La autora es directora de México Evalúa .
Perdóneme, querido lector, si invoco un caso que los mexicanos enterramos hace tiempo. Me podrá decir que para qué le muevo, si todavía nos duele. Me refiero al NAIM, la obra en los alrededores del lago de Texcoco que se convertiría en un aeropuerto moderno y resolvería el problema grave de tráfico aéreo en la capital del país. El NAIM fue cancelado porque el presidente López Obrador nos argumentó que había mucha corrupción asociada a su construcción. No estoy enterada de que exista un solo expediente administrativo o judicial abierto por este caso. Hasta ahora lo que único que tenemos es la palabra del presidente.
Aunque usted no lo crea, estimado lector, el NAIM fue un proyecto con un grado bastante alto de apertura en la información asociada a sus contratos. Lo puedo asegurar porque el equipo de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, encabezado por Mariana Campos, estuvo muy cerca del proyecto, planteando la necesidad de abrir al público sus contratos y documentos más importantes. El trabajo de Mariana y otros colegas dio frutos. El NAIM es hasta ahora el proyecto de infraestructura pública federal con más documentos publicados.
Tener acceso a esa información nos permitió hacer cosas que considero importantes. Por ejemplo, conocer que la barda perimetral del nuevo aeropuerto, contrato asignado al Ejército, presentó sobrecostos muy notables. Se trata de una práctica común en proyectos de infraestructura de distinta dimensión, pero en el caso del que estaba destinado a ser el nuevo aeropuerto, este sobrecosto fue muy significativo, y las razones pudieron ser muchas. Nosotras pusimos 'ojos a la obra'; colocamos el tema en el debate público, como lo hicimos con lo que observamos en otras obras emblemáticas de la pasada administración.
Sin embargo, jamás hubiéramos podido insinuar nada más que lo que publicamos: un análisis de licitaciones y contrataciones. El trabajo de fiscalización de estas obras corresponde a instituciones del Estado mexicano, mismas que ya han generado pliegos de observaciones, que están en trámite. Y no sé si algo más. No por ello deja de ser importante el trabajo que desde la sociedad se puede hacer para complementar la rendición de cuentas, necesaria para asegurar que las cosas se hagan bien.
Acceder a información es bien importante. Nos da a los ciudadanos poder. No nos convierte ni en fiscales ni en auditores, sino en ciudadanos con derechos. Ciudadanos de primera, pues. No exagero si comento que en México Evalúa hacemos en promedio unas dos mil solicitudes de información al año. Y nuestro propósito es generar valor público con la información que obtenemos. Como la que producimos con nuestro observatorio de grandes proyectos de infraestructura.
Con todo, el derecho de acceso a la información se enfrenta todavía a múltiples dificultades. Es un galimatías. Porque desmantelar una cultura de opacidad no se logra de la noche a la mañana. En nuestro caso (me refiero a la nación), tuvimos que normar desde el primer eslabón, que es la constitución de archivos. Y estamos todavía en una fase temprana en materia de acceso a la información. Nuestras leyes son estupendas; no así nuestros órganos garantes, que necesitan mejorar sus procesos y también acabar de definir su relación con la autoridad. Y las autoridades deben entender que trabajan para el ciudadano, de ahí que deban hacer accesible la información sobre su proceder. Todavía no asumen cabalmente que el ejercicio de gobierno y de poder están sujetos a controles. Y la apertura de información es uno de ellos.
Luego de las fiestas decembrinas, el presidente regresó muy envalentonado. Ahora contra el órgano garante de acceso a la información, el Inai. Dice que cuesta mucho y que en realidad es una tapadera.
La desaparición del Inai implicaría un ahorro del 0.01 por ciento del gasto total en 2021. Este no puede ser el argumento que motive su desaparición. Más bien es la idea del presidente que entiende al Estado de una manera muy rudimentaria: un hombre fuerte y un pueblo que lo aclama. La sociedad mexicana, sin embargo, es de una complejidad enorme, porque el país es diverso, dinámico y ha crecido en muchas dimensiones en los últimos años. No puede el presidente sojuzgarlo a sus preconcepciones de orden político.
Pero para ser prácticos a mí me gustaría proponerle al presidente que hiciera el compromiso de transparentar los documentos y contratos de sus obras emblemáticas, como lo hizo el frustrado proyecto del NAIM. No le pido más. Si pudo cancelar una obra que implicó resarcir contratos multimillonarios a costa del erario con un argumento de corrupción, lo menos que puede mostrarnos es que lo suyo es diferente. Porque lo que argumenta es que en su gobierno no es necesario un órgano garante de acceso a la información. Entonces, que nos muestre con hechos que lo que dice es su convicción y nos ofrezca estas piezas de información. En realidad, el reto que planteo no es gran cosa: implicaría simplemente cumplir con las obligaciones de transparencia que impone la ley.
¿Lo acepta, señor presidente?