Dolores Padierna

Reforma eléctrica: jueces contra la Constitución

El intercambio epistolar entre el Ejecutivo y el Judicial nos deja clara una cosa: son nuevos tiempos en que los asuntos de interés nacional no se ocultan bajo la sombra de la sospecha.

Rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el fin de lograr un desarrollo pleno y garantizar que los mexicanos paguemos menos por un servicio eléctrico de calidad es el objetivo central de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Tras la decisión de un juez que otorgó un amparo provisional contra la reforma, el nado sincronizado de los medios que responden a intereses empresariales y la opinocracia en pleno, se lanzaron contra el gobierno, con fuegos de artificio y medias verdades, como acostumbran.

Pretendieron vender la idea de que la suspensión era un revés definitivo a una reforma que busca, sencillamente, poner freno a la destrucción de la CFE, que era el desenlace previsto por los creadores de la reforma peñista.

¿De qué mundo venimos? Con la ley anterior, que ahora defienden disfrazados de ambientalistas –igual que se visten de feministas cuando nunca atendieron la agenda de las mujeres–, la CFE estaba obligada a comprar la energía que generaban los privados, sin importar si podía utilizarse o no.

Lo anterior se traducía en un subsidio millonario a costa del sector público y de los bolsillos de los consumidores.

Con la reforma de Peña Nieto, se terminaron de abrir las puertas del sector, con el fin de que los privados pudiesen generar energía eléctrica y la empresa pública tuviese que adquirirla forzosamente.

Una analogía nos permite entender lo ocurrido: la red eléctrica, responsabilidad de la CFE, es como una carretera de dos carriles. Con la reforma peñista se multiplicaron los fabricantes de automóviles que deben correr en esa carretera. Se hicieron más coches pero nunca se amplió la carretera, porque para ello se requieren grandes inversiones que tenía que hacer la empresa pública, no los dueños de los autos.

El riesgo de colapso era obvio, pero no es todo: aun si no se les conectaba a la red, la CFE estaba obligada a pagar a los privados la energía generada. Un negocio redondo de empresas que, como la española, pretenden vendernos cuentas de vidrio 500 años después.

Desde que debatimos el tema en la Cámara de Diputados, los legisladores afines a los grandes consorcios energéticos amenazaron con una lluvia de amparos y con litigios en el extranjero.

La amenaza no era nueva, porque en muchos temas el poder económico –que encarnan personajes como Claudio X. González– ha recurrido a los tribunales no en busca de justicia, sino en busca del respaldo de jueces y magistrados que suelen estar a su servicio.

Con esos antecedentes, la reforma fue diseñada cuidadosamente, atendiendo los preceptos constitucionales y, sobre todo, buscando que prevalezca el interés público sobre los negocios privados que fueron la norma en los sexenios anteriores.

La reforma se publicó el 9 de marzo. Al día siguiente fueron interpuestos varios recursos de amparo.

Con una celeridad digna de mejores causas, sospechosa de por sí, el juez Juan Pablo Gómez Fierro los admitió el mismo día, con lo cual congeló toda la Reforma Eléctrica.

Los creadores del amparo, Mariano Otero de manera destacada, dejaron claro el sentido de ese recurso en el artículo 107 de la Constitución: "… Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda..."

En oposición a la letra constitucional, el juez Gómez Fierro decidió congelar la reforma para todos los actores involucrados con argumentos que apelan a la libre competencia y la defensa del medio ambiente.

Los defensores de la "independencia judicial" y la división de poderes ocultan a su conveniencia esta violación al texto constitucional.

El intercambio epistolar entre el Ejecutivo y el Judicial nos deja clara una cosa: son nuevos tiempos en que los asuntos de interés nacional no se ocultan bajo la sombra de la sospecha, sino que se ventilan, de manera respetuosa e institucional, a los ojos de todos los mexicanos, como siempre debió ocurrir en una democracia.

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