Edna Jaime

A favor del Sistema Nacional Anticorrupción

 

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La desilusión respecto a nuestra reforma anticorrupción llegó antes de que ésta pudiera entrar en vigencia plenamente. El entusiasmo que acompañó el proceso legislativo en el que se planteó la reforma constitucional y el paquete de siete leyes secundarias, ahora se ha transformado en apatía, en un sentimiento de derrota anticipada. En una voz tenue que nos dice que nos equivocamos.

Ahora que se celebra el Día Mundial contra la Corrupción, me permito hacer una defensa de la reforma emprendida para reconocer sus virtudes y sus debilidades, pero también para recordarnos que ésta es una reforma institucional que tardará en madurar. Porque de lo que se trata es de generar capacidades en nuestras instituciones para detectar la corrupción y sancionarla de acuerdo con las leyes.

El Sistema Nacional Anticorrupción puede concebirse como un mecanismo de articulación coordinada por parte de autoridades, cuyo mandato específico está relacionado con la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas, así como con la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y actos de corrupción.

Responde a la necesidad de corregir un marco legal laxo, instituciones débiles y descoordinadas, sometidas en algunos casos a otros poderes a quienes, paradójicamente, debe vigilar y controlar.

Los problemas que prevalecían se derivaron de un marco jurídico inoperante, y de bajas capacidades de detección, investigación, sanción y prevención de la corrupción.

Teníamos todas las piezas de un sistema anticorrupción, pero con pocos o débiles atributos para cumplir con su función cabalmente. Estatuas de sal que simulaban trabajar a favor de la democracia cuando en realidad dispensaban las peores tropelías.

La reforma anticorrupción implica tomar esas mismas piezas, dotarlas de vida y de instrumentos, y coordinarlas para hacerlas efectivas.

Parece un sistema complejo, lo es. La propia naturaleza del problema demanda una respuesta institucional desde distintos ángulos para conformar un escudo contra el abuso del poder y de los recursos públicos. Hay que recordar que la alternativa que se planteaba, y de hecho se plasmó en un dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, era una superagencia, un solo nodo que concentraba tareas de detección e investigación y sanción. Una instancia ultrapoderosa que podía capturarse para el control político, o bien, ante la falta de contrapesos, convertirse en la Santa Inquisición. Lo cierto es que en el debate conceptual e intelectual, ganó el modelo multiagencias coordinadas en un mecanismo ideado para ello.

La gran pregunta es si este sistema va a funcionar. Si el rediseño de leyes e instituciones arrojará resultados distintos. Pero la pregunta más importante es si una reforma puede prosperar aun con el disenso de las élites, particularmente las políticas. Nuestras grandes reformas en el pasado lograron avanzar porque justamente se logró el consenso entre ellas. Esta reforma no la tiene. Esta reforma no la pidieron ni la quieren. Esta reforma es anatema de un modo de operar, de una forma de ser, de un entendimiento de la política que no es servir al ciudadano, sino servirse del ciudadano.

Otra manera de plantearlo es si el impulso ciudadano que esta reforma ha tenido desde sus orígenes será suficiente para hacerla avanzar. Lo que ha sucedido desde el arranque a la fecha nos da respuestas poco halagüeñas.

En realidad, lo que tenemos hoy son dos fuerzas antagónicas que se separan cada vez más. Por un lado, los grupos de la sociedad civil que impulsaron esta reforma y que hoy se ocupan de tantos temas a la vez que han perdido tracción y enfoque para seguir empujando a favor de su implementación efectiva. Del otro lado, gobierno y políticos que ya no esconden su juego y abiertamente apuestan por reventar el sistema desde su flanco más delicado: la designación de titulares e integrantes de las piezas más importantes del mismo.

Quiero ser optimista y suponer que una reforma de esta naturaleza no puede transcurrir entre terciopelo. Para avanzarla se requiere una coalición tan o más grande y potente como la que hoy se opone a ella. Pero algo que sí debemos reconocer es que el tema de la corrupción hoy moviliza, hoy convoca, hoy puede definir una elección. A pesar de todo, este país se mueve.

* La autora es directora de México Evalúa.

Twitter: @EdnaJaime

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