El 6 de marzo, el gobierno federal publicó un reporte sobre los 50 municipios prioritarios en materia de homicidio doloso. Entiendo que documentos de este tipo se generan de forma periódica, y que constituyen una de las principales herramientas con las que el gabinete busca dar seguimiento a los avances en la estrategia de seguridad. El reporte, y lo que deja ver sobre la lógica que el gobierno sigue para hacer frente a la violencia, me preocupa por varias razones.
La primera es que los homicidios dolosos parecen haberse convertido en el único indicador que el gobierno federal considera relevante para evaluar la política de seguridad. Al menos así me lo han manifestado recientemente algunos funcionarios de otros ámbitos de gobierno. Yo he insistido, desde hace más de una década, en la necesidad de poner freno a la violencia criminal. Sin embargo, la construcción de la paz en México no puede reducirse a una simple disminución de los homicidios.
Como explico más adelante, sospecho que, con tal de bajar este único indicador, el gobierno esté presionando para lograr una reducción en las ciudades que tienen mayor incidencia de homicidios, pero que le esté dando la vuelta a algunos de los conflictos criminales más complejos. Estos conflictos criminales ocurren en el ámbito rural y posiblemente no generen un número de muertes muy elevado, pero frecuentemente implican desplazamientos de población y otras afectaciones severas a la vida de comunidades enteras.
Mi segunda preocupación es la selección de los 50 municipios prioritarios (una preocupación que ya he comentado desde que la lista se presentó a mediados del año pasado). Para seleccionar los municipios ‘prioritarios’ el gobierno simplemente se fue por los números absolutos: son prioritarias las demarcaciones en las que se asesina a más personas, punto. Lógicamente se trata, en todos los casos, de municipios grandes: Tijuana, Ciudad Juárez y León encabezan la lista, y también aparecen municipios grandes pero que desde hace tiempo no son particularmente violentos, como Monterrey. De acuerdo con esta lógica, la violencia en Naucalpan es un problema prioritario para el gobierno federal, pero el caso de Aguililla (donde se vive una situación prácticamente de guerra desde hace meses y el alcalde fue asesinado la semana pasada) no lo es.
Mi tercera preocupación tiene que ver con el horizonte temporal del análisis que se describe en el reporte. Para cada uno de los municipios se presenta una gráfica con la frecuencia de homicidios registrados, día por día, durante febrero y los primeros seis días de marzo. En la mayoría de los casos, las gráficas tienen la apariencia característica de las series de tiempo que carecen de observaciones suficientes. En lugar de mostrar una línea sinuosa, pero suave, se observa una línea recta de observaciones en cero, con picos esporádicos en los días en los que se registraron uno o dos homicidios.
En el reporte también se presenta, para cada uno de los 50 municipios, la comparación entre el promedio diario de homicidios registrado en los primeros días de marzo, y el promedio observado en febrero, así como la comparación de los primeros días de marzo y el mismo periodo de 2021. De nuevo, como los periodos de comparación son demasiado breves, el análisis no permite identificar ninguna tendencia relevante, nada que de verdad nos sirva para entender si las cosas van bien o mal. Sólo cambios en apariencia dramáticos, que se deben a que la variación de los homicidios, en un periodo tan corto, es esencialmente aleatoria. Por citar sólo un ejemplo, en Reynosa los homicidios aumentaron 100 por ciento respecto a febrero, pero disminuyeron 88 por ciento respecto al año previo. Lo único que queda claro con esos porcentajes dispares es que el análisis no sirve para nada.
Me extraña que nadie en el gobierno haya reparado sobre el carácter anómalo de las gráficas y los porcentajes que aparecen en el reporte, y haya sugerido la solución obvia (agrupar las cifras de manera semanal o mensual, y ampliar el periodo de análisis). Nunca me he identificado como un crítico acérrimo al gobierno de AMLO. Creo que en su política de seguridad, como en muchos otros temas, hay claroscuros. Sin embargo, como exfuncionario, no deja de dolerme que el desdén y el maltrato de este gobierno hacia la burocracia haya mermado la capacidad que algunas instituciones, mal que bien, tenían para trabajar con seriedad. El reporte de los 50 municipios prioritarios, a todas luces mal hecho, me parece un reflejo de una dinámica generalizada en toda la administración pública federal (no puedo evitar pensar en la puntada de llamar borregos a los miembros del Parlamento europeo en un comunicado oficial). Pareciera que en Palacio Nacional, y en general en el gobierno, hay un enorme déficit de criterio.