Iniciaron las campañas y lo previsible: entre la continuidad y el cambio; entre logros de gobierno y el señalamiento de deficiencias. Dos países, dos valoraciones radicalmente distintas de los mismos hechos: seguridad, salud, falta de agua, corrupción… Dos visualizaciones sobre el futuro y las políticas públicas para alcanzarlo.
Pero al fin formalmente en campañas, aunque tenemos meses con ellas a cuestas. Habrá quien diga años y no le falta razón.
Estamos a 89 días de la jornada, es justo el momento para dar un vistazo a la organización electoral y no perderla de vista, tan importante como los despliegues de las candidaturas, si pensamos que se trata de la condición sine qua non para el ejercicio del voto.
Parto de mi confianza en el servicio profesional del INE. Se trata de funcionarios públicos de excelencia que han llegado a la posición que ocupan a través de exámenes públicos rigurosos y mantienen su posición sujetos a permanentes evaluaciones tanto técnicas como de desempeño, pero además están sujetos a cambios de domicilio para aprovechar sus habilidades y experiencia dependiendo de la complejidad del territorio y de la elección en turno.
Sobre ese cuerpo de profesionales descansa la responsabilidad de organizar los procesos electorales aplicando la normativa y las directrices de los órganos de dirección. Se conducen bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, el profesionalismo los caracteriza, me consta.
Ellas y ellos, con el apoyo de miles de funcionarios administrativos, están poniendo las condiciones para que podamos acudir a las urnas el 2 de junio. En todas y todos ellos confío, los vi trabajar en la organización de centenares de elecciones y los resultados están a la vista. Acudimos a las casillas y pudimos ejercer nuestro derecho a elegir. Resultado de ello se renovaron en paz las posiciones de gobierno y representación, la alternancia avivó nuestra democracia y el voto fue la justa evaluación social al desempeño de los distintos gobiernos emanados de diversas opciones políticas. Sin embargo, no todo puede descansar solo en ese grupo de élite.
Ese funcionariado si bien tiene claridad sobre su responsabilidad y los procedimientos a seguir y por lo mismo no depende de la voluntad de una persona, sí requiere una directriz clara y oportuna de los órganos superiores de dirección que proveen de los insumos y de las políticas institucionales necesarias para su desempeño y para resolver situaciones que no están previstas o que requieren de interpretación, cuestión nada excepcional cuando de materia política, social y demográfica hablamos.
En ese sentido, es de llamar la atención que a estas alturas de la organización electoral algunos insumos básicos para capacitadores aún no estén disponibles. Nos referimos a uniformes y distintivos. Lo más preocupante es que una herramienta fundamental de trabajo como lo es un dispositivo móvil no esté aún a disposición de la totalidad de los casi 50 mil capacitadores y supervisores que en este momento recorren todo el país tocando la puerta de 13 millones de hogares.
Lo anterior es crítico, ya que no se trata solo de un dispositivo para la comunicación, sino que además permite dar seguimiento al trabajo de búsqueda y capacitación de la ciudadanía que fungirá como funcionario de casilla el día de la jornada recibiendo y contando los votos de sus vecinos. Recordemos que, para procurar la imparcialidad de quienes instalarán y cuidarán las casillas, el mes de nacimiento y la letra del apellido son sorteados, de manera tal que el recorrido riguroso para buscarles es fundamental para evitar sesgos y garantizar que quien cuente los votos no sea alguien designado, sino un vecino seleccionado al azar.
El dispositivo móvil es crucial para muchas tareas en un país como el nuestro, tan extenso, complejo y lamentablemente con tantas zonas de inseguridad; permite reportar avances y detectar oportunamente retrasos para tomar las medidas conducentes. En particular, es vital el día de la jornada para transmitir información sobre incidentes que pudieran estar afectando las condiciones para que la ciudadanía acuda a votar y, además, para dar a conocer los resultados de las elecciones.
Sabemos que al minuto siguiente de cerrarse las casillas la gran mayoría de los contendientes se dicen ganadores (lo que habla de su poca responsabilidad democrática, pero bueno, ese es otro tema) y entre más se tarde la autoridad electoral en dar a conocer resultados, más incertidumbre y desconfianza se siembra.
El INE nos ha acostumbrado, para bien, que alrededor de las 22:30 horas del día de la elección, es decir, a cuatro horas y media de cerradas las casillas en todo el país (considerando el huso horario del centro del país), da a conocer las tendencias de los resultados para la presidencia de la República. Para ello cuenta con el conteo rápido, un ejercicio muestral que ha demostrado ser muy preciso y que se alimenta con la información oportuna que proporcionan los capacitadores desde las casillas.
Otro elemento fundamental para la certeza sobre los resultados es el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que inicia la misma noche de la jornada, registrando las votaciones de las casillas y digitalizando las actas para que éstas estén a la vista de quien desee consultarlas, esta información al igual que la del conteo rápido se transmite a través de teléfonos móviles.
Todo lo anterior, dado que la norma electoral indica que los cómputos oficiales inician el miércoles siguiente a la jornada, si se esperara hasta entonces, sin información confiable y oportuna de la autoridad electoral, la inestabilidad política podría devenir en crisis.
Observamos con preocupación que esos insumos aún no se distribuyen en su totalidad, esperemos que pronto estén disponibles para el buen desempeño de los funcionarios del INE y para la certeza que la organización de las elecciones demanda. De la misma manera, el proceso requiere en las siguientes etapas muchos otros insumos como documentación electoral (actas, boletas) que tienen que proveerse oportunamente para que la ciudadanía que acuda a votar encuentre las condiciones para hacerlo.