Al fin concluyeron las precampañas e inició el viernes pasado el periodo denominado de intercampañas que se extenderá hasta el 29 de febrero, en este año bisiesto.
Las elecciones no solo convocan a diferentes actores, sino además son responsabilidad de ellos y su proceder. Veamos rápidamente el rol que cada uno juega en este periodo y qué pueden o no hacer según las normas electorales vigentes.
Nuestra legislación electoral es compleja, producto de nuestra historia de desconfianzas, pero es la norma y debe cumplirse a cabalidad para generar confianza en las elecciones y legitimidad en los resultados, necesaria para la estabilidad política.
Iniciemos con los partidos y las candidaturas, estas últimas son las que estarán más expuestas, ya que está expresamente prohibido llamar a votar a favor o en contra de alguna opción política, cualquier manifestación al respecto puede ser considerada como actos anticipados de campaña y ser sancionada como tal. Sin embargo, en este largo lapso de 42 días la presencia de los partidos será intensa, aunque sus mensajes sólo podrán ser genéricos.
Veremos si esa disposición se respeta, ya que si nos atenemos a lo que hasta ahora hemos presenciado, los contendientes han roto las reglas o han jugado en el filo de la navaja.
La intercampaña fue pensada por el legislador para que en este lapso se pudieran desahogar las quejas de aquellos aspirantes a los cargos de elección popular que consideren que al no obtener la postulación sus derechos fueron violados. Mientras eso sucede, las campañas se suspenden.
Entre el 15 y el 22 de febrero se hará finalmente el registro oficial de las candidaturas a cargos federales, presidencia de la República, senadurías y diputaciones. Para entonces las diversas quejas debieron ser atendidas y el INE debe aprobar los informes de fiscalización y constatar que no hay impedimentos por esta razón para el registro de alguna candidatura. Recordemos que se han negado registros por no presentar informes de gastos.
Vayamos ahora con los funcionarios públicos, estos deben abstenerse de utilizar su posición y recursos públicos para apoyar alguna opción política. Particular atención merecerá la propaganda gubernamental para evitar que la misma incida en el ánimo del electorado.
Al respecto, el principal reto serán “las mañaneras”, ese espacio que se usa sistemáticamente para promover las obras del gobierno y descalificar a quienes se consideran oponentes, cuestión que en reiteradas ocasiones las autoridades electorales han calificado como violatorias a la Constitución, sin embargo, no se ha logrado frenar esa práctica que con toda seguridad el presidente de la República seguirá utilizando para intervenir en el proceso electoral.
Ya estamos viendo también propaganda que asocia la imagen del presidente con la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia” y esa misma práctica se está multiplicando con otras candidaturas que quieren apoyarse en la aceptación de la figura presidencial para fortalecer sus propuestas. Compleja, pero necesaria tarea de las autoridades electorales para ceñir a los actores al orden legal y evitar se rompa la equidad de la contienda.
Otro delicado tema será el uso de los programas sociales con fines electorales. Está ampliamente documentado cómo gobiernos anteriores, y este no es la excepción, los utilizan para promover el voto rompiendo las reglas de la contienda. Triste manera de explotar las condiciones de pobreza que predominan en nuestro país.
Actor fundamental serán los medios de comunicación quienes tienen la importante tarea de informar sobre los procesos electorales y ejercer a plenitud la libertad de expresión. Esperemos que al amparo de esa misma libertad no se disfrace el marketing político con información.
En este periodo las autoridades electorales federales (centralmente el INE y el TEPJF, ya que la Fiscalía para delitos electorales para todo fin práctico es inexistente) y locales juegan un papel central. Además de vigilar el cumplimiento de las diversas normas y que no se altere la equidad en la competencia, arranca una etapa muy intensa para la organización de las elecciones.
El 9 de febrero el INE iniciará la capacitación de los ciudadanos que serán funcionarios de casilla y que recibirán el voto de sus vecinos el 2 de junio. Reto por demás complejo dado el clima de inseguridad que se vive en muchas zonas de nuestro país y más si pensamos que se tocarán las puertas de millones de hogares para encontrar el millón y medio de ciudadanos que se requiere el día de la jornada.
Por otra parte, el INE tendrá que resolver lo relativo al uso de los recursos erogados por partidos políticos y aspirantes a candidatos durante el periodo de precampañas. Determinar que no hayan rebasado los topes establecidos, lo que puede implicar la cancelación del registro, y además calificar si el origen fue lícito. El encargado del despacho de la unidad responsable de esos trabajos declaró el viernes pasado que el principal reto es la simulación, ya que hay muchos gastos que no se reportan. Ya en el periodo de las ‘preprecampañas’, el INE encontró gastos no reportados que doblaban lo declarado por los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Finalmente, la ciudadanía tiene una gran responsabilidad en esta elección, en primer término atender la convocatoria del INE en el caso de ser convocado para la capacitación.
Por otra parte, hoy concluye el plazo para quienes deben darse de alta para votar y tramitar su credencial, en particular para jóvenes que cumplen 18 años antes del 2 de junio, ese plazo es también para quienes requieran actualizar datos de su credencial, por ejemplo cambio de domicilio. El 8 de febrero vence el plazo para la reposición de la credencial por robo o extravío. Las nuevas credenciales tramitadas deben recogerse a más tardar el 14 de marzo y se pueden solicitar reimpresiones hasta el 20 de mayo. Muy importante, las credenciales que vencieron el pasado 31 de diciembre se podrán utilizar para votar.
La ciudadanía juega un papel de fundamental importancia en los procesos electorales, mismo que no se reduce a acudir a votar. Votar en libertad por quienes gobiernan o nos representan es un derecho, mismo que tiende a adelgazarse si no se ejerce. Es nuestro derecho también exigir a las autoridades que las elecciones estén bien organizadas y vigilar que hagan el trabajo de arbitraje neutral desde la autonomía e independencia con la que cuentan.