La autora es directora de México Evalúa .
Tengo mucho aprecio por el CIDE. No me formé en sus aulas, pero me siento muy cerca de la casa. Aprecio y respeto a su director y a muchos de sus investigadores y profesoras. Además, me he beneficiado profesionalmente de la inteligencia y las capacidades que el Centro de Investigación y Docencia Económicas cultiva, pues sus egresados han colaborado enormemente a forjar lo que México Evalúa, institución que dirijo, es hoy. Por eso me duele tanto saber que transita por tiempos difíciles. No acaba de acomodarse a una nueva regla del Conacyt o Hacienda, cuando les imponen otra. Esto ha sumido al centro en la incertidumbre y la zozobra.
El CIDE es un caso que tengo cerca. En él palpo el costo de las malas decisiones, compruebo lo que implica la destrucción de valor. Porque este país pierde lo incalculable cuando cierra las avenidas al conocimiento, cuando desaparece escalones para la movilidad social, cuando resta oportunidades a jóvenes con talento.
Como el CIDE, otras tantas instituciones públicas de educación, ciencia y cultura están siendo afectadas por diversas vías. Lo más reciente es el decreto presidencial que profundiza y acelera las llamadas 'medidas de austeridad', que reducen sueldos y cancelan aguinaldos de funcionarios públicos en ciertos escalafones. Pero también por la amenaza, que todavía no se hace efectiva, de cancelar fideicomisos, una fuente de recursos importantísima para estas instituciones. Por si esto no fuera suficiente, hay un tercer elemento que las estresa todavía más, acercándolas a la inviabilidad: el recorte de 75 por ciento a los montos de un par de partidas de su gasto operativo, que son esenciales para su funcionamiento cotidiano.
Exprimir a estas instituciones es mala idea, porque lo que se obtenga de ellas por la vía de supuestos ahorros son cacahuates frente al desafío fiscal que tenemos. Y porque los destinos de esos hipotéticos recursos excedentes, además, prometen muy poco.
Pero hagamos aritmética. México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey calcularon el impacto de la extinción del aguinaldo y el recorte salarial de altos funcionarios. En el análisis se encontró que serán 20 mil los servidores públicos afectados. El número de plazas impactadas se estimó con base en la información reportada por la Secretaría de la Función Pública en su primer informe de labores 2019, tomando como referencia el Registro Único de Servidores Públicos y del Servicio Profesional de Carrera.
Seis de cada 10 plazas afectadas corresponden a subdirecciones. Es decir, el corazón de la administración pública, las personas que se arremangan la camisa para hacer que el aparato funcione, pero también los que menos ganan entre los mandos superiores en el servicio público federal: su remuneración oscila entre 23 mil y 38 mil pesos después de impuestos. Este recorte salarial y de aguinaldos pondrá a disponibilidad del gobierno un monto de tres mil 513 millones de pesos, esto es, 0.57 por ciento de los 622 mil 650 millones que, dice el presidente, se requieren para mantener sus proyectos y programas prioritarios funcionando.
Por otra parte, en lo que atañe al recorte de 75 por ciento de presupuesto disponible en partidas de servicios generales y de materiales y suministros, México Evalúa estimó que éste sólo liberaría cerca de 63 mil millones de pesos, es decir, un 11 por ciento del monto mencionado. Ya ven que no es por esta vía que se pueden arreglar las brechas en el presupuesto público.
He de mencionar que, además, el presidente se saltó las trancas. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la que quiso enmendar a su favor sin éxito hasta ahora, lo obliga a que, ante una caída en ingresos pronunciada como la que tenemos, presente ante el Legislativo un plan de ajuste en el Presupuesto de manera que responda a las circunstancias. El presidente simplemente lo ignoró.
En estas líneas no voy a entrar en los retornos y rentabilidad de los proyectos prioritarios del gobierno, porque en muchos de ellos ni siquiera existe lo básico, como son reglas de operación –y en otros el sinsentido es evidente, como los relacionados con la obsesión por la refinación de crudo–. Sólo quiero enfatizar lo tremendamente costosas que son estas decisiones cuando las reflejamos en personas, trabajadores, maestros, estudiantes, artistas, científicos, proveedores, familias enteras que se quedarán sin ingresos sin una justificación sustentada en la razón y la evidencia. Los recortes podrían tener un fundamento si son parte de procesos de reingeniería o de racionalización de estructuras, con objetivos claros. Pero nada de esto existe en las decisiones del presidente.
Cuando pienso en el CIDE, por supuesto pienso en la institución, pero también en Eréndira, Chrístel, Cynthia, Alan, Ariadna, Esther, Leslie, Néstor, Osvaldo y otros más, en sus maestros y en todos aquéllos que permitieron un ambiente de aprendizaje que los hicieron excelentes profesionales y mexicanos muy comprometidos con sus semejantes. Como lo han demostrado en su paso por México Evalúa.
Por eso espero que el presidente recapacite, que sus cercanos le hagan entender la transacción nociva que pretende hacer. Y que los sensatos dentro de su equipo alcen la voz o salgan del gabinete, porque no pueden ser cómplices de una destrucción de valor como la que el presidente pretende, supongo que de manera no intencionada.
Si no hacemos algo hoy, recuperarnos será muy difícil.