Opinión Edna Jaime

Una oportunidad de oro para relanzar al INE

Se ha señalado que es precisamente la debilidad en los procesos de designación lo que permite la captura de las instituciones del Estado.

La autora es directora de México Evalúa .

Entre las cosas que más marcaron mi juventud están los temas electorales. Particularmente, el apabullante peso de un partido político que ganaba arrasando, y que en algunos distritos o localidades se llevaba el 100 por ciento de los votos. Es más, había plazas en las que se contabilizaban más votos que personas registradas en el padrón. No existía incertidumbre sobre el resultado, propia de un proceso democrático, sino la certeza, ex-ante, de quién resultaría ganador.

También recuerdo que uno de mis primeros trabajos, todavía como estudiante de ciencia política, fue aplicar encuestas sobre cultura política para el proyecto de un profesor. La muestra de los entrevistados se tomó del padrón electoral de entonces –hablo de la segunda mitad de los años 80–. Al salir a campo fue muy desconcertante encontrar terrenos baldíos donde debían existir hogares, o personas inexistentes en los domicilios en los que, según dicho padrón, debían residir. La coincidencia entre el padrón y lo que encontramos en terreno fue muy baja. Nuestro registro de electores era de calidad ínfima.

El gobierno controlaba las elecciones. Era juez y parte. Árbitro y jugador. Y su intromisión sesgada era patente en todas las etapas del proceso. Desde la conformación del padrón y la organización electoral y el conteo, hasta la resolución de impugnaciones. Todo construido para que el partido en el poder lo preservara llamando, con puntualidad religiosa, a elecciones. La 'dictablanda' perfecta.

Romper con ese control parecía imposible. Hasta que la complejidad creciente y la pluralidad de la sociedad mexicana sobrepasó los diques de aquel régimen monolítico, que década tras década parecía reinventar los medios para autopreservarse.

Esto luce como un relato viejo y superado, que quizá no vale la pena contar de nuevo. Pero en la antesala del relevo de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), es necesario leer la historia para recordar la hazaña por la que este país y los mexicanos transitamos: ni más ni menos que la construcción de instituciones de Estado para hacer valer nuestros derechos políticos. El INE, en particular, es una institución madura y, bajo su manto hemos tenido las alternancias que sellan nuestra democracia electoral. La hemos cargado de encomiendas tan variadas y extensas como nuestras desconfianzas. Y en todas es razonablemente competente y potente. El único ámbito problemático, a mi parecer, es el del financiamiento a campañas. Sabemos que corre dinero de origen dudoso en las campañas, y que supera los límites impuestos por la ley. El dinero sesga resultados; daña el piso de equidad en que debe desarrollarse la contienda. Esta asignatura pendiente requiere de una arquitectura de fiscalización y control que supera las atribuciones actuales del Instituto, pero no por ello debe desdeñarse.

En unos días tendremos el relevo de cuatro consejeros del INE. Estos procesos siempre tensan a las instituciones. Desde hace años se hace la lectura de que los partidos se reparten esas posiciones conforme a cuotas, o negociaciones inconfesables. Esta es mi opinión: no hay evidencia de que los consejeros trabajen a favor de quienes supuestamente los colocaron en el puesto. Pero en las estelas de nuestras desconfianzas esta lectura encuentra terreno fértil.

El proceso que dará inicio en unos días se da en un ambiente particular: la intentona de reforma al Instituto y el relevo anticipado de sus integrantes, incluyendo a su presidente. No sería la primera vez que sucede, pero no por ello es aceptable. Remover a consejeros o cambiar a capricho la ley debe ser una práctica condenable, porque sujeta a los árbitros a presiones y decisiones que los vulneran.

El proceso de nombramiento que tenemos en puerta es complicado por el contexto. Porque el presidente señala al Instituto como inclinado hacia una de las partes y porque repite esa letanía que señala a estas instituciones como parte del statu quo a desmantelar. Retórica paradójica, porque a partir de un trabajo de organización electoral confiable se dieron las condiciones para su triunfo.

Yo veo al relevo de los cuatro consejeros como una gran oportunidad para afianzar procesos de designación que cumplan con altos estándares. Se ha señalado que es precisamente la debilidad de los procesos de designación lo que permite la captura de las instituciones del Estado, pues facilita el establecimiento de correas de transmisión entre sus titulares y quienes los designaron, lo que arruina el diseño de una institución que debería ser autónoma con respecto al poder, porque lo vigila o regula. Si el presidente quiere prevenirlo, tiene en sus manos –lo mismo que su partido en el Legislativo– una oportunidad de oro: sentar precedentes para garantizar que los que llegan a los puestos son los mejores y más aptos para hacer avanzar el mandato de la institución, en este caso en el tema electoral.

Hace unos días se hizo público un posicionamiento suscrito por personas de distinto signo y formación con 10 propuestas para darle al proceso de designación las mejores garantías de imparcialidad y solidez. Invito al lector a consultarlo y apoyarlo con convicción (está en el sitio web de México Evalúa). Porque no quiero que nuevas generaciones sientan la impotencia de vivir en una época en la que el poder es apabullante, y el ciudadano insignificante ante esa omnipotencia. Ni un paso atrás sería aceptable.

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