La autora es directora de México Evalúa .
En mi columna de la semana pasada subrayé las consecuencias profundas de no contar con estadística criminal confiable. Describí, también, el camino que en México Evalúa hemos tomado para dotarnos de herramientas que nos permitan hacer lo elemental: medir qué tan deficiente (mi pesimismo está documentado, ya verán) es el registro oficial de homicidios dolosos.
El pasado martes presentamos la más reciente de esas herramientas, el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC). Ya tenemos indicios sobre lo que falla y cómo falla en las 32 entidades federativas, pero eso es sólo el primer paso. Lo que sigue es mucho más complejo.
Veamos primero los datos. El ICEC utiliza métodos estadísticos para dar con una calificación de confiabilidad para cada estado. El promedio nacional es de 7.62 sobre 10. No tan mal, se puede decir. Sin embargo, este número cobija diferencias notables en el manejo de la estadística criminal entre entidades federativas. Lo interesante ahora es explicarnos esas diferencias. Aquí intentaré algunas hipótesis.
Entre los estados con resultados bajos o con características llamativas se encuentran el Estado de México (2.5), Oaxaca (6.1), Tabasco (6.4) o Guanajuato (8.4).
A Oaxaca lo catalogamos como un caso especial. Los homicidios dolosos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no parecen coincidir con las defunciones por homicidio que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). No sólo no coinciden, sino que parece que las dos series de datos reportan fenómenos totalmente distintos. Los datos del SESNSP registran caídas extremas en algunos meses de 2015, 2016, 2017 y 2018. Después de estas caídas los homicidios dolosos parecen repuntar con la misma fuerza con la que cayeron. La explicación más probable es que haya fallas graves en la manera en que los ministerios públicos de la entidad reportan las cifras. ¿Una carencia 'técnica'?
En Guanajuato y Tabasco, por su parte, las olas de homicidios dolosos vician la estadística de homicidios culposos. Aquí el problema es que a mitad de una crisis en el aumento de la violencia letal, extrañamente se reportan cada vez más homicidios culposos (accidentales), fuera de lo que sería una trayectoria normal para este delito. La hipótesis, entonces, es que la entidad está llevando al cajón de registro de los homicidios culposos una cantidad sustancial de dolosos.
El Estado de México sale muy mal calificado en tres de las cuatro dimensiones del índice. Aquí, las cosas de plano no cuadran. Primero, las fuentes oficiales (SESNSP e Inegi) reportan datos con diferencias notables de hasta 70 víctimas mensuales de homicidios dolosos. Segundo, la evolución de los homicidios culposos asemeja una escalera, lo que apunta a una trayectoria que de ninguna manera puede ser normal. Y tercero, los homicidios culposos que reportan están muy por debajo de nuestra predicción. Todos estos factores apuntan a un subreporte de los dos tipos de homicidios. Algo, créanme, completamente 'peculiar'.
El ICEC también identificó casos ejemplares. Allí está Colima, la entidad mejor evaluada (9.5). Sus datos no sugieren manipulación.
¿Por qué unos estados salen mejor que otros? ¿Se trata sólo de una cuestión de capacidades y recursos diferentes? ¿Los yerros o aciertos no son deliberados sino producto de un entrenamiento (o falta del mismo) y de los recursos con los que disponga para hacer el trabajo? Es una explicación, pero no puede ser la única, y es cuando surge la sospecha de manipulación deliberada, producto del fuerte incentivo que tienen los funcionarios a maquillar las cifras: se le premia o castiga según la evolución de los números.
Respecto a la primera explicación, es seguro que la variabilidad en las capacidades impacta el resultado. Pero, ¿respecto a lo segundo? ¿No tendrían todos los funcionarios de instituciones de seguridad y de justicia el mismo incentivo para maquillar? Y no, no lo tienen, como demuestra nuestro propio índice. Lo que queda después de estas certezas es el misterio central de las instituciones de seguridad y justicia.
Lo que quiero decir es que los datos nos dan una parte de la historia, pero no nos pueden decir el motivo preciso por el cual se reportan bien o mal las cifras delictivas.
Si lográsemos desentrañar las razones de esa conducta diferenciada, podríamos hacer mucho más por el cambio institucional que necesitamos. Es verdad que necesitamos un auditor independiente, como ya he mencionado en otras ocasiones, pero ahora me queda claro que necesitamos algo más: que las instituciones nos dejen ver sus entrañas. En efecto, exigir transparencia es una tarea central para la ciudadanía entera.