La autora es Diputada Federal
"Sí, tienen bajos salarios pero tienen empleo". En esta frase se pueden resumir los argumentos de algunos sectores empresariales que, durante décadas, alimentaron el mito de que un incremento al salario mínimo causaría una espiral inflacionaria que terminaría por anularlo.
Se trata, en realidad, de uno de esos dogmas que el neoliberalismo instaló en muchas mentes y que, en la ruta electoral, se usa para afirmar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es "enemigo de las empresas" y particularmente de las pequeñas.
Un dirigente empresarial ha calificado el incremento salarial de "irracional", "sin gradualidad ni lógica" ha pronosticado que con este aumento podrían desaparecer 700 mil empresas. La postura de la COPARMEX debe leerse a la luz del fragor electoral, puesto que en los años anteriores ese organismo respaldó los incrementos e incluso propuso la meta de un salario de 246 pesos para 2024.
En diciembre de 2019, por ejemplo, la COPARMEX celebró el aumento salarial más alto en 32 años, puesto que con el mismo el minisalario rebasó la línea de bienestar familiar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La precariedad salarial es uno de los rostros de la terrible desigualdad que padecemos.
El estudio Desigualdad Extrema en México, Concentración del Poder Económico y Político (Oxfam-México, 2015), retrató un país donde 23 millones de personas no podían adquirir la canasta básica pero albergaba, al mismo tiempo, a algunos de los hombres más ricos del mundo.
Elaborado por el economista Gerardo Esquivel, actualmente subgobernador del Banco de México, el estudio documentó que en 2014 los cuatro mexicanos más acaudalados (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères y Ricardo Salinas Pliego) concentraban alrededor del 9.5 por ciento del PIB nacional. Doce años atrás, la riqueza de estos mismos empresarios sólo representaba 2.0 por ciento del PIB. En ese año, este puñado de multimillonarios podría haber empleado hasta tres millones de trabajadores pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza.
En los primeros tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto, un millón de trabajadores pasó a engrosar las filas de quienes perciben el salario mínimo.
La miseria salarial fue "combatida" con programas sociales que nunca alcanzaron sus metas. Del Programa Nacional de Solidaridad (que según Salinas sería la "gran epopeya" del pueblo mexicano) a la Cruzada contra el Hambre, la política social fue un fracaso.
La promesa fincada en el Tratado de Libre Comercio, crear riqueza para luego derramarla hacia las capas bajas de la población, fue una quimera.
Al llegar el gobierno de la 4T encontramos una dolorosa realidad: que un mexicano que percibía el salario mínimo y mantenía a alguien, ambos eran considerados pobres extremos.
De ahí que el gobierno de México se fijara como meta la "recuperación paulatina y responsable del poder adquisitivo del salario".
En 2019 y 2020, los incrementos fueron de 16 y 20 por ciento, respectivamente (con excepción de la zona fronteriza donde el incremento es mayor), sin que ocurrieran las "quiebras masivas" ni la "inflación galopante" augurada por algunos sectores empresariales y los economistas neoliberales.
Este año, el salario mínimo general pasó de 123.22 pesos a 141.70 pesos diarios, en tanto que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 185.56 a 213.39 pesos.
Este incremento de 15 por ciento beneficiará directamente a cuatro millones y medio de trabajadores. Con los incrementos en el periodo de este gobierno se ha conseguido que el salario mínimo sea suficiente para adquirir la canasta básica.
En la experiencia internacional, mantener de manera sostenida los incrementos salariales crea un círculo virtuoso: se favorece a los trabajadores y al aumentar su capacidad de consumo las empresas también se ven beneficiadas.
La evasión de impuestos y la precariedad salarial no pueden seguir siendo las "ventajas competitivas" de nuestras empresas.
La Constitución establece que el salario mínimo "deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".
Ese derecho debe dejar de ser un sueño para los trabajadores mexicanos.