No es una exageración decir que en los últimos años México quedó hecho un cementerio. La estimación de Lantia Consultores es que el sexenio de Enrique Peña Nieto cerró con unas 157 mil víctimas de homicidio doloso. De lejos, es el sexenio con más violencia en la historia reciente del país. Si comparamos con el periodo de Felipe Calderón, el incremento ronda el 30 por ciento, y el aumento llega a un catastrófico 160 por ciento si tomamos como referencia el sexenio de Vicente Fox. Para 2018 la estimación es que cerraremos con otro récord, 37 mil homicidios dolosos. No sólo se trata del año más violento de la historia reciente de México, el aumento es de casi 20 por ciento respecto a 2017 (que ya fue en extremo violento). Si comparamos con 2011, que fue el año con más muertos del sexenio de Calderón, el aumento es de 36 por ciento.
Lo más triste del caso es que Peña Nieto arrancó su mandato con vientos favorables. En 2012 y 2013 los homicidios, junto con otros delitos de alto impacto, iban a la baja. Sin embargo, no se supo aprovechar este impulso. A mediados de 2014 inició un acelerado aumento de la violencia y un deterioro del clima de seguridad. Para ese entonces ya era claro que las organizaciones criminales habían cambiado de naturaleza, que se habían expandido a regiones del país que antes eran tranquilas y que incursionaban con enorme éxito en nuevos negocios. El robo de combustible fue la gran innovación criminal del sexenio. Sin embargo, no es el único negocio emergente de los criminales. Entre otros giros florecientes podemos destacar el robo masivo de mercancías de trenes y contenedores, y hasta el robo de agua potable.
Ante este cambiante panorama del crimen organizado el gobierno de Peña Nieto prefirió nadar de muertito. No se avanzó en casi nada en el fortalecimiento de las corporaciones policiales, pues para hacerlo hubiera sido necesario incomodar a gobernadores y alcaldes. Por el contrario, se solapó que el crimen organizado tuviera una participación cada vez más activa en la vida política local. Uno de los datos más preocupantes es el número sin precedente de candidatos asesinados o agredidos por la delincuencia durante el pasado proceso electoral. Esta violencia sugiere que en los próximos años tendremos todavía más penetración criminal en los gobiernos locales que nunca antes en nuestra historia.
El gobierno de Peña Nieto fue un fracaso rotundo y casi absoluto en materia de seguridad. No sólo por las cifras de homicidios y de incidencia delictiva. También por las tragedias humanas (en Tlatlaya, en Iguala y en Tanhuato) y por el tragicómico episodio de la fuga de El Chapo. Estos eventos causaron un daño irreparable a la credibilidad de nuestras instituciones de seguridad.
Dentro del desastre, la única perla fue que, con el liderazgo de Renato Sales, se logró impulsar una estrategia de unidades especializadas que ha sido relativamente exitosa para combatir el secuestro. De acuerdo con cifras de la encuesta de victimización del INEGI, en el primer año del gobierno de Peña Nieto hubo unos 130 mil secuestros, y para 2017 se había logrado reducir esa cifra a unos 80 mil.
Desafortunadamente, AMLO la tendrá mucho más difícil que su predecesor. No se esperan vientos favorables. Hoy México tiene decenas de grupos criminales con alto poder de fuego y en plena expansión, que no sólo trafican drogas, sino que también extorsionan y roban al por mayor, y que en amplias regiones del país actúan en contubernio con las autoridades. La creación de la Guardia Nacional, si se llega a concretar, va a ser un proceso lento y complejo. En los próximos meses el gobierno tendrá que dar resultados con lo que hay. Por ello, me temo que nos saldrá caro el desprecio con el que se está tratando a algunos de los mejores funcionarios que había en la áreas civiles de seguridad e inteligencia (las personas que más saben de bases de datos y análisis delictivo, de combate al secuestro y del uso de nuevas tecnologías para la seguridad, hoy están en su casa).
En conclusión, no vienen tiempos fáciles, y no podemos esperar que en los próximos meses, con el solo cambio de gobierno, haya una repentina mejoría de las condiciones de seguridad. En el actual contexto lograr una estabilización (es decir, evitar que en 2019 sigan aumentando los homicidios) ya sería un logro. Esperemos que los responsables del tema en el nuevo gobierno reciban en estas fechas la serenidad y la determinación que van a necesitar para avanzar, así sea gradualmente, hacia la pacificación que tanto necesita el país.