Cuando todo pretende ser sometido a votación, lo que puede terminar sucediendo es que botemos todo.
Es difícil encontrar un concepto más citado para referirse a la política, como DEMOCRACIA. Es difícil también encontrar un concepto con tantas acepciones, en ocasiones parece que el número es equivalente al de las personas que lo usamos.
A nombre de la democracia han llegado al poder sus más férreos detractores o bien quienes se han olvidado de ella al momento de ejercer el poder y con mayor frecuencia quienes no han hecho honor a la confianza ciudadana. Por su propia naturaleza la democracia acoge en su seno a sus opositores.
Por otra parte, es común simplificar a la democracia reduciéndola al momento del sufragio. De la misma manera es frecuente que se le quiera inventar un estadio idílico en el que toda decisión con implicaciones sociales es sometida directamente a la consideración pública.
Y si bien es cierto que existen ejemplos muy loables de ejercicio de democracia directa -los suizos tienen una larga tradición al respecto- no lo es que exista o haya existido alguna sociedad en la que esta haya predominado como forma de gobierno.
La democracia moderna para sobrepasar el bache que hoy vive globalmente, tiene que constituirse en un sistema con recursos variados que van más allá del momento estelar de la votación, reconociendo además que la elección directa no es la medicina para todas las decisiones que tienen que ver con lo público.
Sin duda la recurrencia sistemática y periódica a las urnas para elegir gobernantes y representantes es un ejercicio que debe preservarse y hay que profundizar en el ambiente de libertad que requiere para que el ejercicio sea auténtico y el resultado legítimo. Pero de ahí a pretender que la ocupación de todo cargo público sea sometida al voto popular es un despropósito o una trampa fríamente calculada.
Justo para despejar las razonables y libertarias dudas de John Stuart Mill, Adams, Burke, Nietzsche y Marcuse, entre muchos otros, sobre el riesgo de lo que denominaron la tiranía de las mayorías, las sociedades desde la modernidad han ido dándose una arquitectura estatal que propicia el equilibrio de poderes, con instancias, con facultades expresas y limitadas.
En su forma más conocida esa arquitectura supone tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además, en las últimas décadas en México y en muchos otros países se han incorporado al diseño estatal instituciones especializadas, con rango de autonomía e independencia, para ahondar en la división de poderes y garantizar que los derechos sean respetados.
Mientras las posiciones de gobierno y las de representación, como lo mencioné antes, deben estar sujetas regularmente al escrutinio público directo, en el caso del Poder Judicial y las instituciones autónomas, dada su especialidad y el dominio técnico que supone su ejercicio, no es buena idea que las designaciones de quienes ocupan esas posiciones estén sujetas a un concurso de popularidad.
Las razones son muy sencillas y van desde lo práctico hasta la consideración de fondo, como lo que tiene que ver con la distancia que requieren quienes ejercen esas delicadas funciones de todos los actores políticos, sociales y económicos. Lo anterior en la medida en que su responsabilidad tiene que ver con su carácter de instancias de control para contribuir al equilibrio de poderes en las sociedades contemporáneas y con ello evitar el abuso de poder y el uso tiránico del mismo, sea de las mayorías o del abuso a nombre de ellas.
Lo anterior no supone un eterno voto de confianza a quienes llegaran a ocupar posiciones de dirección en instancias jurisdiccionales o autónomas especializadas, que por cierto, tampoco emergen de un espacio impoluto. Todos los que tenemos interés en lo público tenemos una opinión y eso supone un punto de vista que en muchos casos dista de lo universal, faltaba más.
Por lo anterior se ha optado por la vía indirecta, en la que intervienen diversos actores, para designar a quienes ocupen temporalmente posiciones de dirección en instituciones de control especializadas. De esa manera los sujetos regulados sobre los que pueden recaer resoluciones, sentencias, si bien participan en las designaciones no recae en ninguno de ellos en lo particular esa decisión, lo que obliga justamente al diálogo entre los opuestos, consideración que está en el sustento de la democracia, y además obliga también a la evaluación de trayectorias y perfiles técnicos de quienes son propuestos para los diversos cargos.
De otra manera, si el acceso fuera por votación directa, las y los candidatos serían de los partidos políticos, únicas instancias para realizar el despliegue necesario para campañas de ese alcance, para no hablar de que la “popularidad” dejaría en un plano lejano el dominio técnico y la ética de la responsabilidad, condiciones indispensables para cumplir con lo que está encomendado a esas instancias.
Así, al insistirse en la elección directa —cuestión que veremos en los debates del próximo periodo del Congreso de la Unión— iríamos al uso abusivo de las mayorías tiránicas; aquellas que desconocen e ignoran a minorías que también son parte con pleno derecho de esta sociedad y se estarían botando décadas de construcción de un diseño estatal que con contrapesos y funciones claramente acotadas nos han venido alejando del autoritarismo priista de dónde venimos.
POSDATA: De gran altura el hecho de que la Comisión de Quejas del INE y la Sala Superior del TEPJF hayan ejercido su papel de arbitraje para evitar que el abuso, inconstitucional e ilegal, del poder público incida en la voluntad ciudadana a manifestarse el próximo domingo en Coahuila y el Estado de México y marque un derrotero nada deseable y menos justo para las contiendas del próximo año.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).