehículo en todo el estado, menos de una tercera parte de la cifra reportada en 2015. Sin embargo, el más sobresaliente de los indicadores tiene que ver con la percepción de la gente. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), del Inegi, tiene cobertura en 75 ciudades (en algunos casos ciudades y en otros municipios o alcaldías), distribuidas en las 32 entidades federativas. De acuerdo con el levantamiento más reciente de la Ensu, de marzo las tres ciudades coahuilenses con cobertura, La Laguna, Piedras Negras y Saltillo, tienen una percepción de inseguridad significativamente menor al promedio nacional. Más sorprende todavía, Piedras Negras, una ciudad fronteriza que se ubica en una región donde 10 años atrás los comandos armados de Los Zetas se paseaban a sus anchas, es la segunda ciudad con menor percepción de inseguridad del país, sólo por arriba de San Pedro Garza García, y con un resultado ligeramente mejor al obtenido por Mérida. Saltillo ocupa la cuarta posición.
Es difícil explicar la sobresaliente mejoría de la seguridad en Coahuila. Ciertamente, un factor clave fueron los operativos militares que se llevaron a cabo en el noreste del país durante la última etapa del gobierno de Felipe Calderón. Estos operativos, llamados Escorpión y Lince Norte, no se enfocaron en la mera captura de capos, sino en golpear la capacidad operativa de Los Zetas y del Cártel del Golfo (que, desde entonces, dejaron de existir como organizaciones cohesionadas y, más importante, fueron reemplazados por grupos con un poder de fuego considerablemente menor).
Aun así, me parece que debió haber otros factores, de carácter local, para explicar que Coahuila avanzara en un proceso relativamente continuo de pacificación y construcción de seguridad pública. En este sentido, es probable que, al igual que en Nuevo León, hubiera algunos avances en materia de fortalecimiento de las policías. Sin embargo, si tomamos como referencia la confianza de la población, las corporaciones policiales de Coahuila no están entre las mejor evaluadas del país. La hazaña de reducir la violencia y construir seguridad en Coahuila es en esencia un misterio, que da lugar a especulaciones; si hubo un pacto con la delincuencia o si la paz se ha alcanzado con base en una estrategia represiva.
En cualquier caso, en la recta final del gobierno de Riquelme, Coahuila hace frente todavía a dos grandes desafíos, que el estado debe superar para darle vuelta a la página y convertirse en una verdadera experiencia exitosa. Por un lado, las crecientes presiones que supone el flujo de migrantes, principalmente en municipios del norte del estado. Por otro lado, dar respuesta real a los colectivos de familiares de desaparecidos, muchos de los cuales llevan más de una década exigiendo justicia.