El 15 de febrero de 2011 una camioneta blindada con placas diplomáticas circulaba por la autopista federal 57, que comunica Monterrey con el centro del país. A bordo viajaban Víctor Ávila y Jaime Zapata, agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Los agentes transportaban equipo táctico a la Ciudad de México sin haber dado aviso a las autoridades mexicanas. En el noreste del país corrían los peores tiempos de la guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo. Más tarde, una investigación interna revelaría que el viaje se llevó a cabo a pesar de que se consideraba de alto riesgo. Pasó lo peor. A su paso por San Luis Potosí los agentes fueron agredidos por un comando armado de Los Zetas. Ávila quedó herido como consecuencia del ataque. Jaime Zapata murió.
El gobierno de Obama respondió de forma inmediata. Apenas ocho días después de la muerte de Zapata, sin tiempo para averiguar demasiado, inició la operación Fallen Hero: una serie de redadas en distintos puntos de Estados Unidos contra personas vinculadas con cárteles mexicanos. Por lo que sabemos, las redadas fueron bastante indiscriminadas, pero constituyeron un golpe importante. En cuestión de días se realizaron decomisos por 8 millones de dólares y decenas de personas fueron arrestadas.
La semana pasada, como respuesta a una llamada de amenaza contra un inspector del servicio de inspección sanitaria del Departamento de Agricultura (USDA) que laboraba en Uruapan, el gobierno de Estados Unidos sorpresivamente interrumpió la importación de aguacate mexicano. El aguacate es, de lejos, el cultivo de exportación más rentable para nuestro país. Un negocio que ronda los 3 mil millones de dólares al año y que da empleo a decenas de miles de personas en Michoacán. Algunas voces en México, empezando por la del presidente López Obrador, quisieron verle motivaciones comerciales o políticas a este ‘bloqueo’ de las exportaciones de aguacate.
Yo tengo otra hipótesis. De forma deliberada, Washington simplemente optó por la medida más rápida y draconiana que tenía a la mano. Como acostumbran, cuando se trata de acciones contra su personal en México, las autoridades norteamericanas no se esperaron a investigar. Lanzaron el gancho al hígado de toda la industria aguacatera de Michoacán (y, por ende, de todas las mafias que cobran cuota a dicha industria), sin importar demasiado si pagaban justos por pecadores. Así han actuado históricamente, como ilustra el caso del agente especial Zapata y la operación Fallen Hero.
Se ha mencionado que la amenaza al inspector del USDA tuvo que ver con la triangulación de aguacate desde Puebla –una irregularidad, en tanto sólo Michoacán cuenta con la certificación necesaria para exportar aguacate a Estados Unidos–. El gobernador de Michoacán afirmó que la llamada salió de un penal de Ecatepec. Sin embargo, a estas alturas es imposible saber a ciencia cierta quién amenazó al inspector del USDA. Sólo en los municipios de la zona aguacatera de Michoacán operan, por lo menos, cinco organizaciones criminales. Por un lado están las mafias que integran la alianza conocida como Cárteles Unidos, incluyendo a un brazo armado del Cártel de Tepalcatepec, al Cártel del Camaleón, a la Guardia Michoacana, y a la Nueva Familia Michoacana; por el otro, el CJNG. Todos buscan quedarse con una tajada del enorme negocio que supone la exportación de aguacates. La relación con los productores es compleja. Mientras algunos se han organizado para defenderse de los criminales, otros son simples víctimas, y otros más han establecido una relación similar a una sociedad de negocios. Ordenar una medida drástica, indiscriminada e inmediata, era la mejor forma de mandar el mensaje de que, sin importar quién estuviera detrás de la amenaza, seguir por ese camino le saldría caro.
Poner en vilo a una industria entera por una mera llamada de amenaza puede parecer desmedido. Tal vez ahora sí se le pasó la mano al Tío Sam. Es probable que el servicio de inspección del USDA, por no tratarse de una agencia de seguridad, sintiera todavía con mayor intensidad la necesidad de mandar un mensaje contundente para tranquilizar a su personal. Sin embargo, estas acciones corresponden a la lógica de largo plazo de un gobierno que entiende la importancia de mantener el principio de autoridad. Es una estrategia que da resultados. A pesar de la crítica situación de inseguridad que ha prevalecido en México desde hace ya más de una década, las agresiones contra agentes y funcionarios norteamericanos han sido relativamente excepcionales. El contraste con la actitud en México es francamente doloroso. El año pasado el crimen organizado asesinó 344 elementos de distintas corporaciones policiales, 45 sólo en Michoacán. A nadie le pareció necesario tomar una medida enérgica al respecto.