La autora es directora de México Evalúa .
La iniciativa preferente es un instrumento muy potente para que el Ejecutivo ponga a trabajar al Legislativo en un tema que le sea prioritario. Existe para que una iniciativa de ley no se atore en los pasillos de las cámaras; por eso, establece plazos perentorios para que ésta se dictamine y/o se vote. Pues bien, la actual Legislatura inauguró los trabajos de su último periodo de sesiones con una iniciativa preferente sobre la mesa. Se trata de reformas a distintas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, que consumarían lo que el presidente ha buscado desde el primer día de mandato: echar para atrás la reforma energética de 2013.
El presidente no tiene argumentos. Sólo ideología. Lo secunda la secretaria de Gobernación, quien, al frente de la mañanera del día de ayer, afirmó que la rectoría del Estado sobre el sector se recuperaría dando a la Comisión Federal de Electricidad un papel preponderante en la industria. Me parece muy rocambolesca la manera en que se equipara rectoría con darle ventaja a un jugador, la empresa estatal, cuando la rectoría debería entenderse como la intervención del Estado para asegurar la generación del mayor valor posible para sus ciudadanos. Seguramente ésta no es la definición del diccionario o la que está en la ley, pero si no es para eso, entonces, ¿para qué sirve?
¿Quieren darle al Estado 'mayor mano' en la industria? Ya en el texto constitucional se le da un papel importantísimo, en su función de regulador. No es que con la reforma se soltaran las amarras para que cada interesado en el sector hiciera lo que le viniera en gana. Justamente porque hay tanto de por medio que la función del Estado y sus entes reguladores es tan delicada y central. Tienen la función de hacer efectiva la rectoría del Estado en la materia; hacer que los actores en el sector cumplan las reglas del juego. Si estas entidades regulatorias no han cumplido con su función plenamente, lo que procede es examinar su diseño, para hacerlo óptimo.
Una de las primeras decisiones del presidente fue justamente intervenir en estos órganos reguladores. Los del sector energético, particularmente. Con distintos recursos, incluyendo la intimidación, los ha ido sometiendo. Los mejores perfiles y cuadros en estas entidades se han ido. En su lugar ha colocado a sus leales. Que no nos digan que se quiere recuperar la rectoría sobre el sector. El presidente está atentando contra ella, todos los días. Él no es el Estado.
La Comisión Federal de Electricidad tuvo años de gloria. Y sería una empresa mejor si se hubieran reforzado sus decisiones y su operación con un buen esquema de gobierno corporativo, que la aislara de las decisiones políticas y la acercara a criterios de eficiencia y rentabilidad. A la empresa el esquema moderno de gobierno corporativo le llegó tarde, pero aún a tiempo para hacer alguna diferencia. El problema es que no prosperó. Ahora el Ejecutivo quiere equiparar la rectoría de Estado con darse todo el poder en las decisiones en esta industria. Rectoría del Estado no es lo mismo que la voluntad del presidente o la secretaria del ramo. Eso sí lo pueden buscar en el diccionario o en la ley y lo constatarán.
Lo interesante de toda esta trama es que apenas hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó 22 disposiciones de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, mejor conocida como 'Decreto Nahle', por no ajustarse al marco constitucional y legal vigentes. Por eso quieren ahora cambiar la ley. Aun así no les alcanza. Necesitan una reforma constitucional.
En los próximos días sabremos la suerte de esta iniciativa preferente que, ya está cantado, no se alinea con la Constitución. No dudo que la iniciativa se apruebe. No sería la primera vez que los legisladores dan luz verde una legislación con elementos de inconstitucionalidad. Sería una malísima noticia para todos nosotros, y para el gobierno también. Se está dando un tiro en el pie.
La CFE no está en condiciones de ofrecernos a los mexicanos electricidad barata, limpia y en suficiencia. Lo que nos puede dar es energía cara y muy contaminante. Y habrá que inyectarle mucho dinero para mantenerla como está, yo no digo para tratar de hacerla mejor. La repercusión sobre los consumidores será grande. La luz nos costará más. Y para sostener el esquema de subsidios al que son acreedores algunos hogares, habrá que echar mano de dinero que no tenemos, a menos que lo restemos a otros rubros como la salud (en los hechos ya sucede así). Del golpe a la inversión ya ni hablo. Este gobierno ha erosionado toda fuente de certidumbre para atraerla, sobre todo en este sector, que es uno de los más atractivos. En fin, un panorama negro para uno de los momentos más sombríos de este país.
Estas son algunas implicaciones de la iniciativa preferente, de quien se autodenomina el mejor gobierno en el peor momento para el país.