Un dato fundamental para entender el trágico accidente ocurrido en la autopista Tuxtla-Chiapa de Corzo, que el pasado jueves dejó al menos 55 muertos, es que los sobrevivientes reportaron haber pagado entre 2 mil 500 y 3 mil 500 dólares a los polleros que los llevarían de la frontera sur hasta Puebla. La cifra es astronómica, sobre todo para viajar en la caja de un tráiler. En el mejor autobús ejecutivo ese mismo trayecto cuesta mil 500 pesos.
Sin embargo, los migrantes no pueden pagar un precio razonable por subirse a un autobús de primera, como los mexicanos o cualquier turista norteamericano o europeo. De hecho, para garantizar que no lo hagan, el Instituto Nacional de Migración (INM) giró en octubre pasado una instrucción a las líneas de autobuses, que a partir de entonces deben solicitar a todos los pasajeros extranjeros que acrediten su estancia legal en el país.
Esa instrucción fue sólo una pieza más del esquema de persecución de migrantes que México ha construido a lo largo de los últimos 20 años (el periodo en el que pasamos de ser un país de origen a un territorio de tránsito). Desde hace años el INM, con el apoyo de la Policía Federal y después de la Guardia Nacional, se ha dedicado a montar puntos de inspección y a detener autobuses, con el propósito de capturar migrantes. Frecuentemente los choferes son remitidos al Ministerio Público, donde se les presentan cargos por tráfico de personas. De forma rutinaria el INM también realiza “rescates” –el grosero eufemismo que se usa para no decir detenciones– en hoteles modestos de Veracruz, de Puebla y de la frontera norte. La lógica es hacer que el trayecto por México sea lo más difícil e incierto posible, con la esperanza de evitar que el número de migrantes se dispare.
Esta política hacia los migrantes es francamente cobarde. No se busca hacer la frontera infranqueable y cerrar la llave de la migración, pues hacerlo tendría un alto costo para la imagen del gobierno. El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur en 2019, instrumentado ante las amenazas de Trump de imponer aranceles si México no reducía el flujo migratorio, tuvo un efecto efímero. Nuevamente se permite que un alto número de migrantes se interne en Chiapas, para después dejarlos varados en Tapachula por meses, para obligarlos a caminar en condiciones inhumanas o bien para cazar de forma velada a los que viajan dispersos u osan tomar algún transporte u hospedarse en un hotel.
Nuestra política también es cómplice con los criminales. Cualquier persona sin escrúpulos y con vocación empresarial tiene un fabuloso negocio en bandeja de plata, pues los migrantes, orillados por la desesperación, están dispuestos a pagar cientos y miles de dólares a cualquiera que les ofrezca una oportunidad de llegar a la frontera norte. El negocio es tan bueno, que es francamente imposible que se avance por la vía de sanciones más severas, como ya propusieron algunas autoridades después de la tragedia. Por más que llenemos las cárceles de tratantes, siempre habrá alguien dispuesto a embolsarse medio millón de dólares por llevar un tráiler repleto de personas de Chiapas a Puebla.
No hay una salida sencilla ni bonita al dilema que implica ser un país de tránsito de migrantes. Por un lado, abrir completamente la llave de la migración, y liberar el tránsito por territorio nacional, implicaría la formación de enormes campamentos en las ciudades de la frontera norte (como el que se formó en septiembre en Ciudad Acuña, pero de dimensiones mucho mayores). Esta alternativa generaría también un nuevo desencuentro con Estados Unidos. Por otro lado, intentar hacer infranqueable la frontera sur, es decir, cerrar la llave, aumentaría la frecuencia y la visibilidad de los enfrentamientos con la Guardia Nacional. Sin embargo, me atrevo a decir que el statu quo –los “rescates” de migrantes en su trayecto dentro del país– es probablemente la peor salida posible, al menos desde la perspectiva de los migrantes. Es también una salida que una y otra vez desemboca en tragedia, como ocurrió en San Fernando en 2010, y la semana pasada en Chiapas.
Finalmente, vale la pena señalar que la actual política migratoria de México, que propicia que el trayecto no sólo sea peligroso sino también carísimo, pone su granito de arena para perpetuar la miseria en Centroamérica (justamente lo contrario de lo que el Presidente dice que hay que hacer). Cada año cientos de miles de migrantes empeñan todo lo que tienen, y más, en intentar llegar a Estados Unidos. Algunos logran su objetivo. Algunos encuentran la muerte. Muchos más son deportados y vuelven a casa completamente arruinados.