La semana pasada los partidos integrantes de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la escandalosa intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral. La relatoría de eventos que presentaron es francamente aterradora y no deja mucho lugar a dudas: el crimen organizado le entró con todo a las campañas de este año. Aunque hubo un poco de todo, los casos de violencia electoral de mayor impacto tuvieron el objetivo de golpear a los rivales de Morena.
Los grupos criminales que intervinieron en las elecciones demostraron, por un lado, contar con buena inteligencia y capacidad de operación. Por otro lado, también es claro que las distintas acciones no fueron definidas por una sola mente maestra, sino que se fueron ejecutando, de acuerdo con criterios divergentes y a veces contradictorios. Hubo varios “disculpe usted señor candidato” o “se nos pasó la mano”. Una aspirante a una alcaldía pidió permiso a un enlace del Cártel de Sinaloa para participar en la contienda. El permiso inicialmente le fue concedido. Le mandaron decir: “La política es de los políticos; no nos metemos”. Sin embargo, alguien cambió de opinión y en la víspera de la jornada electoral sus familiares y colaboradores fueron golpeados y amedrentados. A su hermano lo secuestraron.
Otro aspecto que llama la atención, tal vez el más preocupante, es que los criminales intervinieron en las elecciones sin que nadie los molestara, ni la autoridad local ni la Guardia Nacional. Sólo así se explica que se animaran a secuestrar a decenas de personas de forma casi simultánea, como ocurrió en Sinaloa, o que levantaran a una candidata durante un acto de campaña y a plena luz del día, como pasó en Valle de Bravo, o que coaccionaran el voto de localidades enteras, como se reportó en Taxco.
Los detalles de la intervención criminal en las elecciones quedaron bien documentados, tanto en las numerosas notas periodísticas que se publicaron a lo largo de las campañas, como por testimonios que se han ido recopilando, y que ahora quedaron integrados en el documento elaborado por la coalición Va por México. Este material deja en claro que el crimen organizado, en particular organizaciones afines al Cártel de Sinaloa, operaron en contra de los candidatos de dicha coalición –y, por ende, a favor de Morena.
Lo que todavía no sabemos, y lo que resulta sumamente importante, es qué esperan en concreto los criminales a cambio de su intervención. No sabemos si el Cártel de Sinaloa simplemente tiene la convicción de que, en términos generales, le conviene que gane Morena. Tal convicción sería comprensible, en virtud de los gestos del Presidente hacia la familia Guzmán Loera, y del reducido número de detenciones registradas durante la actual administración (de acuerdo con el monitoreo de Lantia Intelligence, en los últimos dos años sólo han sido arrestados 193 miembros del Cártel de Sinaloa, en contraste con los más de 700 detenidos del CJNG).
Sin embargo, no podemos descartar que, en algunos casos, el interés de intervenir haya obedecido a algo más que a una mera convicción: acuerdos, pactos, compromisos explícitos. Ésta será la pieza de información más difícil de recabar. Sólo en contados casos hemos llegado a conocer los acuerdos a los que el crimen organizado llegó en el pasado con los políticos a los que apoyó durante las campañas. El principal precedente es lo ocurrido en Morelos en la elección de 2015, cuando Los Rojos intervinieron en las elecciones municipales a cambio de tres cosas: gozar de impunidad para llevar a cabo sus actividades, cobrar a los ayuntamientos una cuota de entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales, y asegurar que ciertos contratos de obra pública fueran para las empresas que ellos escogieran.
No será sencillo averiguar cómo fueron los arreglos –en los casos en que éstos hayan existido–. Sin embargo, un primer paso sería observar de cerca cómo se comportan los alcaldes que ganaron ahí donde el crimen organizado operó más fuerte; a quiénes nombran como mandos en la policía, o si hacen contrataciones o pagos anómalos.
Por otra parte, las denuncias presentadas la semana pasada ante organismos multinacionales son un movimiento interesante. En el caso de la denuncia ante la OEA existe la posibilidad de que el secretario general o el Consejo Permanente de dicho organismo autorice una misión especial para investigar más a fondo lo ocurrido. El tema seguirá en la agenda pública y tal vez algún día tendremos un poco más de luz.