El pasado jueves fue el Día Internacional de la Paz, deberíamos celebrarlo, pero hay pocos motivos para ello en nuestro país y en el mundo. Es un triste recordatorio ante la carencia.
El 21 de septiembre debe ser un llamado a la acción. Así lo reconoció el secretario general de la ONU, el Dr. António Guterres, en la asamblea general de esa organización
Los datos sobre el tema son desoladores. Todos los días nos recuerdan la creciente cantidad de pérdidas de vidas humanas producto de las guerras en curso, los conflictos locales y regionales, la incidencia del crimen organizado o simplemente las agresiones entre individuos por los motivos más sentidos o simplemente porque sí, que culminan en la muerte de uno u otro, o de ambos.
La paz es algo que tiene que ver con muchas circunstancias y no solo con el cese de la violencia. Las condiciones de vida son sin duda explicación y condición sine qua non para la prevención y solución estructural de la misma.
Pero hablar de paz no es solo referirnos a la lamentable e irreparable pérdida de vidas humanas, su solución de fondo tiene que ver con la pobreza, la desigualdad y la impunidad. Ante el grave problema hay que considerar también la devastación del medio ambiente, más grados de calor, ciclones y sequías son factores que generan un ambiente propicio para que la violencia prolifere y se acreciente la crispación social, y crezcan las oleadas de migrantes en búsqueda de oportunidades.
La impunidad es un factor que corre en contra de la paz. Casi podríamos graficar una relación inversamente proporcional, a mayor impunidad mayor inseguridad y menos paz. Es una simple ecuación costo-beneficio, si el riesgo disminuye ante el delito, infringir las leyes es un negocio redituable.
De ahí que no sea menor que el presidente viole sistemáticamente la Constitución y las leyes. Una vez más el INE sanciona a quien juró respetar y hacer respetar las reglas que nos hemos dado para nuestra actual convivencia. Sin duda se pueden modificar, pero mientras estén vigentes se deben respetar. Si el “primer mandatario” las viola, el ejemplo cunde. El problema es que lo seguirá haciendo a partir de la consideración de que hacer justicia está por encima de la ley, lo que se traduce en: LA LEY SOY YO.
Si lo anterior es evidente, otros factores concurren a lo mismo. La desigualdad social y los altos índices de pobreza generan un mayor malestar social y agudizan el encono, más aún en este mundo interconectado y super informado. Y si además, quien debe gobernar para todas y todos utiliza como estrategia política la división, la polarización promoviendo la intolerancia, contribuye con ello a generar un clima en el que las diferencias se “resuelven” negando al otro y la negación implica incluso la fuerza.
Pero también un medio ambiente deteriorado y en proceso de una mayor degradación incrementa el malestar social. La carencia de agua y su pésima distribución, calores o fríos a los que no estamos acostumbrados y que se resuelven de una manera injusta y desigual, son leña para la hoguera.
Ahora bien, un gobierno que no es ejemplo de respeto a la legalidad, que hace de los programas sociales plataforma electoral, que se desentiende del problema ambiental y de sus consecuencias sociales, y además considera que la militarización es la solución de la inseguridad, sinónimo de eficiencia gubernamental, cuando no le toca ni tendría porque corresponderle, no contribuye a la paz pública.
Estamos sentados sobre un polvorín, de ahí que habría que hacer eco al llamado de atención del Dr. Guterres, la paz requiere de acción comprometida, de acuerdos multilaterales, pero sobre todo de políticas públicas que consideren el conjunto de variables involucradas y sean incluyentes, el problema nos implica a todos.
POSDATA: Sobre el tema de la paz no debemos quedarnos en generalidades, las particularidades saltan a la vista. Un ejemplo de ello es la inseguridad que está afectando de manera muy severa a la vida democrática en nuestro país. Lo que hoy se hace público en Chiapas ya era evidente en la organización de las elecciones desde 2018 y se acentuó en 2021. Desde entonces, municipios como Frontera Comalapa eran tierra de nadie, en la que sus habitantes no podían ejercer libremente su derecho a elegir a sus autoridades. Lo advertimos a quien correspondía en su momento, los nulos resultados de sus decisiones están ahora a la vista nacional. La inseguridad y los flujos masivos de migrantes de muchos municipios chiapanecos no son casos aislados, sino que se multiplican en otros estados del país, poniendo en duda a las instituciones y el libre ejercicio de los derechos. Qué lamentable que hayan dejado pasar así el tiempo. Problema que se soslaya, estalla.