La autora es directora de México Evalúa
En agosto de 2010 fueron asesinados 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, al menos 24 de ellos eran hondureños. Desde entonces, en ese país han tenido claro que el riesgo, en términos de seguridad, de cruzar el territorio mexicano resulta más grave que vivir en San Pedro Sula, la tercera ciudad más peligrosa del mundo. Aun así, hoy atraviesan el país aproximadamente diez mil centroamericanos, la mayoría son familias, mujeres y niños que han caminado desde Honduras. Las amenazas a su integridad han sido disipadas por el reflector internacional, que da cuenta de la marcha de estos migrantes.
Es cierto que las condiciones de una parte importante de la población hondureña son lamentables. Honduras es el país con mayor desigualdad en Latinoamérica, el 63.8 por ciento de su gente se encuentra en la pobreza. Sus índices delictivos son muy altos, en 2012 llegó a ser el país más peligroso del mundo, con una tasa de homicidios de 148 por cada cien mil habitantes. Para 2016 esta tasa bajó a 112, pero lo sigue situando como uno de los países más violentos.
La matanza de San Fernando fue una advertencia del infierno en que se ha convertido México para los indocumentados. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho sostiene que todos los días en su recorrido por México hacia Estados Unidos, los migrantes enfrentan diferentes crímenes y violaciones a sus derechos humanos, como discriminación, trata, esclavitud, tortura, detención arbitraria, reclutamiento forzoso, extorsión, abuso sexual, entre otros abusos graves a sus derechos. Las caravanas colectivas, en consecuencia, se han convertido en una estrategia para viajar en grupos numerosos, con el apoyo de organizaciones sociales.
Desde noviembre de 2017, después de las cuestionadas elecciones en Honduras, el gobierno ha enfrentado una crisis de legitimidad, la cual se agudizó luego de que Trump amenazara con retirar los apoyos económicos que Estados Unidos le da a la administración de Juan Orlando Hernández, si éste no hacía nada para evitar las caravanas hacía su país.
El presidente Trump aprovechó la coyuntura electoral en su país para señalar a los colectivos de migrantes como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Estigmatizar como delincuentes y fomentar el odio hacia los indocumentados le redituó en votos en 2016. Este 2018 ha decidido radicalizar su postura al grado de amenazar con desplegar cinco mil 200 soldados en la frontera con México, los cuales, de acuerdo con sus declaraciones, estarían autorizados a disparar en caso de ser atacados con piedras.
Trump está creando un escenario de defensa patriótica. El nacionalismo radical sigue resonando entre su base dura, como se mostró en la pasada elección.
En Honduras la oposición política a Orlando Hernández ha aprovechado la coyuntura para convocar personas a la caravana, pues la crisis política con Estados Unidos les favorece; los demócratas aprovechan la caravana en espera de que Trump exhiba rasgos de odio o de estupidez que impacten negativamente en su imagen; Trump, por su parte, aprovecha la caravana para pintarse del héroe que evitó una invasión; Peña Nieto aprovecha para aparecer tímidamente como el todavía presidente de México, a pesar de que hace tiempo cedió el mando. López Obrador aprovecha para extender bienvenidas y apoyos, que como equipo de transición está imposibilitado a brindar. Todos buscan lucrar.
Mientras, los migrantes recorren con incertidumbre y enormes precariedades el país.
Su única conquista hasta el momento es haber dejado la invisibilidad. La cobertura y las reacciones a su periplo nos recuerdan que tenemos muchos políticos frívolos que lucran del dolor y muy pocos estadistas. Esa clase de políticos que entienden que el poder sirve para transformar entornos y mejorar vidas. Una clase de políticos en extinción.
Por lo pronto, no quitemos la atención a la caravana migrante. Es lo que podemos aportar para que no sean abusados como siempre.