Desde el Palacio de Cobián –el señorial edificio porfiriano, siempre resguardado por la policía capitalina, donde tiene su sede Segob– el país se ve distinto. Al menos así lo sugieren las palabras de la secretaria Olga Sánchez Cordero, al hablar el jueves pasado sobre la violencia que vivimos a lo largo del proceso electoral. Para ella, a pesar de todo lo ocurrido, había condiciones para que los comicios se realizaran en paz. En sus propias palabras “...los problemas que enfrentamos son, así puedo afirmarlo, hechos o incidentes focalizados, que afectan muy pocos municipios y muy pocas casillas electorales”. Sánchez Cordero no sólo consideraba que los incidentes de violencia política habían sido aislados, también concluía que “...los hechos que han ocurrido, afectando a candidatos de todos los partidos, en la enorme mayoría de los casos no tienen relación con el proceso electoral”.
Difiero con la secretaria. No basta el cumplimiento de requisitos formales, como la instalación del mínimo de casillas establecido en la ley. Una cosa es la validez formal de la elección. Otra muy distinta es la paz y el ejercicio efectivo de los derechos políticos, empezando por el derecho a ser votado. La violencia política, tanto la que se ejerce, como la que se queda en amenaza creíble, es incompatible con la democracia.
La afirmación de Sánchez Cordero de que los hechos de violencia no tienen relación con el proceso electoral resulta francamente irresponsable. Tomemos el caso de los candidatos asesinados. A lo largo de los tres meses de campaña se reportaron en medios seis homicidios de candidatos a alcalde con registro (no aspirantes, ni precandidatos, ni candidatos a regidor o a otros puestos, ni suplentes, ni colaboradores, sólo candidatos titulares a alcalde con registro formal). Si tomamos en cuenta esta cifra de seis víctimas, y estimamos que para estos comicios hubo en total alrededor de 14 mil candidatos a alcalde (considerando elecciones en poco menos de 2 mil alcaldías y municipios, y un promedio de siete candidatos en cada uno), durante las campañas, la tasa anualizada fue de 171 homicidios por cada 100 mil. Es más de seis veces la tasa que se observa para el conjunto de la población (donde rondamos los 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, que ya de por sí es una barbaridad).
Es claro que no los mataron por coincidencia, ni a Alma Rosa Barragán, candidata en Moroleón, Guanajuato; ni a Abel Murrieta, candidato en Ciudad Obregón, Sonora; ni creo que sea el caso de ninguno de los demás. Los mataron por motivaciones vinculadas a su condición de candidatos. Sus homicidios tuvieron todo que ver con el proceso electoral.
Pueden parecer “contados”, como dice Sánchez Cordero, los seis municipios donde ejecutaron candidatos a alcalde. Sin embargo, los asesinatos son sólo la punta del iceberg. También hay que considerar los ataques, las amenazas a familiares y colaboradores, los levantones y las muchas otras formas de intimidación. De acuerdo con el monitoreo de Lantia Intelligence, de junio de 2020 a mayo de 2021 se registraron 292 incidentes de violencia político-electoral. Los estados con mayor número de incidentes fueron Veracruz (44), Guerrero (29), Estado de México (28), Puebla (25) y Oaxaca (20). También hay que considerar que, por cada incidente que sale a la luz pública, hay varios más que permanecen en la penumbra. Esto lo debería saber muy bien la secretaria Sánchez Cordero. De ninguna forma se trata de un fenómeno aislado. La violencia política es una realidad muy extendida y en pleno crecimiento.
Lo más grave, sin embargo, no es lo que pasó en las campañas, sino lo que viene, en particular las implicaciones que la violencia política tendrá en el futuro próximo para la seguridad de los mexicanos de a pie. En regiones enteras del país las alcaldías las encabezarán personas que ya recibieron un mensaje muy amenazante del crimen organizado. También personas que ganaron porque la delincuencia logró deshacerse de sus rivales. No podemos condenar a nadie, pero es perfectamente razonable preguntarse, por poner un ejemplo, si estos alcaldes van a nombrar libremente a sus directores de policía o si más bien van a nombrar a alguien palomeado por la maña. Es necesario preguntarse si el día que llegue un comando armado a limpiar la plaza van a decidir actuar, o si recibirán y acatarán la instrucción de no estorbar.
Resta decir que, mientras escribo estas líneas, la jornada electoral no marcha precisamente en paz, como anticipaba la secretaria de Gobernación. Ya hubo noticias de balaceras frente a casillas en Puebla. En Tijuana arrojaron cabezas humanas en dos mesas de votación. En Metepec un grupo irrumpió en una casilla para robar y destruir material electoral. Se reportó otra trifulca, con armas de fuego involucradas, en una casilla en Valle de Chalco. Difiero. El país no llegó en paz a la elección. Reconocer un problema es el primer paso para resolverlo.