Lo que hoy sucede en la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) es algo que desborda con mucho las naturales desavenencias entre los integrantes de cualquier colegiado. Dadas sus atribuciones y responsabilidades, es por demás necesario preguntarse sobre las repercusiones que eso podría tener sobre la aplicación de la legalidad en los procesos electorales en curso y sobre el buen destino de los mismos.
En los últimos cinco años, cuatro personas distintas han ocupado la presidencia del TEPJF, cuando el periodo previsto para ello es de cuatro años. Eso en sí mismo es un dato que habla de fuertes desencuentros entre sus miembros que pueden conducir a la inestabilidad institucional. Pero que eso esté ocurriendo en estos momentos, a menos de seis meses de la jornada electoral de las elecciones más grandes y complejas de nuestra historia, es, por decir lo menos, preocupante.
La responsabilidad del TEPJF es de la mayor relevancia para la vida política y democrática de nuestro país, es quien resuelve las impugnaciones de las elecciones, califica la validez de la elección presidencial y como consecuencia de ello otorga la constancia de presidente electo. Se trata de un órgano constitucional que resuelve en última instancia, sus decisiones son inapelables.
Se debe conducir, bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, cuestiones fundamentales que buscan que la voluntad ciudadana sea respetada al elegir a sus gobernantes y representantes. De la correcta aplicación de esos principios depende la credibilidad de los resultados electorales, emana la legitimidad de las autoridades electas y como consecuencia de todo ello, la estabilidad política del país.
No es la primera vez que el Tribunal vive momentos de tensión entre sus miembros y de relevos antes de la conclusión del periodo de su presidencia, pero eso no había ocurrido a estas alturas de un proceso electoral. Pero además, el que tres de cinco miembros —ya que para colmo el Senado no ha nombrado a los dos integrantes faltantes— estén pidiendo que el actual presidente deje el cargo, abre la puerta para que fuerzas ajenas al Tribunal quieran aprovechar la coyuntura.
El peor de los escenarios es que la permanencia o no del actual presidente de la Sala Superior concluya con la percepción de que fue por la intromisión de alguna de las fuerzas políticas contendientes, ya que eso debilitaría la imagen y autoridad del Tribunal y de sus resoluciones. Es un juego en el que todos perdemos.
Que la Suprema Corte llame a las y los magistrados a la reconciliación me parece por demás necesario y pertinente, finalmente el TEPJF, si bien con facultades constitucionales de última instancia en la materia electoral, forma parte del Poder Judicial. En mi experiencia, cuando en un colegiado se rompe el diálogo entre sus miembros, el que otra instancia, respetando al órgano, llame a la conciliación, convoque a poner por delante la responsabilidad ante cualquier diferencia entre quienes lo integran, es necesario.
Pero además, la situación por la que pasa el TEPJF se va a insertar en la discusión sobre la reforma al Poder Judicial que propone el presidente de la República, según la cual ministros y magistrados deben llegar a esos cargos por elección popular.
En otras ocasiones nos hemos pronunciado contra la impertinencia de la propuesta, ya que compromete la independencia y eventualmente la imparcialidad de quienes imparten justicia, que pueden estar pensando más en sus electores que en el marco legal que deben aplicar en cada caso. No faltará quien ponga como ejemplo la crisis en el Tribunal como una evidencia más de la necesidad de esa reforma, enrareciendo el ambiente que se requiere para analizar y discutir con objetividad y distancia una reforma con ese alcance.
Por cierto, no es menor que el presidente haya cambiado su decisión de turnar al Congreso sus propuestas de reformas constitucionales a febrero y no en septiembre, como lo había anunciado. El paquete de reformas incluye, además de la del Poder Judicial, el que la Guardia Nacional quede al mando del Ejército y por qué no, la insistencia de cambiar el régimen político-electoral, va de nuevo el Plan C.
Los temas involucrados son de la mayor trascendencia y seguramente veremos que serán motivo de campañas y, en ese contexto, lejos estarán de las condiciones propicias para la discusión que merecen.
En este complejo panorama, las desavenencias al interior del Tribunal Electoral adquieren mayor relevancia, no por la deliberación que siempre debe existir en un colegiado, para eso son, si no por la politización de las que pueden ser objeto. Espero que se trate de un incidente del que pronto quienes integran el órgano salgan anteponiendo sus responsabilidades a cualquier otra consideración.
De la misma manera es tiempo de todas y todos los actores políticos y de la ciudadanía en general, de estar a la altura de las circunstancias y de hacernos responsables. Exacerbar las diferencias solo traerá consigo un ambiente más crispado e intolerante, nuestra convivencia pacífica está en juego, al igual que la legitimidad de quien llegue a la máxima responsabilidad estatal.
POSDATA: Muy preocupantes los acontecimientos recientes en Texcaltitlán, Edomex, cuando hay ausencia del Estado de derecho, la población toma la justicia en sus manos.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE)