La autora es directora de México Evalúa
¿Hemos vivido engañados respecto a las cifras oficiales en materia de crimen? Parece que sí. Hace un par de días, un exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, ahora parte de la Procuraduría capitalina, sugirió que los números se alteraban. Y la verdad es que esto no es noticia. En cada cambio de gobierno, los nuevos encargados del tema denuncian a sus antecesores por alterar los registros. Y el patrón se repite cada periodo de gobierno. Y se seguirá repitiendo por el hecho de que se puede hacer sin consecuencias.
Somos uno de los pocos países que produce estadística delictiva a partir de registros de procuradurías, con una periodicidad mensual. Con esta información vamos siguiendo el movimiento del crimen en el país. Esta manera de hacer las cosas ha generado problemas. El primero es suponer que estos números reflejan la realidad, cuando no lo hacen. La autoridad conoce a través de la denuncia apenas siete u ocho delitos de 100 que se cometen. El segundo es que los gobernantes tienen el incentivo a maquillar estas cifras. Al usar las denuncias como indicador de la evolución del delito (y como medida de éxito o fracaso de sus políticas) y al no existir una entidad que verifique la información, la invitación está hecha para manipularlos o inhibir la denuncia. Y un efecto todavía más pernicioso es que las autoridades responsables se crean sus números, y a partir de información de muy baja calidad tomen decisiones.
Al inicio de la administración pasada se abrió una discusión de qué y cómo medir la incidencia delictiva. El acuerdo de base no se modificó sustancialmente: se haría a través de los registros de procuradurías. Se mejoraron aspectos técnicos en el registro y recolección de estos datos, pero una pieza quedó suelta. No se otorgó atribución y dientes a 'nadie' para verificar la validez y veracidad de los registros. Así las cosas, la puerta para alterarlos quedó abierta.
Hay maneras de detectar la manipulación. La más seria consistiría en una auditoría a los datos generados por las procuradurías, pero como lo mencioné, no tenemos una instancia que cuente con esas atribuciones. Sin acceso a los procesos y los sistemas de información de estas instancias, la alternativa es aplicar metodologías de estadística forense para identificar anomalías en la información. Estas metodologías se han desarrollado en el mundo financiero para detectar fraudes, lo mismo que en sistemas electorales con el mismo propósito. De hecho, hace un par de años en México Evalúa aplicamos esta metodología para la base de datos histórica en materia de incidencia delictiva. Y ¡bingo!, encontramos indicios de manipulación que reportamos en un estudio al que titulamos "Cada víctima cuenta". Y estamos por publicar un nuevo documento con una buena propuesta metodológica para detectar cuándo se le mete mano a los números.
La recomendación de dichos estudios es muy vigente: auditemos la información de manera seria. Y para eso necesitamos una entidad técnicamente solvente y políticamente independiente.
Esto no es un capricho técnico. Es la base para evaluar y rendir cuentas sobre la situación de inseguridad que vive el país. Y más que eso, es la materia prima para conocer el fenómeno y eventualmente resolverlo. Para dejar de simular.
Este gobierno dice estar comprometido con la honestidad. Y una dimensión de un gobierno honesto es justamente la manera en la que informa de los asuntos públicos a los ciudadanos. Y no puedo imaginar un asunto más sentido y más padecido que el de la violencia e inseguridad. Por eso creo que debe haber un compromiso público por parte del presidente para que la información que fluye del gobierno a los ciudadanos sea veraz. Y detener el juego de cifras sin un buen sustento que no hacen honor al cambio por el que los mexicanos se manifestaron el pasado julio.
Y discutamos cuál es la mejor manera de dar seguimiento al fenómeno delictivo. Mi propuesta es dejar las denuncias como el parámetro predilecto y tomar las encuestas de victimización como la mejor fuente de información.
Y como el título de nuestro estudio sugería, que cada víctima cuente para que el Estado se sienta obligado a responder.