Con toda mi solidaridad para los guerrerenses y en particular para mis colegas que, como siempre, a pesar de la adversidad, organizarán elecciones de excelencia el próximo año.
Al menos durante 63 horas Acapulco vivió el caos, la ley de la selva, sálvese quien pueda y como pueda, es decir, vivió sin Estado de derecho. Desastre sobre desastre, tragedia sobre tragedia.
El martes 24 a las 15:00, los servicios meteorológicos norteamericanos informaron que Otis era un fuerte huracán que corría aceleradamente a convertirse en nivel 5. Y no fue sino hasta el viernes 27 a las 6:00 cuando el Ejército, entró al Puerto como está indicado en los protocolos de protección civil ante desastres naturales, que se habían aplicado en nuestro país desde hace más de tres décadas.
El Estado de derecho no es una entelequia, si por ello entendemos como la define la RAE “cosa irreal”, algo que sólo existe en la imaginación.
Vayamos por partes, si bien es cierto el huracán se desplegó y tomó intensidad a una velocidad impresionante, pasaron al menos 10 horas desde la detección de su peligrosidad al impacto, horas en las que pudo haberse advertido de su capacidad de devastación y no, ni un sólo llamado, las actividades económicas y sociales siguieron, el Estado guardó silencio.
Ese martes a las 23:30, Otis azotó Acapulco y extendió su destrucción hasta las 6:00 del miércoles. Una hora después inició la “mañanera” y el presidente de la República minimizó el hecho indicando que se evaluaba la situación y que “no hay muertos”. A mediodía se trasladó por tierra al puerto con las consecuencias que han quedado a la vista, quedó varado en el lodo y tardó 10 horas en llegar a la vecindad de la zona de desastre, rompiendo una de las reglas elementales de la atención a la población civil en condiciones de desamparo: que nunca quien intente auxiliar reste ayuda a quien la necesita.
Además de la patética escena, la intención política quedó al desnudo, no se trataba de auxiliar sino de aparentarlo. ¿Qué intentaba el presidente al trasladarse al puerto? ¿Enterarse? ¿Coordinar la operación? Para enterarse podía hacerlo desde su oficina con una visión mucho más periscópica e integral que desde el terreno. ¿Coordinar qué? Si no había ningún despliegue de ayuda gubernamental, el Estado no estaba presente.
Al día siguiente, a las imágenes de destrucción se suman las de vandalismo, el saqueo a tiendas ya no sólo por agua y víveres, sino de todo aquello que posteriormente pueda ser intercambiado. El desgobierno, la desesperación y el caos cunde por la zona devastada sin freno alguno y el presidente en su habitual conferencia sigue sin informar de la gravedad de la situación, pero eso sí, presume de una encuesta en la que aparece como uno de los mandatarios mejor evaluados. Y en Acapulco el Estado todo, incluido el Estado de derecho, sigue ausente.
Dos imperdonables omisiones aquella mañana, ni la necesaria referencia a la población civil afectada y al país, todo sobre qué hacer, ni tampoco un breve comentario sobre la encuesta que acababa de difundirse sobre el Estado de derecho en el mundo, elaborada por World Justice Project.
Muy popular el presidente, pero su gestión tiene pésimos resultados. México sigue descendiendo en el índice mundial en materia de Estado de derecho. Del lugar 79 en el año de 2015 pasamos al 116 de 142 países en la publicación de 2023, y ocupamos el triste lugar 27 de 32 países en América Latina y el Caribe. Pero la situación es aún más deplorable si analizamos datos de algunos indicadores como el de corrupción en el que ocupamos el lugar 136 de 142.
El presidente no sólo hace caso omiso a estos datos, sino que encabeza la falta de respeto al Estado de derecho y combate abiertamente con fines políticos al Poder Judicial.
Per se el tema es delicado por su origen y consecuencias culturales, políticas, económicas, sociales (sube los niveles de malestar social), yo diría que hasta estratégico, ya que de ello depende la certeza con la que nos conducimos y los efectos de nuestro proceder. Sin respeto a las leyes, todo es incertidumbre y los más desprotegidos son los más afectados.
Una cruda imagen de funcionarios públicos que no asumen su responsabilidad como cabeza del Estado de derecho, además del presidente de la República, es la manifestación de la alcaldesa de Acapulco, de extracción morenista, quien ante la pregunta sobre su opinión respecto de los saqueos dice sin empacho que se tratan de manifestaciones de “cohesión social” (SIC).
¿Qué quiso decir con esto? Al menos sonó a un intento de justificación de lo que seguramente ve con buenos ojos: el pueblo en la calle. Una forma naif pero diáfana de mostrar su desgobierno. Cuando miembros de una sociedad salen a la calle a la rapiña, lo que se muestra es un grave nivel de descomposición social producto de la desesperación, las carencias, el hambre, la falta de confianza en las instituciones, la impunidad y sin duda una combinación de todo lo anterior.
El Estado de derecho no es algo abstracto, se traduce en certeza sobre nuestro proceder. Qué se puede o no hacer y bajo qué condiciones, y eso afecta a todos los órdenes de la vida social, política y económica.
Mientras tanto, el presidente, sin atender su nivel de responsabilidad, ataca en lugar de fortalecer al Poder Judicial que es pieza clave en la prevalencia del Estado de derecho.
POSDATA: Lamentable es que el fondo destinado para atender estas contingencias, el Fonden, haya sido extinguido. Un fideicomiso que a lo largo de los años se había constituido, en un país como el nuestro, tan expuesto a eventualidades naturales, con la finalidad de tener recursos disponibles para auxiliar a la población y atender directamente la reconstrucción de la infraestructura básica para proporcionar agua, luz, vías de comunicación para traslado de auxilio médico, alimentos y además que servía para pagar seguros, hoy NO EXISTE.
Para eso sirven los fideicomisos, ahorros con propósitos específicos, auditables y que no pueden utilizarse más que para el fin para el que fueron creados. Probablemente, algunos de ellos eran “guardaditos” como se ha dicho, pero muchos otros no tenían ese carácter y tratarlos a todos por igual lleva a carecer de recursos para cuando más se necesitan. Es también el caso de los fideicomisos del Poder Judicial que el Senado ha extinguido, los extrañaremos cuando se requieran.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).